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En la mayorías de las denuncias por esterilización forzada se acusa al IMSS. Ilustración: EMEEQUIS.
EMEEQUIS.– “¿Con qué te vas a ir?, ¿DIU, Implante o operación?”, era la pregunta que constantemente le hacían a Angélica Juárez cuando estaba a punto de dar a luz a su tercer hija: tenía 39 años. “Tienes que elegir uno”, la presionaba el personal médico antes de pasar al quirófano
Ella se negó en varias ocasiones, incluso de manera escrita, que no deseaba que se le introdujera un método anticonceptivo de barrera al momento del parto.
Sin embargo, posterior a la cirugía, ella se dio cuenta que los médicos le habían dejado, sin su aprobación, un dispositivo intrauterino de cobre, conocido como DIU, para que ella no pudiera embarazarse de manera temporal.
Angélica Juárez sufrió una anticoncepción no consentida en un hospital de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; al igual que ella, otras mujeres han sido víctimas de violencia obstétrica con la implantación no autorizada de métodos anticonceptivos de barrera o permanentes, dejándolas sin la posibilidad de volver a ser madres.
“Cuando supe que tenía el DIU me sentí vulnerada, que no respetaron lo que yo dije; me sentí burlada. Una de las razones para decir que no fue que nunca me dieron información de qué se trataban esos métodos anticonceptivos”, cuenta Angélica, en entrevista con EMEEQUIS, que en el centro médico no le explicaron los procedimientos y la intimidaron con aceptar al anticonceptivo que siempre rechazó.
“Es como si yo no mereciera información y simplemente tuviera que obedecer lo que dicen esas personas, por ser mujer, estar embarazada y ser indígena”, relata quien denunció a las autoridades médicas hasta que su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo muy pocos casos acceden a justicia y reparación.
Ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han presentado 17 denuncias por procedimientos no consentidos de anticoncepción permanente; donde las mujeres pierden la oportunidad de tener hijos a través de la realización de un procedimiento quirúrgico conocido como histerectomía o salpingoclasia.
En tanto, las Comisiones de Derechos Humanos a nivel local y algunas fiscalías reportan 39 quejas y denuncias por prácticas no consentidas de personal médico en instituciones públicas, donde mujeres ellas perdieron de manera permanente la capacidad de gestar.
Estas práctica consideradas como tortura por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, continúan ocurriendo en centros de salud pública en México; donde en más del 80% de los casos, se señala la responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social.
LOS CASOS DE ESTERILIZACIÓN QUE LLEGAN A DENUNCIAS
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo a información obtenida vía ley de transparencia por EMEEQUIS, tiene el registro de 17 expedientes de queja por casos de contracepción forzada, donde a mujeres se les realizaron procedimientos de esterilización permanente sin brindar su consentimiento.
Ante la CNDH, 15 de estos expedientes señalan como autoridad responsable al Instituto Mexicano del Seguro Social y dos a Secretarías de Salud a nivel local. Esto significa que el 88% de las quejas son responsabilidad del IMSS al realizar estos procedimientos no consentidos.
La entidad con más quejas es el Estado de México (5 expedientes); Ciudad de México (3), Michoacán (3), Durango (2), Jalisco (2) y Oaxaca (1).
De estos registros; sólo uno llegó a una recomendación instructora hacia la Secretaría de Salud, el resto fueron desechadas por falta de materia legal, se dio una orientación a las víctimas o continúan en proceso.
En tanto, las comisiones locales y algunas fiscalías estatales, reportan la apertura de 39 expedientes por contracepción o esterilización forzada. De estas 6 señalan la responsabilidad del IMSS; 3 de hospitales de la Secretaría de Salud; y 2 a hospitales de gobiernos estatales.
El estado con más quejas es Nayarit (20) por procedimientos de responsabilidad médica y técnica; 5 en Querétaro; y 3 en Zacatecas.
AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS Y DISCRIMINACIÓN EN SALUD PÚBLICA
“Ustedes son pobres y rebeldes”, recuerda Angélica Juárez las palabras que les decían las enfermeras del Hospital Comunitario “Emiliano Zapata” a una fila de mujeres embarazadas que estaban por dar a luz en marzo de 2020.
El regaño, recuerda, era porque muy pocas dieron el consentimiento de que se les aplicara un método anticonceptivo temporal o permanente después del parto.
“Nos decían que por ser pobres no teníamos por qué ser madres”, explica la sobreviviente de violencia obstétrica y anticoncepción no consentida. Refiere que esta forma de violencia se replica con mayor frecuencia en mujeres racializadas a consecuencia del estigma social.
“El sistema alienta a tener hijos a mujeres blancas y de clase alta, pero estigmatiza y violenta la maternidad de mujeres indígenas, afrodescendientes y mujeres pobres en general”, relata su experiencia.
Su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Amparo 1064/2019; donde se estableció que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México debería emitir una disculpa pública, indemnización económica y un plan de capacitación y sensibilización para el personal del hospital.
“Esto le pasó por ser mujer, ser indígena, ser pobre y estar embarazada”, explica Angélica Juárez las consideraciones que tomó el juez en su caso para que la violación hacia su persona fuera equiparada a la tortura; por no tomar en cuenta su decisión y consentimiento. “Es una anticoncepción no consentida, una nueva figura jurídica que es la primera vez que se establece y esperemos que se vaya haciendo jurisprudencia sobre ella”, afirma.
La violencia obstétrica es una circunstancia que ha sufrido al menos, 3 de cada 10 mujeres durante el parto, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH) realizada por el INEGI.
Esta encuesta refiere que de las 7.8 millones de mujeres que tuvieron un hijo en los últimos cinco años, el 9.7% fueron presionadas por algún método anticonceptivo o cirugía de esterilización permanente; mientras que al 4.3% le colocaron, sin su consentimiento, algún dispositivo temporal o cirugía de anticoncepción irreversible.
Para la abogada especialista Alejandra Rodríguez, del Grupo de Reproducción Elegida, GIRE, estas prácticas de actuación sin consentimiento y en violación de derechos humanos están relacionados con malas prácticas en el sector de salud pública por falta de capacitación y saturación de los servicios.
“Hay patrones que se pueden detectar con relación a las cargas de trabajo del personal médico. El mismo ritmo en que están sometidos hace que se haga una automatización de sus labores y descuiden obtener los consentimientos”, afirma la abogada especializada en reparaciones integrales en GIRE.
A esto se suma a que en los códigos penales del país no hay una armonización jurídica sobre cómo juzgar estos casos de esterilización forzada, e incluso no en todos los estados se contempla la violencia obstétrica como un delito.
“También puede estar relacionado con prácticas de política pública a los que se tiene que brindar opciones de anticoncepción a las personas y no saben cómo ofrecerlas, o cómo obtener el consentimiento informado porque no están capacitados y capacitadas”, la abogada explica que más que una sanción penal, se deben buscar las garantías de no repetición para dar educación al personal de salud y evitar que estos casos de violencia sigan ocurriendo.
@GloriaPE_
