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Víctima de tortura pide justicia y Secretaría de Gobernación le da largas

Tras el secuestro de su hija a manos del sobrino de un jefe policiaco, fue torturado en Chihuahua, y aunque posteriormente fue liberado, vino a localizar a su hija en Coahuila, donde la tuvieron ejerciendo la prostitución. Solicitó asilo político en Estados Unidos, pero sin documentos que comprueben su nacionalidad vive un viacrucis en México para lograr que se los tramiten

2 / 04 / 23

EMEEQUIS.– Ramón Martín Avilés Pacheco fue “nota” en noviembre de 2021, cuando se “crucificó” frente a la Secretaría de Gobernación. Vestía traje gris, corbata café y una camisa púrpura. Sus muñecas eran apretadas por cintas de tela y rafia. A su espalda estaban las fotos de su hija, que fue secuestrada en 2015, y varios documentos con los que quería contar su historia: la de la tortura y la trata que quedan impunes, sin importar con quién hables, a quién del gobierno le pidas ayuda. 

Han pasado dos años de esa protesta. Más allá de los reflectores mediáticos y de un par de notas cortas, Ramón continúa su búsqueda de justicia por sus propios medios. Con problemas de la vista y vendiendo dulces y cigarros, sobrevive en la Ciudad de México en un diálogo largo y cansado con la dependencia que encabeza Adán Augusto López, una de las “corcholatas” de Andrés Manuel López Obrador. 

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Su difícil situación inició en 2015, cuando Ramón vivía con su familia en Puerto Palomas, Chihuahua: “Tenía mi tienda, era comerciante. Vivía una vida tranquila a pesar de que hay muchos problemas en la frontera”. En febrero de ese año, secuestraron a su hija, MDA: “La saca una persona de 39 años con el nombre de Andrés García Márquez”. 

Ramón se enteró de que el presunto secuestrador era sobrino de un comandante de policía de la zona, de apellido García: “Se la lleva y me mandan a pedir una cantidad de dinero. La mando, nunca se me entrega a mi hija, ¿qué es lo que hago? Me voy hasta Chihuahua (la capital)”. 

Sin embargo, el gobierno del estado no atendió sus denuncias, por lo que se fue al Órgano Interno de Control: “Cuando regreso a Puerto Palomas, me manda a hablar el comandante. Yo, ignorante, me presento y le digo, ¿qué pasa?”

—¿Por qué te fuiste a quejar a Chihuahua? —le reclama. 

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—Por lo que hicieron a mi hija— dice Ramón, en referencia al secuestro que sufrió su hija. 

—Pero no fuimos nosotros, fue la ministerial.

A continuación, le dijo a Ramón que se fuera a su casa. “Cuando salgo afuera de la comandancia, se paran dos camionetas, (con hombres) todos encapuchados”.

“El comandante me sube la chamarra (hacia) atrás, me esposan y me suben a la camioneta. Me llevan a una casa de seguridad”. 

Ramón narra que tenían “mucha gente ahí y todo; me di cuenta de muchas cosas que hace el gobierno con centroamericanos y todo; manda a pedir jugosas cantidades, 5 mil, 6 mil dólares por sus familiares. Ahí estuve torturado por tres días”. 

Las cosas que le hicieron le provocaron estrés postraumático. No cuenta exactamente qué le hicieron, pero los dictámenes psicológicos avalan que sufrió violencia extrema. 

Explica que su entonces esposa, que es ciudadana estadounidense, pidió ayuda a las autoridades de su país, por lo que se alertó al gobierno mexicano sobre la desaparición del comerciante. 

“Oigo que uno de los sicarios dice: hay que deshacernos de este porque ya la vieja está haciendo mucha bronca”. 

Entonces lo liberaron en una esquina y le ordenaron contar hasta 100 sin ver. Ese fue el detonante para iniciar otra lucha, paralela a la de encontrar a su hija: la de justicia para sí mismo como un caso más de tortura en México. 

BUSCA ASILO EN EU

 Después de eso, pidió asilo en Estados Unidos “todo maltratado, golpeado”. No obstante, no se le otorga por falta de documentos. “Yo salgo para acá, para México, vengo a buscar mis documentos y todo. No los hallo”. En parte, dice, porque las instancias gubernamentales borraron papeles que son fundamentales para ese tipo de trámites. 

Ramón posee documentos que avalan que su esposa es ciudadana estadounidense (aunque legalmente se encuentran casados, ella se encuentra ahora en Estados Unidos y han roto relaciones por la falta de comunicación), así como una constancia emitida por el gobierno de Veracruz (donde nació), en el que se le informa que su acta de nacimiento no existe. Sin embargo, también él posee copias del mismo documento (de 2022) donde se registra como lugar de nacimiento ese estado. 

En 2018 encontró a su hija. “Me la tuvieron tres años y medio en prostitución, trata. La encuentro con un bebé. Me la llevo, pido ayuda psicológica en Piedras Negras (donde la encontraron), en Ciudad Acuña”. Ramón limita los detalles sobre en qué estado está actualmente su hija o en qué condiciones específicas fue hallada. 

