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La Sosa Nostra, avanzada de Adán Augusto para sus aspiraciones presidenciales

De estar en la mira de la justicia y con su líder en la cárcel, el grupo que controla la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ahora se ha establecido como el frente en la entidad para las aspiraciones presidenciales del secretario de Gobernación.

5 / 08 / 23

EMEEQUIS.– El Grupo Universidad o La Sosa Nostra, como se conoce al que controla política y financieramente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), pasó de tener sus cuentas bancarias congeladas por supuestas operaciones de lavado de dinero, y a su líder recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano por presunta delincuencia organizada y operar un sistema de saqueo de recursos de las arcas universitarias, a controlar un sector del Comité Directivo Estatal de Morena.

No sólo eso: fortalecer sus posiciones en las Cámaras de diputados local y federal, así como en las presidencias municipales, y recuperar el dinero bloqueado.

Esto les pavimentó el camino para liderar en la entidad el proyecto político del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.  

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En su aspiración por obtener la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional a la Presidencia del país, el responsable de la política interna tejió una alianza con el clan liderado por el exdiputado federal priista Gerardo Sosa Castelán, considerado cacique de la UAEH. 

Sosa obtuvo control de la universidad a través de la violencia del porrismo, mediante la extinta Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), organización inmersa en la década de 1980 en averiguaciones previas por robos, lesiones, homicidios y uso de armas de fuego. Ese ascenso fue auspiciado por el PRI, su partido hasta la víspera de la elección presidencial de 2018, cuando se alió con el entonces aspirante Andrés Manuel López Obrador.

El frente de Adán Augusto en Hidalgo, liderado por la Sosa Nostra. Fotos: Especial.

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Con la corriente de votación en favor del presidente y el partido que fundó, La Sosa Nostra se reagrupó e incrementó sus posiciones políticas, antes limitadas por la debilidad en el estado del instituto político cuya franquicia usufructuaban, Movimiento Ciudadano, y el destierro del PAN, con el que también se habían involucrado en búsqueda de una candidatura a gobernador para Gerardo Sosa. 

Habían sido relegados del PRI, que aunque auspició el porrismo y entregó a Sosa la UAEH con su manejo político y financiero, había inhibido al grupo, porque ya no coincidía con los intereses de los gobernadores que, cada sucesión, se adjudicaban el control del priísmo, desde las administraciones de Jesús Murillo Karam y su sucesor Manuel Ángel Núñez Soto, hasta Omar Fayad.

En abril pasado, el Grupo Universidad –que también ha intentado involucrarse con el resto de “corcholatas”– se definió por el secretario de Gobernación, al realizar un acto político en favor de la campaña “Ahora es Adán Augusto”, complementaria a “Que siga López. Estamos Augusto”, por la que se había distribuido propaganda impresa en el territorio estatal.

Entre las figuras ligadas a La Sosa Nostra que presidieron el acto proselitista se encontraron Jorge Hernández Araus, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local,   exsecretario Técnico del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) y exasesor de Rectoría dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (2012–2014).

Este periodo coincide con el que, según la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que derivó en el proceso contra Sosa Castelán, se operó la supuesta red de lavado de dinero (2011-2018), entre las gestiones de Humberto Veras Godoy y Adolfo Pontigo Loyola, presuntamente ordenadas por el líder político de la institución.

También asistieron el propio exrector y exlegislador morenista, Humberto Veras –cuyas cuentas igualmente habían sido bloqueadas por la UIF–, así como otros cuadros del sosismo que dejaron sus diputaciones locales tras el último proceso: Rafael Garnica Alonso y Corina Martínez, al igual que la diputada federal Lidia García Anaya, quien, cuando Gerardo Sosa fue detenido y encarcelado, asumió la Presidencia del Patronato Universitario, órgano desde el cual, siempre con base en las investigaciones de la causa penal 263/2020, que derivó en la orden de aprehensión contra el jerarca de la UAEH, se habría operado el saqueo y dispersión de 58.2 millones de pesos.

Estos perfiles, sumados a Canek Vázquez Góngora, actual delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Hidalgo, y el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa, líder moral del Partido Verde en el estado, antes ligado al exgobernador y exsecretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, conforman la avanzada de Adán Augusto en la entidad.

Se enfrentan políticamente con las otras “corcholatas” y sus operadores, que promueven la candidatura del canciller Marcelo Ebrard. 

