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La historia negra del seguro popular: costó más de 1 billón de pesos de recursos federales

Creado por Vicente Fox, siempre estuvo rodeado de sospechas de malos manejos. Lopez Obrador cumple su promesa de ponerle cerrojo al programa estrella de su archienemigo.

Por Vanessa Cisneros
25 oct 2019

Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, en 2006, cuando el entonces presidente entregó una póliza del Seguro Popular en el Centro Ceremonial Otomí. Foto: Miguel Dimayuga / Cuartoscuro.com

En 2005 el Seguro Popular cubría 31 estados y recibía un presupuesto de la Federación por mil 936 millones de pesos. Trece años después se le otorgaron 122 mil millones del presupuesto federal. 

 

En total, los mexicanos pagaron por este programa de seguridad social 1 billón 379 mil 645 millones de pesos provenientes de recursos federales, un monto similar a la deuda del Fobaproa, en medio de sospechas de malos manejos que siempre lo acompañaron a lo largo de tres sexenios. 

 

Entre 2005 y 2018 el presupuesto que recibía de aportaciones federales creció en un 700 por ciento, de acuerdo con datos de los Presupuestos de Egresos de la Federación de esos años. A la par, el número de personas afiliadas también aumentó en un 369 por ciento, según el padrón de beneficiarios de este programa. 


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Estos aumentos sucedieron en medio de acusaciones por desvios de recursos y la inhabilitación de un comisionado nacional de ese programa. 

 

Cuando Andrés Manuel López Obrador anunció el fin del Seguro Popular, en una de sus primeras conferencias de prensa, el 14 de diciembre del año pasado, el mensaje tuvo una respuesta virulenta de Vicente Fox, en cuyo sexenio se creó este programa. 

 

“El llamado Seguro Popular es evidente que no ha funcionado, que ni es seguro ni es popular y va a ser sustituido por un sistema de salud que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos”.

 

En su cuenta de Twitter, red social de la que es asiduo, Fox respondió: “Desaparecer al Seguro Popular es otra terquedad, dejando fuera a más de 50 millones de afiliados, ignorancia total del sistema”. 

 

La promesa de López Obrador de ponerle capítulo final al programa insignia de su archienemigo Fox comenzó a materializarse este jueves, cuando el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Salud que elimina el Seguro Popular y en su lugar crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), con una votación de 290 a favor y 65 en contra (42 abstenciones). Ahora pasará al Senado para su votación. 

  

SU CREACIÓN, PRESUPUESTO Y ABUSOS

 

El Seguro Popular apareció en el panorama nacional desde abril de 2003, cuando el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley General de Salud. Desde entonces, el gobierno implementó un sistema de protección social que tenía entre sus promesas cubrir las necesidades médicas de la población que no tenía acceso a atención hospitalaria del gobierno, como el IMSS o el ISSSTE

 

Arrancó en 2004 y para inicios de 2005 este seguro ya cubría a la población de 31 estados en el país y a medida de que más población se sumaba a él, los recursos que le destinaba la federación también crecían. 

 

Era el programa estrella de la administración de Fox. Pero también su lastre. 

 

Las dudas sobre su eficacia y sospechas de corrupción, no sólo en su gobierno, sino los dos siguientes, de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, siempre estuvieron presentes.

 

Un caso emblemático fue el de Juan Antonio Fernández Ortiz, el primer comisionado nacional del Seguro Popular. Fue señalado en 2007 por desvío de recursos e inhabilitado por la Secretaría de Función Pública hasta 10 años de la administración oficial. Se le multó además con 450 mil pesos por irregularidades en la credencialización, que tuvo un costo para el erario de 368 millones de pesos.  

 

Durante los últimos dos años de la administración de Fox los recursos que recibía este programa por parte de las aportaciones federales tuvieron un aumento del 785 por ciento, de acuerdo con los Presupuestos de Egresos de esos años. 


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En el presupuesto aprobado de 2004 se calculó que el rubro etiquetado para las acciones para la operación y regulación del Sistema de Protección Social en Salud ejercería mil 936 millones de pesos. En ese entonces se registraron 5.3 millones de afiliados.

 

Para 2006 el número de beneficiarios subió a 15.6 millones y el presupuesto que se aprobó para ejercerse subió a 17 mil 137 millones de pesos. 

 

DESVÍOS Y MÁS DINERO

 

El Seguro Popular se consolidó en el sexenio de Felipe Calderón: para 2012 un total de 52.9 millones de personas estaban afiliadas y el programa recibió 64 mil 202 millones de pesos de la bolsa destinada al sector salud en los recursos federales. 

 

David García Junco, quien fue comisionado nacional de 2011 a 2012, confesó en una entrevista que a la par que hubo un aumento considerable en el dinero para el Seguro Popular, también existían malos manejos de los recursos en muchas entidades. 

 

“Muchos de estos desvíos e ilícitos son producto de la mala fiscalización de estos recursos federales a los estados y de los estados mismos”, señala el texto. A pesar de ello, el funcionario se confesó atado de manos, pues su función no era la de fiscalizar el recurso público.

 

IRREGULARIDADES, TAMBIÉN CON PEÑA NIETO

 

Durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto este programa se mantuvo, pero no creció. El padrón de afiliados indica que en 2013 estaban registradas 55.6 millones de personas, mientras que para el 2018 había 53.5 millones. 

 

No obstante, el dinero que recibía del presupuesto federal aumentó: en 2013 recibió 66 mil 791 millones y en 2018 se presupuestaron 68 mil 974 millones de pesos. 

 

Oganizaciones civiles también alzaron la voz para señalar desvíos de recursos realizados durante esta administración. Hace un año, Justicia Justa e Impunidad Cero interpusieron 22 denuncias por el presunto desvío de recursos de 36 mil millones de pesos que estaban destinados a este y otros programas de salud. 

 

Después de analizar las cuentas públicas de 2012 a 2016, ambas Organizaciones No Gubernamentales denunciaron este hecho ante la Procuraduría General de la República (PGR). 

 

Los servidores públicos que presuntamente desviaron recursos federales pertenecen a las siguientes entidades: Ciudad de México, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco. 


@vancg_ 

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