SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– La cultura de la línea se ha impuesto sobre la naturaleza de las carreras políticas de los diputados morenistas. A pesar de que las asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales (ONG) han formado parte de las trayectorias del 25.24% de los legisladores de la bancada guinda en San Lázaro, dicho grupo parlamentario ha impulsado políticas que limitan su capacidad de operación .
Una revisión de EMEEQUIS a las trayectorias de los legisladores demuestra que 51 de los 202 diputados federales morenistas han creado, pertenecen o han formado parte de organizaciones civiles de diversas orientaciones.
Esto es común en militantes del partido fundado por el presidente, pues hasta Mario Delgado, líder nacional de Morena, tiene ese tipo de membresías en su hoja de vida.
La actividades de dichas organizaciones van de asistencia privada hasta la gestión comunitaria y de subsidios sociales, pasando por asociaciones ocupadas en la fiscalización de actividades del gobierno, promoción de la transparencia, defensoras del ambiente, protección animal, de ayuda a la niñez, defensa de derechos de género y promoción derechos a la salud, entre otros ámbitos de actividad social.
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No obstante, la bancada morenista ha impulsado una agenda de políticas contrarias de ese tipo de agrupaciones ciudadanas, para plegarse al discurso de Andrés Manuel López Obrador, adverso a las organizaciones de la sociedad civil.
Muestra mayúscula de ello fue la aprobación que esta semana impusieron los morenistas en la Cámara baja, del tope a las donaciones económicas susceptibles de deducción fiscal que las personas físicas pueden hacer a organizaciones civiles, dentro de la Miscelánea Fiscal 2022 enviada desde Palacio Nacional.
De acuerdo con estimaciones surgidas en la discusión legislativa, la medida impulsada por Morena afectaría al menos a 5 mil ONG, que dejarían de percibir alrededor de 8 mil millones de pesos de sus donantes.
RETROCEDE PERFIL CIUDADANO EN MORENA
En la legislatura pasada, 162 de los 500 diputados federales pertenecían a alguna organización civil, 84 de los cuales eran morenistas, es decir, el 32.43% de los entonces 259 miembros de ese grupo parlamentario. Ahora, la proporción ha retrocedido en siete puntos porcentuales.
Entre los diputados que han creado, forman o han formado parte de organizaciones ciudadanas dedicadas a la asistencia privada, está Erika Vanessa del Castillo Ibarra, integrante de Promoción Popular Integral A.C (PROPOIN), y de Red de Adultos Mayores Participativos, organizaciones de asistencia social.
También Paola Tenorio Adame, fundadora del Asilo de Ancianos Asunción de María, y del Albergue Villa de Los Niños; Julieta Kristal Vences Valencia, integrante de Regeneremos México A.C., organización de asistencia social.
También Evangelina Moreno Guerra, integrante del consejo municipal del Frente Cívico de BC A.C, ha sido además fundadora, presidenta y directora general de Colina de los Ángeles A.C., vicepresidenta de Fundación Avanti. Fundadora, presidenta y directora general de Fuerza Calafia, A.C.
Está también Olga Juliana Elizondo Guerra, socia del Club de Leones Internacional Fundadores de Guerrero A.C.
Destacan además Marco Antonio Pérez Garibay, presidente de la Fundación Checo Pérez, padre del piloto de F1 del mismo nombre, así como Valentín Reyes López, presidente del Club de Leones de Tres Valles, Veracruz; y Martha Sosa Morales, colaboradora de la Asociación de Enfermos por Anaversa, en Córdoba.
GESTORES
Pero la mayor parte de los diputados morenistas con trayectoria en organizaciones sociales han preferido las dedicadas a la gestoría social y comunitaria. Entre ellas están:
Flor Ivone Morales Miranda, fundadora de Tequipan Socialmente Turística A.C., orientada a la asistencia de grupos vulnerables del sector turístico; y de Sociedad en Movimiento, en Xochimilco, dedicada a la asistencia social y gestión comunitaria.
María del Rosario Merlín García, dirigente (2018-) del colectivo de Organizaciones Solidarias A.C., gestora de subsidios sociales. Gestión económica y comunitaria; y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria.
Beatriz Dominga Pérez López, integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui; Martha Robles Ortíz, integrante de Unidad Nacional Impulsora de Apoyos y Derechos, encargada de gestión económica, jurídica, y comunitaria.
Azael Santiago Chepi, presidente (2013-2017) de Mi Palabra por Nuestros Pueblos, A.C.; Alfredo Vázquez Vázquez, miembro asesor (1995-) de la Asociación Rural de Interés Colectivo – Unión de Uniones (ARIC-UUID).
Aleida Alavez Ruiz, integrante de Comunidad participativa A.C., Comparte A.C., Nueva Tenochtitlan (gestión de vivienda), Asociación de Mujeres Benita Galeana y Frente Nacional Contra la Represión; gestión comunitaria, género y derechos humanos.
Alejandro Carvajal Hidalgo. Dirigente estatal en Puebla de El Barzón A.C., orientada a la gestión económica comunitaria; Joaquín Zebadúa de Alva, consultor de Semilla para el Desarrollo, A.C.
Armando Contreras Castillo, miembro del consejo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; Carlos López Guadarrama, integrante de la Unión Popular Revolucionaria
Emiliano Zapata (Uprez).
Julieta Andrea Ramírez Padilla, presidenta de Selider Mexicali (gestión social y comunitaria), de 2014-15; e integrante de la directiva de Todos Somos Mexicali A.C.; y Daniel Gutiérrez Gutiérrez, miembro fundador de la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Sur-Sureste (COSSSUR), socio del Colegio de Contadores Públicos de Oaxaca.