Gerardo Sosa Castelán, actualmente recluido en su domicilio. Foto: Especial.

TIEMPO DE CÁRCEL 

La presunta red de lavado de dinero que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), relacionaba con el caso de la UAEH, involucraba a 28 personas físicas y nueve personas morales, a quienes fueron suspendidas 320 cuentas con cerca de 3 mil millones de pesos.  

Para la UIF la cabeza del presunto entramado delictivo era Gerardo Sosa, exrector y expresidente del Patronato de la UAEH –, quien estuvo recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, del 31 de agosto de 2020 hasta febrero de 2022, cuando recibió el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria, al argumentar su defensa un agravado estado de salud, aprobado por la FGR.

El pasado 3 de marzo, durante el sexto informe de la administración universitaria, el rector interino de la Autónoma del Estado, Octavio Castillo Acosta, aseguró que, tras tres años de batalla jurídica, con la liberación de seis cuentas bancarias que contienen 151 millones de dólares “se hizo justicia” a la institución, además de asegurar que no hay opción legal para que el dinero sea congelado nuevamente por el gobierno federal.

Castillo Acosta sustituyó en septiembre de 2022 al rector electo para el periodo 2017-2023, Adolfo Pontigo Loyola, quién enfrentó el bloqueo de activos de la institución y también personales, aunque los suyos fueron liberados el 30 de abril de 2021, de acuerdo con el propio exresponsable de la UAEH.

Durante el proceso para desbloquear los activos, los jueces a cargo de resolver los amparos presentados por la institución analizaron dictámenes contables e informes emitidos por la Comisión Bancaria y de Valores.

 Octavio Castillo Acosta, rector interino. Foto: Especial.

Igualmente, en el caso perseguido contra Sosa Castelán, en el que tribunales resolvieron que los movimientos financieros “han sido detallados al analizar el diverso delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales se advierten suficientes para el dictado de la orden de aprehensión que se reclama, pues de ellos es dable concluir que había una coordinación entre los miembros de la organización para realizar reiteradamente las acciones consistentes en movilizar los recursos cuya procedencia fue injustificada por lo que se estima era ilícita, al triangular depósitos y transferencias usando la cuenta de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, para el desvío de los fondos y los transferían a los beneficiarios finales, entre los que estaba Francisco Natalio Zamudio Isbaile”, operador del Grupo Universidad y encargado de crear despachos contables mediante los cuales, según la imputación en su contra, se realizó la dispersión de recursos.

Aunque también se libró orden de aprehensión contra Zamudio, es uno de los prófugos.

LOS “ERRORES” DE LA FGR

La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, no presentó una orden judicial mediante la cual conoció de las transferencias bancarias con las que sustentaba su acusación de lavado de dinero contra el líder del Grupo Universidad y tres coacusados presos. Esa falla ya dejó en libertad a dos de los supuestos colaboradores de Sosa Castelán en estos ilícitos: María Luisa Montalvo Sierra y Juan Manuel Hernández Gayosso, quienes, con base en la causa penal 263/2020, en la que el principal imputado es Sosa, transfirieron recursos que presumiblemente provenían de la UAEH a una empresa fantasma, Contabilidad del Siglo XXI, y de ahí a cuentas del exrector y sus familiares.

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El mismo informe de movimientos bancarios, proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es uno de los elementos con los que la FGR basa la acusación central contra Gerardo Sosa, por lo que, al quedar invalidado en los procesos contra los supuestos coautores y subalternos del también exdiputado federal priista, igualmente podrían favorecerlo, con una resolución similar.

En el fallo se establece que la prueba fue considerada ilícita, por lo que no fue valorada. Se precisa que esta determinación no significa que hubiera responsabilidad en los cargos fincados a dos miembros de la organización La Sosa Nostra, a quien inicialmente la FGR consideró que, de la política, había pasado a la acción criminal, al tener como fin sustraer recursos de las arcas universitarias a través de un esquema que incluía una empresa falsa y cuatro despachos contables al servicio de Sosa Castelán.

El político hidalguense sigue este proceso desde una de sus propiedades, tras el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Aliado de Regeneración Nacional previo a la elección presidencial de 2018, actualmente controla un sector de la dirigencia estatal de Morena –con Marisol Ortega López, alcaldesa de Tulancingo y exfuncionarios- y coordina las aspiraciones de Adán Augusto López de obtener la candidatura morenista a la Presidencia de la República.  

@axelchl

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Áxel Chávez



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