SOBRE EL AUTOR
David Colmenares, auditor superior. Foto: Cuartoscuro.com.
Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa
EMEEQUIS.– AMLO ha disfrutado de un escenario donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestra una postura sumisa. En su sexenio, hemos observado una notable disminución en el monto de recursos públicos recuperados, así como una reducción drástica en el número de denuncias presentadas por la ASF. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿A quién beneficia realmente esta situación? ¿A ti o al gobierno?
Entre las principales responsabilidades de los diputados se encuentra la supervisión del gasto público, tarea en la que se apoyan en la ASF. Este órgano técnico especializado actúa como el brazo derecho de los legisladores para garantizar la correcta utilización de cada peso del presupuesto federal.
La selección de su titular, quien ocupa el puesto por un periodo de ocho años, recae en la Cámara de Diputados y requiere de una mayoría calificada. Desde 2018, David Colmenares lidera la ASF, respaldado por un consenso político entre el PRI y Morena.
Con su llegada, la capacidad de la ASF para recuperar fondos ha disminuido significativamente. Si durante el sexenio anterior se lograron recuperar 25,365 millones de pesos, bajo la administración actual, esta cifra ha descendido a menos de la mitad en cuatro años, sumando apenas 9,817 millones de pesos.
Otro aspecto crítico es la facultad de la ASF para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República por irregularidades graves. Durante la gestión de Colmenares, el número de denuncias ha alcanzado mínimos históricos, pasando de 692 en el sexenio de Felipe Calderón a tan solo 20 en los primeros cuatro años del gobierno de López Obrador.
La presentación del último informe de la Cuenta Pública 2022 solo confirma esta tendencia sumisa hacia el actual gobierno.
En dicho informe se han señalado irregularidades como los 283 millones de pesos sin justificar en la CONADE bajo la gestión de Ana Gabriela Guevara, los 116 millones de pesos en Diconsa relacionados con el uso indebido de combustible para vehículos privados, los desvíos por 545 millones de pesos en el Instituto Nacional de Migración, o el daño financiero de 29 millones de pesos en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, entre otros casos ya reportados por EMEEQUIS.
A pesar de las significativas observaciones, ningún hallazgo en la Cuenta Pública 2022 ha derivado en denuncias formales. Todo esto es una señal de alerta sobre la urgencia de recuperar la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que sea verdaderamente autónoma, seria y responsable.
No podemos permitir que se repitan situaciones como la ocurrida con la revisión del Aeropuerto de Texcoco, donde un simple señalamiento del Presidente respecto al análisis del costo de cancelación, de 331 mil millones de pesos, fue suficiente para dar por concluida dicha auditoría de desempeño, sin que se derivaran mayores consecuencias
La transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales para el fortalecimiento de la democracia y la eficiencia en la administración de los recursos públicos. Una ASF autónoma garantiza que el escrutinio del gasto público se realice sin sesgos políticos, asegurando que cada peso destinado a programas y proyectos sea invertido de manera efectiva y con el propósito de maximizar su impacto en el bienestar social.
La autonomía de la ASF no solo refuerza la confianza en las instituciones, sino que también contribuye a la prevención de la corrupción, el despilfarro y la mala gestión de los recursos. El liderazgo de la ASF debe tener la independencia política para actuar conforme a los principios de objetividad y justicia, sin importar las presiones o intereses de grupos de poder.
En el contexto de las elecciones de 2024, es crucial que Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, y Jorge Álvarez Máynez, consideren en sus plataformas electorales la importancia de reforzar la vigilancia en el gasto público a través de una ASF autónoma.
En 2026 habrá de llegar la siguiente persona encargada de dicho organismo. La ASF no debe ser vista como un ente de confrontación, sino como un aliado estratégico en la lucha contra la corrupción y el mal uso de los fondos públicos.
El llamado a estas candidaturas para que prioricen la fortaleza institucional de la ASF en sus programas de gobierno es más que un asunto de política fiscal; es una cuestión de visión de estado y responsabilidad social.
Un compromiso claro y decidido con la autonomía de la ASF por parte del futuro liderazgo del país será un paso significativo hacia una administración pública que realmente sirva a los intereses de la ciudadanía, fomentando una cultura de rendición de cuentas y transparencia que debe prevalecer en todos los niveles de gobierno.
Este es el camino hacia un México donde el manejo del gasto público se realice con la mayor eficacia, eficiencia y equidad posible.
@Juan_OrtizMX
