SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.- En estas elecciones, el camino a la Jefatura de Gobierno no ha sido una sencilla marcha hacia la victoria. O por lo menos así ha sido para Clara Brugada Molina, candidata de Morena, PT y Verde al cargo. Y es que la morenista, parte cercana del círculo del presidente, tiene varias causas legales pendientes que arrastra desde hace casi una década, todas relacionadas con conflictos con pueblos originarios.
A través de documentos en poder de EMEEQUIS (expedientes e informes), se expone la larga cadena de irregularidades judiciales de la candidata: un arresto pendiente, la construcción ilegal de una Utopía y actos anticipados de campaña a favor del presidente López Obrador.
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA (CASI) OLVIDADOS
EMEEQUIS tuvo acceso a una copia del Procedimiento Especial Sancionador Electoral en Sede Jurisdiccional contra Clara Brugada por actos anticipados de campaña, emitido en 2015. Proceso que surgió de un reclamo realizado por el partido Nueva Alianza (expediente TEDF-PES-048/2015).
“Este Tribunal Electoral, en sesión pública de esta fecha, resolvió declarar la existencia de la violación consistente en la comisión de actos anticipados de campaña, y la inexistencia de la transgresión a lo dispuesto por el artículo 6 del ‘Reglamento que regula el uso de recursos públicos, propaganda institucional y gubernamental, así como los actos anticipados de precampaña y campaña, para los procesos electorales ordinarios del Distrito Federal’ atribuibles a Clara Marina Brugada Molina y al partido MORENA.”
El documento, emitido el 8 de marzo de 2015, explica que se presentaron dos discos compactos para probar los actos anticipados realizados por Clara Brugada.
En el primero contenía un video en el que se escucha a Brugada decirle a una ciudadana: “Obrador es Morena, nosotros somos de MORENA, ¡ya no PRD, MORENA… El PRD, los dirigentes le dieron la espalda al pueblo, prácticamente se privatizó el petróleo, el gas la educación, todo por el PRD, mire aquí el asunto es que necesitamos un partido que cambie las cosas, no que diga que va a cambiar y no haga nada, entonces el PRD lo apoyamos, lo fundamos, etc. Hasta que el control lo tuvo un grupo, pequeño grupo, que le llaman los Chuchos, así les dicen, y son los que negociaron con Peña Nieto, es más desde dos mil doce antes de que fueran las elecciones, ellos ya habían pactado con Peña Nieto”.
El segundo disco contenía un video al aire libre de personas “en lo que presumiblemente es un evento proselitista del partido MORENA”.
En esas imágenes, se ve cómo toma el micrófono “quien se identifica como Rodrigo Chávez y presenta a Clara Marina Brugada Molina, como precandidata del partido MORENA a la jefatura delegacional en Iztapalapa; asimismo se observa una lona con la imagen de Clara Marina Brugada Molina y Andrés Manuel López Obrador, en la parte superior la leyenda ‘Clara Brugada, Precandidata a Jefa Delegacional en Iztapalapa’, y un globo con la leyenda “’Clara Si’”
Además, el 8 de marzo de 2015, personal de la Dirección de Asociaciones explicó que durante marzo de 2014, encontró 26 “elementos propagandísticos en diversas fechas y ubicaciones, relativos a la ciudadana Clara Marina Brugada Molina” dentro de Iztapalapa.
Parte de esta investigación encontró la colocación de 11 lonas en los pueblos originarios de Meyehualco y Tezonco, que en el futuro le traería problemas a Brugada.
La resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México determinó: “De las constancias del expediente se advierte que la materia a dilucidar en el presente procedimiento consiste en determinar si Clara Marina Brugada Molina y el partido MORENA son administrativamente responsables por la realización de actos anticipados de campaña.”
Foto de la propaganda colocada ilegalmente en la alcaldía Iztapalapa.
Por este delito electoral, fue sancionada con 350 mil 500 pesos, lo equivalente a 5 mil días de salario mínimo ($70.10 pesos en ese entonces).
LA REMOCIÓN ILEGAL DE UN PUESTO COMERCIAL
Ya se había difundido a medios de comunicación la información del expediente 1250/2019, la morenista recibió una multa y una orden de arresto por el incumplimiento de una sentencia por la remoción ilegal de un puesto comercial en el pueblo originario de Santa Cruz Meyehualco.
El 23 de febrero de 2018, una persona “promovió demanda de nulidad contra la resolución que ordenó el retiro o remoción de su puesto de trabajo, así como de los bienes y enseres ubicados en el puesto central del Parque Ecológico Cuitláhuac”.
El ciudadano afectado también impugnó “la resolución que la obligaba a pagar cualquier gasto o sanción económica” por el retiro de su fuente de ingresos.
Para el caso, fueron demandadas las siguientes autoridades: “Jefe Delegacional (o sea, Clara Brugada), Director General Jurídico y de Gobierno, Director de Gobierno, Coordinador de Mercados y Vía Pública, y Líder Coordinador de Proyectos de Vía Pública, todos dependientes de la Delegación Iztapalapa en la Ciudad de México.”
La entonces delegación perdió la demanda, según la resolución de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la cual encontró “procedente y fundada la queja por incumplimiento de la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Requirió a las autoridades demandadas de la delegación Iztapalapa (hoy Alcaldía Iztapalapa) que dieran cabal cumplimiento a la referida sentencia, conminándolas a hacerlo dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación.”
