SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– Al padre José Guadalupe Rivas Saldaña, párroco del templo de San Judas Tadeo en la colonia Cuauhtémoc de Tecate, Baja California, no podían reconocerlo. Los miembros de la diócesis de Tijuana que lo encontraron, dijeron a la prensa que estaba quemado “como por una explosión”.
Pero las autoridades determinaron que lo habían matado a golpes. También que había sido torturado. Fue la mañana el lunes 16 de mayo pasado cuando el personal diocesano se fue a buscarlo a la casa que arrendaba para pasar los fines de semana, en la zona de El Hongo, a unos 35 kilómetros a las afueras de Tecate, un polígono rural que se ha vuelto atractivo para hospedaje de recreo, balnearios y venta de terrenos para la construcción de casas de descanso, como el fraccionamiento rústico Las Misiones y el enclave hotelero de Hacienda Santa Verónica.
El padre no se había comunicado ni contestaba el teléfono desde el viernes. Encontraron su cadáver en el arrendamiento. Pudieron saber que se trataba de el religioso porque llevaba su identificación. En el mismo lugar hallaron otra víctima, aparentemente un trabajador del lugar, que tenía el rostro y el cráneo destrozados a golpes, y también quemaduras.
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El alcalde morenista de Tecate, Darío Benítez, se apresuró a declarar que el padre José Guadalupe no había sido asesinado, sino que había muerto por una explosión doméstica. Su correligionaria, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, salió a lamentar la muerte del religioso, prometió una “investigación contundente para que no quede en la impunidad”, y aprovechó para decir que “la incidencia delictiva ha bajado” en la entidad, a pesar de que las cifras oficiales indican lo contrario.
La Fiscalía General del Estado aclaró: fue homicidio. Y a mediados del mes pasado dio, por todo avance, la información de que había tres sospechosos, los últimos que vieron al sacerdote con vida, uno de los cuales ya había sido identificado.
Eso fue todo. No se supo más desde entonces, a pesar de que la Diócesis de Tijuana, la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), la Diócesis de Tijuana e incluso al Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) –de suyo tan reacia a intervenir públicamente en estos casos, bajo su actual administración– exigieron un pronta investigación.
El padre Pepe Lupe. Otro masacrado. Foto: Especial.
PASTORAL BAJO RIESGO
El padre José Guadalupe, de 58 años, originario de Torreón, Coahuila, había servido por más de 25 años en la Diócesis de Tijuana. Su feligresía le llamaba “el padre Pepe Lupe”. Desde 2021 dirigía la Casa del Migrante de Nuestra Señora de Guadalupe de Tecate, la cual reactivó después de dos años de haber suspendido su actividad.
Los apoyos que ese refugio humanitario recibía de la comunidad se acabaron por la pandemia de Covid, y el gobierno estatal, que también contribuía, durante el gobierno de Jaime Bonilla suspendió los recursos que le destinaba. Eran realmente magros, pero lo que sí constituía un apoyo relevante era la condonación del servicio de agua potable: 500 pesos mensuales. Bonilla suspendió ambos apoyos y dijo que, si gustaban, los migrantes se fueran al albergue estatal de Tijuana. La gobernadora Marina del Pilar tampoco quiso restituir los apoyos.
La Casa del Migrante ofrecía a los migrantes camas para dormir, agua, gas, alimentos, teléfono. En febrero de 2021, el padre Pepe Lupe consiguió reabrir el refugio, de cara a la llegada de la Caravana Migrante de ese año, y ante la crisis humanitaria suscitada por la política migratoria sostenida entre México y Estados Unidos en los años recientes.
El arzobispo Francisco Moreno Barrón acudió a la reapertura y bendijo las instalaciones. Dijo que el 65-70% de la población de Baja California es migrante, y que es fundamental apoyar al migrante para que este se sienta respetado y respete a la sociedad. El padre Pepe Lupe se mantuvo discreto en el evento, al que acudieron medios de comunicación.
De acuerdo con la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional (Aid to the Church in Need, ACN), la implicación de religiosos en actividades relacionadas con la protección y auxilio a población migrante en México, es factor de riesgo para los clérigos porque esas actividades afectan los intereses de las organizaciones criminales.
El apartado dedicado a México en el Informe 2021 de la ACNI sobre Libertad Religiosa en el Mundo, destaca que “para los grupos del crimen organizado los miembros del clero son lógicos objetivos de la violencia porque denuncian e informan de los abusos y los actos criminales”.
El informe analizó la evolución de la libertad religiosa en 62 países entre 2018 y 2021, y concluyó que en nuestro país “las evidencias indican que, aunque los ataques dirigidos concretamente contra sacerdotes no parecen estar motivados por la religión (negando así la idea de que el clero es víctima de persecución religiosa), secuestran y asesinan a sacerdotes debido a su labor pastoral, pues a menudo lleva implícita la defensa de los derechos humanos”.
El reporte global explica que en el caso mexicano “los sacerdotes y las monjas intentan proteger a sus comunidades, en concreto a los migrantes, que constituyen uno de los grupos más vulnerables a la explotación de los traficantes de personas y los cárteles de la droga”.
Lo peor, según la organización auspiciada por El Vaticano, que trabaja con comunidades cristianas en riesgo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, es que “no hay un registro sistemático de investigaciones policiales que puedan llevar a aplicar condenas legales”, de modo que “da la impresión de que los actos contra la libertad religiosa quedan impunes”.