DEFENSORAS DE DERECHOS
En la bancada morenista de San Lázaro también hay quienes han dedicado parte de su vida a la defensa de derechos civiles: de minorías, de género, políticos; o en defensa del medio ambiente, la diversidad sexual, y de los derechos de los animales.
Entre ellos están Rosa María Gallardo Cabrera, cofundadora de Manzanillo Despierta, Hogar Temporal Lazlo, dedicadas a la gestión comunitaria y protección animal; Manuel Rodríguez González, presidente (2007-) de Función Vital Equilibrio por la Naturaleza, organización orientada a la gestión de recursos para la atención de la problemática ambiental.
Entre las legisladoras que han participado en organizaciones defensoras de género están:
Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, presidenta (2020-21) de la Asociación Civil Mujer Quetzal de Corazón; Brenda Ramiro Alejo, integrante de Mujeres al Grito de No Violencia A.C.; Maribel Aguilera Chairez, presidenta (2016-18) de Mujeres de México y el Mundo A.C.; Carla Yuritzi Almazán Burgos, integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa A.C.
En cuanto a la promoción de la diversidad sexual está María Clemente García Moreno, presidenta de Agenda LGTB.
En derechos de los animales, están Víctor Gabriel Varela López, integrante de la Fundación No Humanos, organización promotora de la defensa de derechos de los animales (protección y rescate animal).
Y en defensa de otros derechos: Fernando Marín Díaz, integrante de la Coordinadora Democrática de la Ciudad de México, AC; Pedro Serrgio Peñaloza, fundador de la Asociación México Negro A.C., organización en busca del reconocimiento de vertiente negra de los mexicanos; y Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, dirigente fundador de Todos Contamos A.C., “organización de observación ciudadana”.
EDUCATIVAS, ACADÉMICAS, PROFESIONALES,
En cuanto a organizaciones académicas, educativas, de gremios profesionales, organizaciones estudiantiles, y de divulgación, están:
Manuel Vázquez Arellano, presidente del Comité de Ciencia Política en la Escuela Normal de Ayotzinapa; Karla Estrella Díaz García, Integrante de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales A.C; Carlos Sánchez Barrios, secretario de Organización del Colegio de Economistas Guerrerenses, A.C.
Juan Domingo Romero Ruiz, presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí y vicepresidente del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y de Finanzas Públicas A.C.
Brenda Espinoza López, promotora del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de la UAM – Iztapalapa, promoción y defensa de derechos estudiantiles, integrante de la Fundación Andrés Reyes A.C.; Jaime Humberto Pérez Bernabé, dirigente de Unidad Estudiantil Papanteca, promotora de derechos estudiantiles.
Entre ellos se encuentran también Rafael Hernández Villapando, promotor de la Fundación de la Universidad Veracruzana, Asociación Civil, orientada a la gestión educativa.
Hirepan Maya Martínez, vicepresidente de la Fundación Cultural Ramón Martínez Ocaranza AC (2005-), que fue además jefe de Prensa de Luna Nueva A.C. (organización gestora de subsidios oficiales en proyectos culturales).
Irma Juan Carlos, vicepresidenta (1994-97) y secretaria de Conflictos (1997-2002) del Comitpe Estudiantil de la Sociedad de Alumnos (CESA) del Insituto Tecnológico Agropecuario n° 3 de Tuxtepec, Oaxaca; vicepresidenta del comité estudiantil (2004-05), en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATYE), en Turrialba, en Costa Rica, organización de promoción y defensa de derechos estudiantiles.
María Guadalupe Román Ávila, presidenta (2015-) de Movimiento Progresista Estado de México, organización de divulgación ideológica.
AMLO: ONG, “CONSERVADORAS”
Una muestra mayor de dicha agenda morenista, es la aprobación de la medida esta semana en San Lázaro, la cual limita la deducibilidad fiscal de impuestos sobre donaciones de personas físicas a dichos organismos.
López Obrador ha fustigado reiteradamente a organizaciones civiles como Artículo 19 o Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Ha apuntalado la idea de que se trata de organizaciones que responden a intereses extranjeros en especial a los Estados Unidos.
“Este organismo, México en favor de la corrupción. ¿Cómo se llama? Mexicanos contra la corrupción, mexicanos a favor de la corrupción, hicieron una denuncia de las 100 universidades porque ellos apostaron durante mucho tiempo a la privatización de la educación, deberían de ser sinceros”, criticó Obrador en febrero, respuesta a un reportaje de dicha organización que exhibía malos manejos de dinero en en el proyecto presidencial para crear dichas unidades educativas.
En marzo, al defender a la controvertida directora de Notimex, San Juana Martínez, arremetió contra la organización Artículo 19, a la que también acusó de recibir recursos del gobierno estadounidense: “Nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que sólo competen a México. Por qué critican a Sanjuana, tiene todo nuestro respeto, es una buena periodista”.
Para mayo ordenó a la cancillería emitir una nota contra la Embajada de EU por supuestamente financiar a esa organización que desempeña actividades periodísticas.
En agosto dijo: “Hay en Estados Unidos asociaciones, incluso del Gobierno de Estados Unidos, que le dan financiamiento a asociaciones no gubernamentales” en México.
Lo cierto es que hasta el presidente de Morena, Mario Delgado, ha pertenecido a organizaciones no gubernamentales. Fue miembro del Consejo para la Agenda Global de Urbanismo Del Foro Económico Mundial, Colegio Nacional de Economistas, encargadas de divulgación ideológica o programática, desarrollo y promoción gremial o grupo de desempeño.
Más aún, el vitalicio operador político de AMLO, René Bejarano Martínez, creó una organización denominada Movimiento Nacional por la Esperanza A.C., que “defiende los valores de la 4T”.
@estedavid