Aunque se les advirtió a las autoridades de Iztapalapa que, en “caso de renuencia” a reparar las afectaciones a la víctima, se les impondría una multa de “CINCUENTA VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN” y se procedería a una hora de arresto de los implicados, el gobierno encabezado por Brugada hizo caso omiso, argumentando la realización de obras en el parque donde ocurrieron los hechos.
Posteriormente, un juicio de amparo (que ganó la víctima) determinó que “los quejosos, es decir, las Autoridades demandadas de la Alcaldía Iztapalapa, han sido renuentes en acatar la sentencia de nulidad emitida (…)”, por lo que estarían obligados a pagar la multa y pasar una hora en la cárcel.
La resolución fue dada por Jonathan Bass Herrera, juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En este sentido, la ejecución de la sentencia quedaría en manos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el momento en el que se emitió este documento, estaba al frente de la policía capitalina Jesús Orta, quien se iría el 3 de octubre de 2019. Lo reemplazaría Omar García Harfuch, competidor directo de Clara Brugada por la candidatura a la Jefatura de Gobierno unos años después.
LA PELEA DE CLARA POR LIBRARSE DEL CASTIGO
El equipo de Brugada inició 8 movimientos contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana como reclamo a esta orden de arresto. A la fecha, ha conseguido una suspensión definitiva del 7 de febrero de 2024 y una suspensión provisional dada el 29 de enero de 2024. Sin embargo, no se ha dado sentencia definitiva.
Ahí Brugada se fue en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX por el caso del parque de Santa Cruz Meyehualco.
Brugada y su equipo buscaron detener la multa económica. Se promovió el caso, con número de expediente 1250/2019, en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Estos recursos iniciaron el 6 de septiembre de 2019. Se resolvió el sobreseimiento de algunos de los procesos que inició la SSC; también se negó un amparo a la alcaldía Iztapalapa, pero la entonces alcaldesa logró otro amparo ante “ciertas sanciones”. Sin embargo, siguen abiertos procesos legales en contra de la alcaldesa.
Pero el pleito no acabó ahí, porque el equipo de Brugada también interpuso un recurso de reclamación contra la Secretaría de Finanzas de la CDMX por la sanción económica hacia los funcionarios de la Alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, se desechó esta reclamación en 2022 y se confirmó la legalidad del acuerdo el 11 de marzo de 2022.
Ese mismo año, el 3 de mayo, se declaró precluido (no facultado) el derecho de la parte demandada (la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México) para realizar manifestaciones sobre el caso. Finalmente, el 15 de junio de 2022, se desechó por “notoriamente improcedente” un recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría, por decisión de la Segunda Sala Regional Metropolitana.
LA UTOPÍA ILEGAL
Las peleas con los pueblos no acabaron ahí. El mismo año, 2019, en el que se libraba la batalla por la denuncia del parque en Santa Cruz Meyehualco, inició otro pleito contra la alcaldesa en la comunidad de San Lorenzo Tezonco. Así lo recopila el expediente 1103/2019 del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
El asunto surgió cuando la alcaldía Iztapalapa, a cargo de Brugada, buscó construir una utopía en esta zona. El lugar fue inaugurado por la alcaldesa y Sheinbaum el 6 de marzo de 2021. La nombraron “Utopía Tezontli”:
Unos meses después, los representantes del pueblo originario consiguieron un amparo para que se dejara claro que la alcaldía Iztapalapa no había realizado bien las consultas para acordar la construcción del proyecto; los habitantes del pueblo señalaron que la construcción afectaba el funcionamiento de su comunidad.
La resolución del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México señaló que las autoridades de Iztapalapa no había realizado bien la consulta al pueblo originario:
“Por ello, antes a la realización de la obra de construcción, es evidente que las (autoridades) responsables debieron analizar el impacto derivado del proyecto del complejo cultural, deportivo y recreativo, que a la postre se denominó como “****** ** ************** ****** ** **********” llamado ******, dentro del espacio público del ********* *** ******* ******** ******** *********** ** **** ******, con base en los puntos antes referidos; pues sin ellos se trastocarían situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas al grado de que el proyecto de construcción pueda impactar significativamente en las condiciones de vida y entorno del pueblo originario, pues a partir de los elementos necesarios con los que se cuente, las responsables podrán determinar si en el caso es o no necesaria la realización de una consulta previa.”
También señala que no hubo un dictamen de impacto urbano que “se participara en la toma de decisiones relativas a las medidas de mitigación en materia vial, protección civil, de espacio público, o en su caso, para señalar la viabilidad o no del proyecto”.
Es decir: la Utopía de la alcaldesa fue construida de forma ilegal, pasando por los derechos del pueblo originario de San Lorenzo Tezonco.
Se buscó al equipo de Clara Brugada para tener su versión de estos casos, sin obtener respuesta al cierre de este reportaje.
Pese a la utopía construida sin las consultas adecuadas, la orden de arresto pendiente y los actos anticipados de campaña, la candidatura de Brugada continúa rumbo a uno de los puestos claves del país. ¿Estos problemas la seguirán persiguiendo?
@Ciudadelblues
