La cuenta regresiva establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la regulación de la marihuana en México termina el 30 de abril del año entrante. Mientras tanto, Julio Menchaca, senador de Morena y presidente de una de las comisiones que está legislando sobre este asunto, asegura que ya pronto estará listo el dictamen sobre la Ley General para la Regulación y Control de cannabis.
“Nosotros esperamos ya tener muy afinado en este mes y en el siguiente un dictamen muy avanzado para poderlo estar poniendo a discusión y mandarlo a la Cámara de Diputados”, afirma en entrevista con EMEEQUIS el senador de Morena, quien preside la Comisión de Justicia.
En octubre de 2018, la Suprema Corte declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de la Salud que impiden el uso recreativo de la marihuana, que tiene un mercado potencial de siete millones de consumidores lúdicos, según Menchaca.
Meses más tarde, en febrero, la SCJN decretó que el último párrafo del artículo 235, el artículo 237, el 245 en la fracción I, el 247 en su último párrafo y el 249 debían declararse como inconstitucionales a nivel general, “por violación al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, previsto en el Artículo 1° de la Constitución”.
Para ello dio un plazo de 90 días al Congreso de la Unión, con la finalidad de que reformara el ordenamiento.
Con el objetivo de cumplir la orden de la SCJN, las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado realizaron un anteproyecto de Ley General para la Regulación y Control de Cannabis.
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Sin embargo, el tiempo no fue suficiente. El 31 de octubre venció el plazo que otorgó la corte para la discusión de este tema y el Senado no logró legislar a tiempo, por lo que pidió una extensión a la SCJN para agotar el procedimiento legislativo. La SCJN le concedió una prórroga única que vence el 30 de abril, fecha en que finaliza el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
CARRERA CONTRA EL RELOJ
—¿Ve posible que la legalización se logre antes del plazo que les puso la Suprema Corte?
—Sí, de hecho, estamos muy avanzados, pero son muchos aspectos los que faltan atender. Llevamos más del 90 por ciento estructurado, entonces, debemos estar en la posibilidad.
“Lo peor que podría pasar es que no hiciéramos algo y que simplemente se elimine la prohibición. No habría ningún control, ninguna campaña contra las adicciones, ningún beneficio fiscal, un marco para que los productores y los campesinos tuvieran mejor ingreso”.
PRODUCTORES NACIONALES
—¿Cómo será esta ley y qué propone?
—Nosotros hemos estado trabajando en la Comisión de Justicia, Salud, Seguridad Pública y Estudios Legislativos en un proyecto de ley que regule desde la producción, la certificación de las semillas hasta el consumo. Ese tema no es tan fácil, porque se trata de un psicoactivo, de una prohibición que tiene décadas, que va a cumplir cien años.
“Este proyecto establece, primero, que sea una participación importante de los nacionales, de los productores y de las empresas mexicanas. Limitar, de acuerdo con nuestros convenios y tratados internacionales, a la inversión extranjera”.
“Se han identificado los productos, a través de certificaciones y de un proceso de trazabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se sepa de dónde viene el producto. El estar protegiendo las semillas y a los productos nacionales, si no hacemos esto entraría marihuana de otros países y podría inundar no solamente el mercado nacional, sino que se podría estar generando todo un desorden.
“El sector más desprotegido y más vulnerable que ha tenido esa prohibición ha sido el sector campesino, ya sea por necesidad o porque han sido obligados por grupos criminales y están en la cárcel, han sido violentados o perseguidos.
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“En este dictamen estamos procurando que sea una forma de ingreso al sector agropecuario y al estado a través de los impuestos, pero que existan las reglas del juego para hacer uso de cannabis, como es en otros psicoactivos, en el caso del alcohol y el tabaco.
“Esto no quiere decir que el estado se vuelva promotor del uso lúdico, sino que se respete el derecho de las personas con la suficiente información por si desean consumir para una cuestión de disfrute personal, que se sepan las repercusiones y los daños que puede causar”.
HABRÍA INSTITUTO REGULADOR
—¿Cómo sería su regulación?
—Establecemos un control del estado a través de un Instituto Mexicano de la Cannabis, que sería el encargado de una serie de permisos y licencias, también estableciendo las condiciones para quien pudiera tener en su casa el número de plantas para un autoconsumo. Establecer las reglas de autoconsumo, pero sobre todo informar el daño que causa a menores de 25 años.
“Nuestra mayoría de edad en la legislación mexicana es a partir de los 18, pero antes de los 25, tanto el uso de cannabis lúdica, como el del tabaco, genera daño, incluso a veces severo, dependiendo del consumo de la constitución de las personas.
“Yo creo que debemos de dejar claro en la ley que sí, debe de haber ciertos controles, pero que el espíritu de la Corte es respetar el libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho que se ha hecho valer a través de cinco amparos en el mismo sentido y por eso la Corte va a declarar inconstitucional su prohibición”.
EL MERCADO DE CANNABIS
—¿Qué tan grande es el mercado de cannabis en México?
—Es una situación que genera una enorme cantidad de dinero. La prohibición que tuvo durante muchos años generó un mercado ilícito que generó violencia y crimen organizado en este país.
“Se presume que hay un mercado de siete millones de consumidores lúdicos en este país. Eso puede dar idea de lo que significa en términos comerciales y en paz y seguridad, es eso, sacarlo de la ilegalidad. En términos de una acción productiva, una generación de empleos, de bienestar a través de un ingreso lícito en el sector productivo.
“Aquí también hay un nicho de mercado muy interesante: el asunto textil o industrial, que puede ir desde el hilo, la tela, diversos productos hasta pilas, porque es un buen conductor de electricidad el cáñamo, hasta atender una serie de enfermedades en donde hoy algunas familias o muchas, están requiriendo de importar productos derivados del cannabis.
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“Esto tiene un costo económico alto y una serie de trabas que se necesitan hasta este momento, (e implica tener que) promover un amparo para poder importar porque está prohibido”.
—¿Quién la vendería? ¿dónde podría un ciudadano adquirirla?
—El proyecto señala que un Instituto Mexicano de la Cannabis puede otorgar los permisos. No se trata de monopolizar. Hay un proyecto en específico en la Cámara de Diputados que señala que sea un negocio monopolizado por el estado, pero en este proyecto que tenemos no.
“Debe de tenerse bien ubicado un expendio para producto lúdico con licencias, autorizaciones y, desde luego, con la participación de particulares”.
ACATARÁN ORDEN DE SCJN
—¿Qué opina con respecto a las declaraciones del presidente López Obrador, quien ha dicho que la legalización de la marihuana no es un tema prioritario para su administración?
—Es muy respetable la decisión del presidente y entiendo su preocupación, pero yo como abogado, y lo ha manifestado la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero), entendemos lo que puede significar un incumplimiento a una declaración de la Corte, entonces estamos actuando en consecuencia y con responsabilidad.
@vancg_