SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– Prender una veladora cada primero de octubre en nombre de su hijo Fernando. Ese fue el último deseo de despedida que le dejó Dulce Gabriela Flores González a su familia.
Había perdido a su hijo más pequeño el pasado 8 mayo, en un infanticidio a consecuencia de violencia vicaria.
Desde enero de 2023, Dulce no veía a sus hijos Santiago, de 13 años, y Fernando de 8, pues su padre, José Israel, los retuvo para quitarle la guarda y custodia, iniciando carpetas de investigación por supuesta violencia familiar. Meses después, el padre de los niños y Yeraldy, su nueva pareja, fueron encontrados presuntos responsables de asesinar al menor de los niños.
Esto llevó a Gabriela a caer en un duro proceso de depresión que la tenía medicada y sin actividad los meses posteriores.
“Tú que conociste a mi niño te quiero pedir un favor si me llega a pasar algo por favor cada 01 octubre que es el día que nació, el día de muertos y el 8 de mayo que fue el día que me lo arrebataron prenderé (prendele) una veladora año con año hasta el último año que puedas y recuérdenlo como un niño extraordinario que se defendió y luchó contra sus asesinos a pesar de tener solo 8 años hasta el último día que le quitaron el derecho de crecer vivir te lo voy agradecer mucho gracias ?” fue el último mensaje de WhatsApp que Dulce Gabriela envió a la 1:37 de la madrugada el pasado 22 de julio.
Desde ese día fue reportada como desaparecida, cuando dejó su casa voluntariamente sin darle explicaciones a su madre ni a sus familiares. Su cuerpo fue encontrado cinco días después en un hotel en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.
La información de la necropsia determinó que fue asesinada a través de asfixia mecánica y había sido víctima de violencia sexual. Por el feminicidio fue detenido Iván “N”, un sujeto con el que aparentemente no tenía una relación previa, pero la Fiscalía General de Justicia lo vinculó a proceso como presunto responsable del hecho.
Su cuerpo fue identificado por el tatuaje en su espalda: unas alas de ángel con las iniciales de sus dos hijos: Santiago y Fernando, de quienes no logró recuperar la custodia antes de ser asesinada.
Feminicidios, infanticidios y actos de suicidio son los efectos que deja la violencia vicaria y pocos son reconocidos por las autoridades.
De manera oficial, no hay cifras ni estadísticas que muestren la relación de estos crímenes a consecuencia de los largos procesos jurídicos, de intimidación legal y amenazas de muerte con las que las mujeres sobrevivientes de violencia vicaria luchan para recuperar la custodia de sus hijos.
Sin embargo, esto ya ha escalado a casos donde las mujeres son asesinadas, fallecen por desgaste físico y emocional o deciden terminar con sus vidas ante las afectaciones a la salud física y emocional que les genera el terrorismo legal en su contra.
Durante un proceso de guarda y custodia, la abogada Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022 en Puebla. Meses antes, a Victoria Ivonne le arrebataron la vida a balazos en la Ciudad de México después de haber ganado la custodia de sus hijas.
En noviembre del año pasado, colectivas lamentaron la muerte de la sobreviviente de siglas L.M.H. que se quitó la vida en San Luis Potosí, al enfrentar un proceso de violencia vicaria en busca de recuperar a sus hijos.
Mientras que en lo que va de este año, Brenda Alvarado Flores falleció el 10 de marzo en Cancún, Quintana Roo. El desgaste laboral y emocional de buscar la custodia de su hija le provocó anemia aguda hasta terminar con su vida.
En febrero, Fernanda Palomera recibió amenazas de muerte de su expareja con quien lucha por recuperar a sus hijos. También en Puebla, Mariana Rodríguez denunció el 15 de febrero que recibió amenazas de muerte por parte de su ex esposo, a quien le asignaron la guarda y custodia de su hijo.
No hay cifras concretas para medir los efectos de la violencia vicaria, pero las mujeres están muriendo y sus hijos corren el riesgo de ser agredidos o asesinados.
“La violencia vicaria no sólo se limita a sustracción de menores, es acoso, es terrorismo machista”, afirma Gabriela Pablos Saucedo, vocera de la Unión de Madres Protectoras, Colectiva contra la Violencia Vicaria. Refiere que gran parte de los casos de violencia vicaria van a acompañados de violencia física y emocional que derivan a feminicidios y violencia contra las infancias.
El Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria contabiliza que en México se tiene registro de 3 mil 506 mujeres sobrevivientes de violencia vicaria, que se encuentran en procesos judiciales por recuperar la custodia y protección de sus hijos.
De todos estos casos, contabilizan que hay un aproximado de 7 mil 363 infancias afectadas por la violencia vicaria.
JUSTICIA PARA FERNANDO, DULCE Y LA SEGURIDAD DE SANTIAGO
El caso de Gabriela Flores.
Dulce Gabriela Flores llevaba más de ocho meses sin ver a sus hijos, Santiago, de 12 años, y Fernando, de 8, que fueron retenidos por su padre, José Israel “N”.
A pesar de que ella tenía la guarda y custodia de los menores, llegó a un acuerdo con su expareja para que se encargara de manera temporal del cuidado de los niños en Celaya, Guanajuato, pero cuando el plazo venció él se negó a llevarlos con su madre a Morelos.
Ella interpuso amparos para recuperar a sus hijos, pero el padre respondió con denuncias contra ella y su madre Yolanda González por supuesta violencia familiar, por haber presuntamente golpeado a los niños. Pese a que nunca se investigó si la acusación era real o no, a Gabriela le impidieron volver a ver a los niños y quedaron al resguardo de José Israel y Yeraldy, su nueva pareja.
