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Amnistía y control político 

Con la Ley de Amnistía… ¿Estarán meditando en liberar a José Luis Abarca o algunos de los pocos implicados que quedan en prisión por el caso Ayotzinapa?

4 / 25 / 24

El presidente tendrá poderes extra para liberar inculpados que podrían aclarar el caso Ayotzinapa. Análisis de Julián Andrade.

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– El presidente López Obrador, a unos meses de terminar su mandato, contará con un poder extraordinario: decidir sobre la libertad de inculpados en delitos graves, como desaparición forzada, homicidio, secuestro, extorsión o los que se sumen, ya que la Ley de Amnistía lo faculta para ello sin trámite alguno. 

El pretexto es “encontrar” a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, porque en teoría, algún personaje al que se le ejercitó acción penal o está sujeto a proceso tendría la información para lograrlo. 

López Obrador no quiere interferencia alguna del Poder Judicial ni del Legislativo en situaciones que, por su relevancia, permitirán extinguir los delitos a cambio de la verdad.

Es evidente que nadie en lo particular cuenta con la información para resolver el caso Ayotzinapa. Los estudiantes están muertos y en la Fiscalía General de la República (FGR) lo saben, entre otras cosas porque utilizaron a los implicados en los hechos para intentar edificar la teoría del crimen de Estado con el involucramiento de altos mandos del Ejército y de la Policía Federal y no pudieron. 

Ayotzinapa es un proceso complejo, que no tiene una línea de explicación sino varias, y que no habrían sido posibles sin el nivel de descomposición política en el que se encontraba el municipio de Iguala, donde el alcalde era parte del grupo criminal de los Guerreros Unidos.

¿Estarán meditando en liberar a José Luis Abarca o algunos de los pocos implicados que quedan en prisión, porque decenas ya están libres por la incompetencia de la FGR? ¿Cuál será la gran historia que propicie el olvido de sus fechorías? 

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En nuestro país, la amnistía se ha utilizado para resolver conflictos del orden político, pero a diferencia del indulto, requiere o requería, de la participación del poder legislativo. 

Así fue con las leyes que decretaron Lázaro Cárdenas en 1937, Manuel Ávila Camacho en 1940, José López Portillo en 1978 y Carlos Salinas en 1994. 

En particular estás dos últimas, tuvieron el objetivo concreto de propiciar un ambiente en el que la izquierda participara en la Reforma Política y en el otra, para que el EZLN entrara en un esquema de negociación con el propósito de detener la violencia en Chiapas y de darle cauce a las demandas legítimas de los sublevados.

Hay que destacar que siempre se cuidó lo referente a los delitos de sangre, ya que se aceptaba que esos requerían de castigo legal en todo momento. 

Lo que no había ocurrido, es legislar para que un presidente de la República, sin control judicial o legislativo, proceda a la liberación de delincuentes que pueden ser hasta los más peligrosos. 

Un aspecto crucial, es que se puede afectar a las víctimas, aunque en la exposición de motivos que redactó el senador Ricardo Monreal, trató de establecer el derecho a la verdad sobre los de la propia justicia a quienes sufrieron un acto criminal en su contra. 

Sostienen que es justicia transicional, pero no, es otra cosa, es un paso más en el afianzamiento del control político, pero en un área que había estado vedada. 

En realidad, nos encontramos ante la sofisticación de la figura de testigo colaborador o protegido, aunque ya con la barrera de la inmunidad absoluta. 

Es también la renuncia, adelantada, a las investigaciones de calidad en los expedientes de alto impacto. La Ley de Amnistía es también, una descalificación absoluta a las áreas de procuración de justicia. 

Sería ingenuo no advertir la peligrosidad que esto puede significar para el Estado de Derecho o el debido proceso, ya que los delincuentes redimidos por la voluntad presidencial, de cualquier titular del Ejecutivo a partir de ahora, tendrán muchos incentivos para mentir a cambio del borrón y cuenta nueva. 

LAS VÍSPERAS DEL 2024

Hay que poner atención a lo que ocurre en Xochimilco. Gabriel del Monte es el candidato de la coalición Va por la Ciudad de México a la alcaldía. Candidato sin militancia partidista, compitió en 2018 de manera independiente y se quedó a mil votos del triunfo. Es un empresario que conoce como pocos Xochimilco, donde ha hecho trabajo social desde hace siete años. Sus principales preocupaciones son la seguridad pública, cuidado del agua y medio ambiente.

En un mes de campaña ha recorrido toda la alcaldía, donde la gente le ha contado de las omisiones y el olvido de las autoridades actuales y en particular de Juan Carlos Acosta, el alcalde, un lastre para Morena y para la candidata Circe Camacho.  

@jandradej

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SOBRE EL AUTOR

Julián Andrade



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