Lo que sí revela es que fue necesario pedir “atención psicológica porque estaba muy dañada por lo que vivió”. 

Ella se fue a Estados Unidos con el niño: “Y yo vengo aquí a la Ciudad de México” para poder avanzar con los trámites para dejar el país. 

Ramón continuó haciendo denuncias “en Presidencia; me recibe la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; me dice que ella va a atender el asunto.

“Me dice que ella va a atender mi asunto”, pero “¿qué es lo que pasa? Creo en ella”. 

Menciona que, a partir de ese punto, se ha sentido perseguido por el gobierno, por lo que ha buscado agotar todas las instancias: federales, locales, estatales. “Llevo dos años afuera de Gobernación”. 

 ADÁN AUGUSTO LÓPEZ LO RECIBIÓ

Ramón cuenta que Adán Augusto lo recibió para atender su caso: “El 19 de agosto nos renta aquí una pensión (a través de dependencias como la SRE se les dieron apoyos económicos). Paga tres meses (de renta), que según él dice que son los suficientes” para arreglar la documentación para que Ramón pueda pedir asilo en Estados Unidos y regresar con su familia: “Y olvidarme de aquí, de todo esto, porque he visto que no hay justicia en nuestro país”.

Su esperanza es que pueda obtener el asilo en EU bajo los argumentos de que sus hijos son estadounidenses; que ha sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y que es una persona con discapacidad visual en situación de vulnerabilidad (condición que ha sido avalada por el gobierno mexicano). 

En otra de sus apariciones públicas, Ramón, con carteles con la foto de su hija, se manifestó en medio de la marcha convocada por el presidente el 27 de noviembre en el Zócalo capitalino. Entre simpatizantes de la Cuarta Transformación, Ramón se paró debajo del sol abrasador junto a su actual pareja, Aurelia Maldonado Maldonado, esperando que la cúpula lopezobradorista escuchara sus reclamos. 

Ella, que lo acompaña en sus protestas y que busca acompañarlo a Estados Unidos, da su versión del asunto: “Lo único que pedimos es que se haga justicia, porque la verdad está difícil. Únicamente lo que pedimos es que logre ir a ver a sus hijos, los pasaportes, es lo único que pedimos. No pedimos millones, como muchos lo hacen”. 

Aurelia también narra que Ramón ha instalado campamentos de protesta en el centro de la ciudad que han sido levantados por personal del gobierno capitalino. “Él va a buscar algo de comer y cuando regresa, ya le quitaron todo, su campamento, sus pertenencias, porque él tenía un negocio de vender donas”. 

Ella es la que carga la abultada carpeta donde contienen diversos documentos que narran algunos pasos de la búsqueda de Ramón para encontrar justicia en México. 

Entre los papeles se encuentra uno expedido por la Secretaría de Gobernación el 25 de abril de 2022 con el folio UDDH/911/DGAIAC/235/2022, donde se da acuse de las exigencias para que la instancia facilite los pasaportes para la solicitud de asilo. Además, hay un acuerdo firmado por Marisol López Núñez, representante de Adán Augusto. 

También contiene constancias de atención psicológica para trabajar “en los efectos del trauma producidos por la violencia y la vulneración sistemática a sus derechos humanos”. 

A estos se suman recibos de depósitos de ayudas realizadas por dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien le dio 735 pesos a Ramón por “derechos, productos y aprovechamientos”. Y otro similar por mil 470 pesos.

MÉXICO, UN PAÍS SIN JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE TORTURA

Laura Alor, perita en psicología criminal y forense del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, explica en entrevista para EMEEQUIS que “en esta administración no han mejorado (las oportunidades para personas víctimas de tortura)”. 

“Sigue siendo igual de peligroso; nos han matado abogados; a mí me han parado en retenes con armas largas, es muy intimidatorio”. 

Menciona que lo mejor que se puede hacer en un caso como el de Ramón es “una acción legal a través del ministerio o a través de la administración competente”, ya que la Comisión Nacional de Derechos Humanos “tiene un rezago de 10 años”, por lo que algunas víctimas “se cansan y abandonan el proceso esperando justicia”. 

Señala que pocos abogados quieren llevar casos de tortura: “Él mismo corre riesgo, está poniendo el enfoque en gente que quiere estar en el anonimato”. Recalca que muchas veces este tipo de represiones contra personas que buscan justicia por casos de tortura sufren más casos de violencia (muchas veces fatal) por parte de policías. 

En este contexto, la organización Causa Común registró que de enero a diciembre de 2022 hubo más de mil 793 casos de tortura en México. Algunos de los lugares con más casos de este tipo de crímenes son Baja California, Guanajuato, Michoacán, Morelos y el Estado de México. 

Ramón lleva casi 8 años de su vida en la búsqueda de justicia, lo que ha mermado su salud física y mental. Continuamente denuncia a través de mensajes, llamadas y protestas físicas las migajas que las instancias gubernamentales le dan para atender su caso. Desde un pequeño cuarto en la Ciudad de México, pide que no se olviden de él. Y a quien da eco de su caso, siempre le agradece: “Gracias y que Dios lo bendiga”, pese al miedo, pese a la impunidad. 

 @Ciudadelblues 

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