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Casi no hay registros de compras o contratos en los primeros cinco meses de gobierno de Manolo Jiménez. Foto: Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– El gobierno del priísta Manolo Jiménez Salinas en Coahuila no es de este mundo: vive de milagro. No hace obras ni necesita insumos para su funcionamiento cotidiano, ya que no compra ni contrata bienes ni servicios.
Al menos eso es lo que podría pensarse en caso de dar crédito a los registros de transparencia de las dependencias que conforman el gabinete legal del mandatario coahuilense, pues en su mayoría reportan que, hasta la fecha, después de cinco meses de operación, no han efectuado adquisiciones no contracciones de ningún tipo.
De las 15 dependencias que conforman la estructura principal de esa administración, tres reportan cinco registros de compras en 2023, y ninguna de 2024, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), mientras que en la plataforma del gobierno estatal, denominada “Coahuila Transparente”, sólo tres de ellas reportan contratos, de acuerdo con una revisión efectuada por EMEEQUIS.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM), la Secretaría de Educación (SEDU), la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIR), la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos (SECTUR) y la Secretaría de la Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT) no reportan contrataciones en el sitio estatal de transparencia.
En su lugar ofrecen un documento en el que acuden a argumentos como: “hasta la fecha no hemos efectuado adquisiciones”, “no hay contratos concluidos”, “no se han realizado adjudicaciones”.
La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS) y la Secretaría de Economía (SEC) remiten a la página de la Secretaría de Finanzas (SEFIN).
Las dependencias del gabinete legal que sí reportaron contratos en los últimos cinco meses son tres: la Secretaría de Cultura (SC) y la Secretaría de Secretaría de Salud (SS), en mayor número; y SEFIN, un puñado de sus propios procesos, aunque incluye de otras dependencias.
De estos últimos, es preciso señalar que en los dos primeros casos no hay acceso a ningún soporte documental que compruebe los consignado, son sólo páginas de Excel en los podrían ponerse esos datos como cualquier otro; y en el tercero sí hay enlaces web a Compranet, pero no específicamente al procedimiento que se consigan en la sábana de Excel, sino a página de inicio de la plataforma de compras federales.
Hay una quinta dependencia que supuestamente comparte la información de sus contrataciones, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, pero los archivos que comparte en su enlace están dañados y no pueden abrirse porque se descargan de manera incompleta, de manera que, de cualquier forma, tampoco hay transparencia en las adquisiciones.
Algunas dependencias aclaran que no tienen atribuciones para efectuar contrataciones: la Secretaría de Trabajo (ST), la Secretaría de las Mujeres (MUJERES), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).
¿CONTRATACIONES? “A ESO NO LE HACEMOS”
En los enlaces de adquisiciones o contrataciones de las páginas de las dependencias del gobierno de Coahuila a las que remite su sitio de transparencia, aparece una advertencia apenas al abrir las web:
“Debido al inicio de la Gestión 2023 – 2029 en la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, la información se encuentra en permanente actualización por lo que puede presentar variaciones”.
Sólo que dicha gestión empezó hace cinco meses, por un lado, y por otro, los registros de diciembre eran aún más parcos.
A la fecha, lo corriente en las dependencias de la administración manolista es negar que efectúen contrataciones. Por ejemplo, la SEGOB presenta un documento fechado el primero de abril que permanece a la fecha, con la leyenda: “Por el momento la Secretaría de Gobierno no ha realizado procedimientos de compra por adjudicación directa, invitación restringida o licitación”.
Es el mismo caso de la Secretaría de Educación (SEDU), que con fecha de 8 de abril pasado, indica: “De acuerdo con la información proporcionada por la Subdirección de Adquisiciones, se informa que a la fecha la Secretaría de Educación no se ha llevado a cabo ninguna adjudicación directa, invitación restringida y licitación”.
La SMA enlaza a un excel en el que advierte, al primero de mayo: “A la fecha, esta secretaría no ha realizado procedimientos de contratación en ninguna modalidad”.
En el caso de la SEFIRC, su aclaración es del 22 de abril de 2024, e indica: “A la fecha de la presente nota esta Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas no cuenta con un proceso concluido de adjudicación directa, invitación restringida y licitación”.
Algo semejante consigna SECTUR, sólo que desde el 22 de marzo: “A la fecha de la presente nota esta Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos no cuenta con un proceso de adjudicación directa, invitación restringida y licitación.”
La Secretaría de la Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT) indica: “Durante el presente año, esta Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial no ha llevado a cabo ningún procedimiento de adjudicación, invitación o licitación de ningún tipo”.
El caso de la Secretaría de Fiscalización y Rendición es de antología, pues justifica: “A la fecha, la secretaría no tiene contratos concluidos”
Y por el estilo. Su obligación legal es actualizar la información cada tres meses. Es relevante aclarar el hecho de que en este sólo aborda las cabezas de sector. Pero son muchas más las dependencias que conforman la administración pública coahuilense.
SIN COMPROBANTES
De los tres sujetos obligados que sí transparentan sus contrataciones, una es la SC, cuya presentación consiste en una sábana de Excel con la enunciación de 41 contratos correspondientes a los tres primeros meses de 2024, sin que, en ningún caso, se presente enlace al repositorio documental relacionado, sin el cual, podría llevar los datos que incluye u otros cualesquiera, pues no pueden demostrarse.
En el caso de la SS, son 77 contratos correspondientes a la administración actual, es decir, diciembre de 2023, y el primer trimestre de 2024, presentados con las mismas características que los de la SC.
Y en el caso de la SEFIN, sólo incluye ocho contratos de la actual administración, todos de diciembre: tres de la SSP, dos del Centro Regional de Identificación Humana del Estado de Coahuila, dos de la Universidad Tecnológica de Saltillo, y uno es de la SEDU. En este caso, cada contrato enlaza a la página de inicio de Compranet. Y ahí búscale.
CON LA PROTECCIÓN DEL CONGRESO
Aunque siendo candidato prometió que su gestión sometería incluso la inversión pública a un supuesto “consejo ciudadano” para dar transparencia al gasto y ejercer una escrupulosa rendición de cuentas ante la sociedad, los primeros cinco meses del gobierno de Manolo Jiménez Salinas en Coahuila han sido marcados por la opacidad.
Al estilo del gobierno de AMLO, el gobernador priísta ha omitido el cumplimiento de las diferentes obligaciones de transparencia, comenzando por la omisión de la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
La situación de opacidad que despliega la administración estatal se enmarca en el contexto de una legislatura local dominada por la coalición (PAN-PRI-PRD) que llevó a Jiménez Salinas a la gubernatura.
Dicha coalición tiene 19 de los 25 diputados del Congreso de Coahuila (12 del PRI, 5 del PAN, 2 del PRD), y con frecuencia cuenta el apoyo de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), que tiene una diputación. La oposición reúne siete diputados: Morena 5, PT uno, y PVEM uno.
Por si fuera poco, hay dos carteras del gabinete del gobierno de Manolo Jiménez en manos de sus aliados: la Secretaría de Cultura, en manos del PAN, con Esther Quintana Salinas como titular, y Ángel Mahatma Sánchez, del PRD, en la secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
@estedavid
