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2022: Cruzada de madres buscadoras repleta de criminalización y violencia

María Carmela Vázquez se convirtió en noviembre pasado en la quinta madre buscadora en ser asesinada. Le antecedieron Esmeralda Gallardo, en Puebla el 4 de octubre de 2022; Rosa Lilián Rodríguez, el 31 de agosto en Sinaloa; Ana Luisa Garduño Juárez, el 28 de enero en Temixco, Morelos y Brenda Jazmín Beltrán, el 21 de julio en Sonora

12 / 19 / 22

EMEEQUIS. María Carmela Vázquez tenía la ilusión, como cientos de madres en México, de ver a su hijo de vuelta en casa. Osmar Zúñiga Vázquez, de 21 años, desapareció el 14 de junio de 2022 en el municipio de Abasolo, Guanajuato, cinco meses después su madre fue asesinada. 

A la madre buscadora de 46 años la asesinaron en la entrada de su casa. Varios disparos a quema ropa le quitaron la vida el pasado 6 de noviembre. Formaba parte del Colectivo Personas Desaparecidas en Pénjamo para buscar a su hijo y apoyar en las labores para encontrar a los seres queridos de otras personas. Hasta este momento no hay avances en la investigación para determinar quiénes fueron los responsables del feminicidio.

Con su asesinato, se convirtió en la quinta madre buscadora en ser asesinada en México durante 2022. Envueltas en un país que no sólo es omiso en realizar labores de búsqueda para encontrar a los suyos, también para salvaguardar su vida.

En el listado se encuentran los feminicidios de las buscadoras:  Esmeralda Gallardo asesinada en Puebla el 4 de octubre de 2022; Rosa Lilián Rodríguez el 31 de agosto en Sinaloa; Ana Luisa Garduño Juárez fallecida el 28 de enero en Temixco, Morelos; y Brenda Jazmín Beltrán Sonora quien fue torturada y asesinada el 21 de julio en Sonora. 

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En el país, la magnitud de la crisis humanitaria de desapariciones se ilustra con 109 mil 182 personas desaparecidas y no localizadas durante un lapso del año 1964 a 2022; de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación. 

Durante este año se ha reportado como desaparecidas a 18 mil 273 personas; de este total el 60% son hombres y el 40% mujeres. El mayor número de personas desaparecidas se concentran en Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz.

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CRIMINALIZACIÓN DESDE EL ESTADO

“Temo perder la vida, y al perder la vida, la posibilidad de que mis hijos vuelvan a casa”, fue mensaje que envió Cecilia Flores, presidenta del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora a las autoridades mexicanas, en petición de recibir medidas de protección para las jornadas de búsqueda que realiza con diversos colectivos de familiares de desaparecidos.

Por buscar a sus hijos Marco Antonio Sauceda y Alejandro Guadalupe Islas, Cecilia recibió varias amenazas de muerte. Forma parte del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, sin embargo, asegura que sólo salvaguarda limitada a ciertas zonas del país y no en todos los lugares donde realizan búsquedas.

La activista entonces buscó apoyo en instituciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dictamine las medidas de protección que necesita para seguir buscando a los suyos. 

“Ayuden para que las madres buscadoras tengamos la protección que necesitamos permanentemente para la búsqueda de nuestros hijos (…) Yo aunque no he pedido justicia ni he buscado culpables sigo siendo amenazada, amedrentada y tengo miedo profundamente a seguir en la lucha por mis desaparecidos, pero no puedo dejar de buscarlos porque los necesito de vuelta en casa”, expresa en un video difundido en sus redes sociales. 

Además de la violencia y amenazas del crimen organizado, las buscadoras también son víctimas de criminalización desde el Estado. Durante este año, la madre buscadora y otros colectivos en Jalisco hicieron frente al gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien amagó con utilizar contra ellas la Ley Ingrid por publicar en redes sociales fotografías de cuerpos y restos humanos. 

El gobernador pidió a las madres “no irse por la libre”, al afirmar que se “está violando la ley” al manipular restos humanos durante las búsquedas, por lo que les pidió apegarse a los protocolos. 

Esto fue tomado por Cecilia, como por otras madres como una forma intimidación para detener su labor. “Eso lo están agarrando como excusa porque les molesta que nosotros vayamos a visibilizar el mal gobierno que hay y el estado que se les está cayendo”, afirma Ceci Flores en entrevista con EMEEQUIS

Asegura que publicar restos y cuerpos en sus redes es la forma en la que dan difusión a los hallazgos para que las familias puedan identificarlos, ya que las autoridades no realizan estudios exhaustivos para lograr su identificación. 

