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Legisladores morenistas tienen prisa por sacar la reforma judicial. Foto: Cuartoscuro.com.
POR JUAN ORTIZ / LUPA LEGISLATIVA
EMEEQUIS.– La Reforma Judicial avanza con paso acelerado. El oficialismo acordó en el Congreso ampliar la discusión sobre la reforma al Poder Judicial, que planean concluir a mediados de agosto. A finales de ese mes, la Comisión de Puntos Constitucionales discutirá y, previsiblemente, aprobará el dictamen para su votación en las Cámaras del Congreso en septiembre.
A pesar de los reiterados llamados al diálogo por parte de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no debemos olvidar que esta reforma surge claramente como una revancha política contra el único Poder que no se ha doblegado a la voluntad del Ejecutivo: el Poder Judicial.
Recordemos el “buen entendimiento” entre la Presidencia y la Suprema Corte durante la gestión de Arturo Zaldívar, quien incluso gestionó asuntos en favor del Ejecutivo, según acusaciones presentadas ante el Consejo de la Judicatura Federal y denuncias públicas de presiones por parte de integrantes del Poder Judicial. Tampoco olvidemos que en la discusión de la primera Reforma Judicial, el Congreso concedió a Zaldívar una extensión de mandato de dos años, una medida que luego fue anulada por la misma Corte.
El cambio significativo llegó con la ministra Norma Piña, quien asumió la presidencia de la SCJN con una carrera judicial de más de tres décadas. Su llegada marcó un punto de inflexión, simbolizado por un gesto mínimo pero polémico: no levantarse en una sesión solemne por el aniversario de la Constitución, lo que desató la ira del Ejecutivo.
Bajo su presidencia, la Suprema Corte ha tomado decisiones significativas contra proyectos legislativos prioritarios impugnados por la oposición, incluyendo el Plan B, la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena y cambios a la Ley de la Industria Eléctrica.
Estas decisiones, junto con mandatos al Congreso para cumplir con responsabilidades como los nombramientos del INAI, han convertido al Poder Judicial en el nuevo adversario del gobierno actual, transformando al Legislativo en un campo de batalla.
Este contexto ha llevado al oficialismo, mediante el Congreso, a tomar represalias. Como recortes de más de 6 mil millones de pesos al presupuesto judicial para 2024, el más bajo del sexenio, y a la extinción de 13 fideicomisos judiciales—una medida actualmente detenida por una suspensión definitiva. Además, se aprobó una reforma que obliga al Poder Judicial a pagar por sus servicios de correos y telégrafos, un golpe financiero considerable.
Y justo antes de finalizar el último periodo ordinario de sesiones, se aprobó una reforma a la Ley de Amparo que elimina la capacidad de las suspensiones judiciales de tener efectos generales y restringe severamente la facultad de los jueces de otorgar dichas suspensiones, incluso cuando su negación podría resultar en un daño grave al interés social.
Con la reciente victoria abrumadora de Morena, PT y PVEM el pasado 2 de junio, las posibilidades de una nueva Reforma Judicial son altas, contemplando cambios como el voto popular para la designación de jueces, magistrados y ministros, la disminución de cargos judiciales así como la sustitución del Consejo de la Judicatura por una Tribunal de Disciplina Judicial.
Es innegable que hay un problema de acceso a la justicia en México, en dónde ocupamos el segundo lugar entre los 59 países con mayor impunidad según el Índice Global de Impunidad de 2020. En un país dónde la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en México es de apenas 1%, de acuerdo con la organización Impunidad Cero.
Sin embargo, la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, inspirada en un modelo boliviano que ha convertido a los miembros del Poder Judicial en burócratas del poder en turno, no es la solución.
Para hablar de una verdadera Reforma de Justicia, debemos abordar los problemas en los tribunales locales, la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las policías de los estados. Estos son los eslabones más débiles del ciclo de justicia en México, y cualquier reforma que no los considere será incompleta e ineficaz.
Por ejemplo, en los tribunales locales, a menudo sobrecargados y con recursos limitados, enfrentan enormes desafíos para administrar justicia de manera eficiente y equitativa. La falta de capacitación adecuada, la corrupción y la injerencia política son problemas persistentes.
Las fiscalías tienen la responsabilidad de investigar y perseguir delitos, pero a menudo se ven obstaculizadas por la falta de recursos, la corrupción y la presión política. Estos problemas impiden la realización de investigaciones exhaustivas, lo que resulta en casos mal construidos que no pueden sostenerse en juicio. La corrupción interna y la presión política a menudo desvían las investigaciones o protegen a los culpables, dejando a las víctimas sin justicia.
Por último, pero no menos importante, las policías locales juegan un rol central en el mantenimiento del orden y la seguridad. Sin embargo, muchas fuerzas policiales en México están plagadas de problemas como la corrupción, la falta de capacitación y la insuficiencia de recursos. Esto alimenta un ciclo de impunidad, donde los delitos no se denuncian o no se procesan correctamente, perpetuando la inseguridad y la desconfianza en las instituciones de justicia.
No se necesita una Reforma Judicial, sino una Reforma de Justicia. La reforma actual, como se proyecta, resulta más una vendetta política que una solución a los problemas de justicia en el país. Es necesario que, como sociedad, exijamos reformas verdaderamente orientadas a mejorar el acceso a la justicia y a reducir la impunidad, en lugar de permitir que se utilicen como herramientas de control político.
@Juan_OrtizMX
