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CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Viene un cambio profundo para el INE. La movilización del domingo logró detener la reforma Constitucional que trastocaría las reglas del juego democrático, pero el presidente de la República tiene toda la fuerza para ahogar a las autoridades electorales y ya anunció que lo hará.
Al mandatario le explicaron de los riesgos que implicaba el esquivar el texto constitucional y optó por un cambio en la táctica, no en la decisión estratégica de capturar al árbitro de las elecciones.
En efecto, de prosperar la idea de elección popular de consejeros y magistrados, cualquier contienda estaría en entredicho y sujeta a impugnaciones inclusive de amparo, además de que se habría transitado por una ruta cargada de obstáculos y riesgos.
El proyecto, sin embargo, no está descartado, es solo una pausa, ya que el presidente de la República extrajo una lección de lo ocurrido y por ello pidió, a sus seguidores, “que cuando se vaya a votar por presidente, se vote también por los legisladores, si se quiere tener un presidente que transforme, que defienda al pueblo”.
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Reafirma que a su bancada como una herramienta y a la oposición como un obstáculo. No quiere moderación porque esto le impediría consumar su proyecto. El 2024 no es una meta, es solo una estación en la lógica de la 4T.
Por lo pronto, la propuesta, las líneas que quedan del Plan B, se dirigirán a la reducción del financiamiento y la restructuración administrativa del INE. El daño puede ser profundo a nivel operativo.
Además, el calendario juega a su favor, ya que, en abril del próximo año, se tendrá que designar a cuatro consejeros electorales, lo que dotará al INE de un equilibrio distinto al que ahora impera.
La ley establece ciertos candados, como la conformación de un Comité Técnico que se encarga de seleccionar a los perfiles adecuados. Es un filtro, pero los integrantes de este órgano son decididos por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la CNDH y el INAI.
Es poco probable que Morena busque un acuerdo para esas posiciones. El INAI puede nombrar a técnicos y especialistas que ayuden a la promoción de los candidatos adecuados y en lo que respecta a la CNDH no se puede esperar que actúen de modo independiente, porque en los hechos son ya una rama del poder ejecutivo.
La tentación de colocar a quienes son afines al partido más fuerte siempre está presente y en el pasado esto también ocurrió, pero ojalá todavía impere una cuota de responsabilidad y de visión de Estado en los legisladores.
De ese proceso surgirá, quizá, quien encabece al INE para la elección del 2024.
Pero antes de que esto ocurra, vendrá una reestructuración de las tareas administrativas, que seguramente se hará sin diagnóstico y más con un afán destructivo que de propuesta de mejoría.
Áreas como las de fiscalización y capacitación están en un riesgo inmediato, pero nadie puede descartar que los machetazos terminen por impactar en la elaboración del padrón electoral y de las credenciales.
Sería ingenuo pensar que no se hará, cuando ya hay pruebas más que palpables de que no se detienen cuando existe la instrucción de proceder a los recortes.
Se le pegará al sistema profesional de carrera, que es la piedra de toque, porque son sus integrantes los que cuentan con las capacidades técnicas de organización, las que son indispensables para que los comicios se llevan a cabo sin contratiempos mayores.
La oposición (PAN, PRI, PRD y MC) actuará unida para tratar de impedir que esto se consume, por la vía de las leyes secundarias, pero el bloque oficialista cuenta con los votos requeridos para actuar en consecuencia.
Será un golpe a la democracia, no del tamaño del que se pretendía, pero parece a estas alturas inevitable. Por supuesto que existen rutas legales e inclusive de denuncia internacional, pero esas no hacen mella en la 4T, porque no les importa.
Por desgracia, la democracia no tiene un Plan B contra las pulsiones internas que la corroen. Su estructura está montada bajo la idea de que imperará la buena fe, y esto no es así.
Jacqueline Peschard señaló que estamos ante “una auténtica contrarreforma, porque pretende disminuir el andamiaje electoral construido en las últimas tres décadas que ha mostrado ser capaz de organizar elecciones justas, libres y disputadas”.
@jandradej
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