En suma, concluye el informe, en México “la libertad religiosa es precaria”, y “la violencia restringe profundamente el ejercicio efectivo de la libertad de pensamiento, conciencia y religión”.
RELIGIOSOS ASESINADOS, SECUESTRADOS, AMENAZADOS
El obituario de sacerdotes asesinados bajo la era obradorista es una lista en constante crecimiento:
Padre José Martín Guzmán Vega, apuñalado en el templo de su parroquia de Cristo Rey de la Paz, ejido Santa Adelaida, de la diócesis de Matamoros, el 23 de agosto de 2019; José Guadalupe Popoca Soto, párroco de San Nicolás de Bari en Galeana, Zacatepec, Morelos, asesinado en su parroquia de un tiro en el cráneo, la noche del 30 de agosto del 2021; Gumersindo Cortés González, párroco de la Iglesia de Cristo Rey en Dolores Hidalgo, Guanajuato, asesinado a tiros el 28 de marzo de 2021, después de haber sido secuestrado el día anterior; Fray Juan Antonio Orozco Alvarado, muerto el 12 de junio de 2021 al quedar atrapado, con feligreses, en el fuego cruzado de dos grupos rivales del crimen; Javier Campos y Joaquín Mora, sacerdotes jesuitas asesinados por el crimen organizado en su iglesia el 20 de junio del 2022, en Cerocahui, Tarahumara, Chihuahua…
Si la lastimosa cuenta se amplía a sexenios anteriores las estimaciones llegan a un rango de entre 30 y 70 ministros de culto asesinados. Pero los homicidios sólo dan cuenta de una parte de la violencia contra las comunidades religiosas.
Por ejemplo, también hay desaparecidos: el sacerdote Santiago Álvarez, de la diócesis de Zamora, Michoacán, desapareció el 29 de diciembre de 2012, y el padre Carlos Órnelas Puga desapareció el 3 de noviembre de 2013 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de acuerdo con un reporte especial del Centro Católico Multimedial.
El informe de la AICN indica que, en efecto, el espectro de víctimas es también más amplio: “En México se sigue apreciando una violencia atroz contra sacerdotes, iglesias y creyentes. Esta violencia tiene numerosos motivos, entre los cuales se cuentan: el crimen organizado, disputas por la tierra, corrupción, extorsión y venganza”.
Por ejemplo, refiere, “en mayo de 2019 asesinaron a dos jóvenes en el aparcamiento de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Córdoba, en el estado de Veracruz. La Iglesia afirmó en un comunicado que ‘en Veracruz, la violencia no tiene límites, ni horas, ni lugares, ni respeto alguno por lo sagrado’. Ese mismo mes, unos desconocidos lanzaron una granada al patio de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Zacatecas, hiriendo de gravedad a cuatro niños”.
Los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. Foto: Especial.
USO POLÍTICO DE LA RELIGIÓN VULNERA DERECHOS
El informe de AICN refiere que el uso político de la religión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador amenaza también al ejercicio de la libertad religiosa.
El reporte reseña que “en julio de 2019, dadas las relaciones existentes entre las asociaciones religiosas y el Gobierno federal, la iglesia católica decidió no distribuir la Cartilla Moral, un documento de reflexión nacional sobre los principios y valores que promueve el gobierno, argumentando que ‘se tiene que reconocer y fomentar que la educación en valores es la tarea primordial de los padres’. Por su parte, la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas sí se unió al programa gubernamental”.
Recuerda que “el 1 de diciembre de 2018, cuando el actual presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, se celebró un acto público en Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, en frente de la Catedral Metropolitana y del Palacio Nacional, en el que representantes de los grupos nativos bendijeron al presidente. En esta ceremonia religiosa tradicional indígena, el presidente se arrodilló ante los representantes indígenas que rezaron por él a la Virgen de Guadalupe, le purificaron con copal y hojas de albahaca y le dieron un bastón de mando simbólico”.
“Es la primera vez –subraya la fundación pontificia– que un presidente mexicano se arrodilla ante los representantes de la comunidad indígena. Durante la campaña electoral y en conferencias de prensa diarias, el presidente ha hecho referencia a los símbolos religiosos, las enseñanzas del papa Francisco, e incluso al Evangelio (…). En marzo de 2020, el presidente, que constantemente ha minimizado la pandemia de la Covid-19 y sus efectos, mostró una estampa religiosa diciendo que era su ‘escudo protector’ contra las consecuencias económicas del coronavirus”.
Al respecto, el informe, difundido en el primer semestre de este año, concluye que “preocupa la relación adecuada entre el Estado y la religión, especialmente por el uso del lenguaje y los símbolos religiosos con fines políticos”.
Dicha manipulación de los conceptos, considera, contribuye a la violencia contra los religiosos: “Está creciendo la violencia contra los cristianos que denuncian o buscan proteger a los amenazados por los grupos criminales o los cárteles de la droga. Como consecuencia de las diversas protestas sociopolíticas, también han crecido los ataques contra los edificios de la Iglesia o su personal. Esto, combinado con la creciente instrumentalización política de la religión, indica que la libertad religiosa no ha mejorado respecto a informes anteriores; las perspectivas de futuro de este derecho humano siguen siendo negativas”.
@estedavid