“Gracias a la difusión que se hace en las transmisiones se ha logrado volver a casa a las familias”, afirma que la difusión entre buscadoras permite que los cuerpos sean reclamados por las familias, ya que las Comisiones de Búsqueda oficiales les han cerrado la puerta para darles capacitación y acompañamiento para realizar las diligencias pertinentes en una jornada de búsqueda.

DESAPARICIÓN INSTITUCIONAL

A este contexto de criminalización para las buscadoras, se suma otra parte de la violencia institucional, que es la falta de reconocimiento y apoyo a su labor; en donde también las desafía la falta de cumplimientos institucionales para resguardar, hacer pruebas genéticas y dar con la identidad de los cuerpos que encuentran durante sus jornadas. 

“Ellos mantienen todo oculto y por eso hay tantas personas en las fosas comunes. Es una doble desaparición. Nosotras sacamos y ellos vuelven a enterrar”, cuenta en entrevista la madre buscadora Cecilia Flores.

La Comisión Nacional de Búsqueda tiene el registro de 5 mil 276 fosas clandestinas de 2006 a diciembre de 2022; de las cuales se han exhumado 9 mil 221 cuerpos y restos óseos. De estos, el 46.2%, es decir 4 mil 261 restos fueron hallados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de diciembre de 2018 a noviembre de 2022. 

La Secretaría de Gobernación refiere que, del total de cuerpos encontrados, únicamente el 46.5% han logrado ser identificados, es decir sólo 1,982 de los restos encontrados, pero sólo 1,133 fueron entregados a sus familiares. 

Ceci Flores afirma que tras entregar a las autoridades los cuerpos que las rastreadoras encuentran, los Ministerios Públicos no realizan estudios exhaustivos para dar con su identificación, por lo que en muchas ocasiones son enviados a fosas comunes sin nombre ni identidad. 

Para identificar los cuerpos en fosas comunes institucionales, la Segob ha emprendido un registro de inhumaciones en fosas clandestinas, donde de acuerdo con datos oficiales, se registran 7 mil 380 cuerpos de personas fallecidas identificadas, 6 mil 216 sin identificar y 1180 feto; de ellos se ha realizado la localización confirmada de 5 y 2 familias han sido notificaciones para gestiones de exhumación. 

¿POR QUÉ SEGUIR BUSCANDO? SIN APOYO GUBERNAMENTAL

La desaparición y feminicidio de Debahni Escobar en Nuevo León, cimbró al país entero durante 2022. La joven de 18 años fue encontrada muerta dentro de la cisterna de un hotel después de 13 días de que fue reportada como desaparecida. 

La cruel realidad de las desapariciones suele no tener un cuerpo encontrado; ya que en su mayoría las familias pasan años buscando a los suyos sin tener apoyo ni resguardo de las autoridades. 

Ejemplo de ello es el colectivo Buscadoras de Nuevo León, conformado por cerca de 100 familias que buscan a sus desaparecidos en el estado, que registra un total de 6 mil 242 personas desaparecidas. 

Lourdes Huerta, integrante del colectivo Buscadoras de Nuevo Léon, cuenta en entrevista con EMEEQUIS el factor de desventaja más grande para las buscadoras son las carencias institucionales que tienen los Ministerios Públicos y Fiscalías. Si bien ellas realizan una labor que debería hacer el Estado, al buscar a los desaparecidos, en los procesos de investigación las autoridades son obsoletas. 

“Necesitan personal, tenemos cinco Ministerios Públicos para casi más de 5 mil carpetas de investigación, tenemos 40 investigadores en fiscalía para buscar desaparecidos, tenemos una Comisión de Búsqueda con 16 personas a cargo, para el mundo de desapariciones que hay en Nuevo León es imposible”, cuenta la buscadora. 

Para ellas, la falta de garantías institucionales, de seguridad y acompañamiento hace que su labor sea en soledad, pagada con sus propios recursos, dejando sus vidas de lado y exponiéndose a organizaciones delictivas. 

“Nos movemos con nuestros propios recursos, por eso a veces las búsquedas son dos o tres veces al mes. Nosotras mismas pagamos cómo trasladarnos, nuestras herramientas son compradas por nosotras mismas. Lamparillas, palas, picos, machetes”, relata Lourdes Huerta.

@GloriaPE_

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SOBRE EL AUTOR

Gloria Piña



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