Meses más tarde por una llamada de la maestra de sus hijos dando sus condolencias, Dulce Gabriela se enteró que su hijo Santiago había fallecido. Viajó a Guanajuato, pero le impidieron asistir al velorio de su propio hijo.
“Lo alcanzamos a ver en su cajita. Les preguntamos a ellos qué había pasado y nos dijeron que no nos dirían nada y que nos retiráramos del lugar, porque teníamos una carpeta por violencia familiar”, cuenta Yolanda, madre de Dulce Gabriela en entrevista con EMEEQUIS.
En pleno 10 de mayo, Dulce tuvo que despedirse de su hijo en menos de 10 minutos por resguardo policial.
El cuerpo del niño de 8 años fue encontrado en una cubeta con agua, razón por la que se argumentó que se trataba de un suicidio infantil. Sin embargo, los resultados de la necropsia arrojaron que el menor tenía golpes en todo su cuerpo, contrario a lo que José Israel y Yeraldy trataron de argumentar, el niño fue asesinado. Tiempo después, Santiago declaró que fue Yeraldy quien lo golpeó y metió su cara en una cubeta de agua.
Yolanda, madre de Dulce Gabriela, ahora exige justicia por su hija, por su nieto Fernando y por la seguridad de Santiago, que acaba de cumplir 13 años el pasado 5 de septiembre.
José Israel “N”, padre de los niños y su pareja Yeraldy “N” se encuentran vinculados a proceso por el homicidio del niño Fernando. Iván “N”, es investigado por el feminicidio de Dulce.
Pese a las pérdidas y la violencia causada por el padre de los menores, la custodia de Santiago fue cedida al hermano del agresor. Por instrucciones del Ministerio Público de Celaya, Guanajuato la familia de Dulce está imposibilitada para reclamar la protección de Santiago porque aún está activa la carpeta de investigación por violencia familiar hacia la señora Yolanda.
“Mi lucha es porque Santiago regrese. Parece que él no está enterado de lo que pasó con su mamá”, afirma Yolanda, quien considera que estando con la familia del agresor, él se encuentra en peligro.
“NO PERSIGUEN CRIMINALES, PERSIGUEN MAMÁS”
Sobrevivir a la violencia vicaria, no sólo es luchar contra la sustracción de sus hijos, procesos de justicia de criminalización contra las madres, sino un continuum de violencia y terrorismo machista, como lo describe Gabriela Pablos, quien forma parte de la Unión de Madres Protectoras contra la Violencia Vicaria.
“Es aprender a vivir con violencia y con ese malestar, constante persecución que tienen los agresores”, comenta la sobreviviente que ha tenido que volverse activista para acompañar a otras mujeres que pasan por la misma situación.
El ciclo de la violencia vicaria inicia con muestras de violencia familiar, que mantienen afectaciones a las infancias cuando se busca, a través de procesos legales, arrebatar a las madres la custodia. En ese momento siguen múltiples formas de intimidación legal como iniciar carpetas de investigación fabricadas que, incluso han llevado a la cárcel a madres.
“No persiguen criminales, persiguen mamás”, afirma Pablos sobre el actuar de las autoridades hacia las madres que también son afectadas por la complicidad de abogados, jueces y ministerios públicos en miras del poder adquisitivo de los agresores.
Gabriela Pablos ha sido además una de las madres que han sido encarceladas como forma de amenaza y amedrentamiento durante los procesos jurídicos por quitar la representación de niñas y niños en un matrimonio.
Al dejar a los agresores, las violencias contrario a desaparecer se intensifican además con vulnerabilidad económica y patrimonial. Muestra de ello son los feminicidios de madres durante procesos jurídicos, intentos de feminicidio o suicidios intencionados de madres que no encuentran alternativas para detener la violencia en su contra.
Hasta septiembre de este año, la violencia vicaria está tipificada en 24 estados del país, a excepción de Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Durango, en este último está en proceso de aprobación. Sin embargo en marzo fue aprobado por el senado una disposición federal de hasta 5 años de prisión a quien ejerza esta forma de violencia contra las mujeres.
Las sobrevivientes de violencia vicaria refieren que hacen falta políticas de prevención y atención inmediata a estos casos desde que se denuncian actos de violencia familiar, ya que pueden escalar a asesinatos contra las madres o los menores.
VIDAS EN RIESGO
Polet no puede ver a su hijo.
Emiliano cumplió cuatro años y, desde hace tres, su madre, Polet Quezada, no puede verlo, porque el padre del niño se lo llevó a la fuerza y ha impuesto resistencia legal por su custodia.
Al denunciar la sustracción, ella se encontró una constante en casi todos los casos de violencia vicaria. Las autoridades se niegan a actuar alegando que está permitido que un padre cuide de su hijo.
“Dijeron que no era un delito porque era su papá”, cuenta Polet en entrevista, quien durante casi cuatro años no ha logrado que la carpeta de investigación por sustracción de menores se judicialice.
El caso ha escalado incluso a violencia física cuando Alejandro, su ex esposo y la madre de él, la golpearon junto con el niño y la han seguido amenazando de muerte para que desista del proceso legal.
“Si yo te mato voy a decir que me quisiste robar y que nos quisiste hacer daño, que te metiste a la fuerza”, fueron las palabras que ella recuerda como amenaza durante el evento violento de julio de 2019. “Me dijo que iba a matar a mis hijos, que si yo no dejaba de buscar a Emiliano me iba a ir peor”, le dijo el padre de su hijo la última vez que pudo ver al menor.
Polet asegura que la vida de su hijo corre riesgo y las agresiones en su contra quedaron asentadas en una carpeta de investigación por el delito de lesiones ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pero que, pese a denunciar la agresión, las autoridades no han actuado para devolverle la custodia y a su hijo.
@GloriaPE_
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