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Rutilio Escandón es un montaje, porque no gobierna, deja pasar los días y los meses, esperando que el mandato termine. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– El montaje más evidente en Chiapas es el gobernador Rutilio Escandón, quien ha dejado que los grupos criminales se disputen territorios y el control de los mercados ilegales en total impunidad.
Es un montaje, porque no gobierna, deja pasar los días y los meses, esperando que el mandato termine.
El desgobierno tiene consecuencias, algunas de fondo y otras cotidianas.
Claudia Sheinbaum, la abanderada de Morena a la presidencia de la República, lo vivió en carne propia, cuando un grupo de encapuchados le retuvo, brevemente, para decirle que se acuerde de los pobres y que ellos no son enemigos del gobierno.
El mensaje es tremendo y no por lo que expresaron, sino por lo que hicieron: llegar hasta la ventanilla de la camioneta de una política que, de ganar la contienda, será la presidenta de México. Estamos ante un acto de violencia simbólica.
El error de quienes la cuidan es evidente, aunque ahora digan que se cercioraron, nadie sabe cómo, de que los sujetos no estaban armados.
Lo ocurrido en Motozintla el domingo, es una de las pruebas más diáfanas de que hay zonas donde el control territorial lo detentan grupos armados.
¿Es Chiapas un estado fallido? Puede ser, o está en camino irremediable de serlo, como Guerrero y Zacatecas.
Por eso ahora, el control de los daños, que se impulsa desde Palacio Nacional, consiste en denunciar un supuesto montaje. El cuento de siempre, la excusa cada vez que se revela un asunto de gravedad e incompetencia.
Como se han empeñado en sostener que en Chiapas no pasa nada, que la situación es inmejorable, ahora tratan de salir del enredo por una puerta falsa.
Es como aquella novela de Leonardo Sciascia, “Las puertas abiertas”, donde un crimen perturba la tranquilidad aparente de Palermo, en Sicilia, porque el régimen de Mussolini no podía permitir que se derrumbara la idea de la seguridad que pregonaba.
Lo urgente, en todo caso, es que se tomen las medidas que sean necesarias para que no vuelva a ocurrir un incidente semejante en Chiapas ni en ningún otro lado.
Es inquietante la situación de violencia que ya marca a la contienda electoral, sin que se observe que se tomarán medidas al respecto.
Por desgracia, la negación de la realidad indica que, de nueva cuenta, no se hará nada, como no sea culpar a los adversarios que no tienen nada que ver en tan delicado asunto.
Desde 2021 hay evidencias claras de que el Cártel de Jalisco y el de Sinaloa estaban entrando una guerra que ha traído muerte y desplazamiento forzado en las comunidades, sobre todo en las más vulnerables.
El 5 de junio de ese año fue asesinado en Simojovel, Simón Pedro Pérez López, integrante de Las Abejas de Acteal, por denunciar la irrupción de un grupo criminal en el municipio de Pantelhó y un mes después también mataron al fiscal de justicia indígena, Gregorio Pérez Gómez.
El 8 de julio en Tuxtla Gutiérrez mataron al hijo de Ramón Gilberto Rivera “El Tío Gil” uno de los operadores de la organización de Sinaloa.
Estas señales de alarma fueron desestimadas y la descomposición continuó avanzando.
El 20 de septiembre de 2023, el Cártel de Sinaloa organizó un desfile en Motozintla con el propósito de mostrar el poderío de fuego y el respaldo social con que cuentan y tres días después hicieron lo mismo en Chamic, a 38 kilómetros de Frontera Comalapa.
En marzo de 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó el informe “Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado”.
Entre las conclusiones del estudio se señala: “estamos en medio de contexto de continuidad de la violencia generalizada, de guerras que lastiman a la humanidad. En Chiapas esto se refleja en una hondonada de interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados, y evidentes vínculos con los gobiernos y empresas.”
LAS VÍSPERAS DEL 2024
Américo Villarreal es otro mandatario que quiere escurrir el bulto en lo que respecta a la seguridad de quienes aspiran a un cargo de elección popular. Noé Ramos, quien buscaba reelegirse en Mante, Tamaulipas, y fue asesinado a cuchilladas, había solicitado protección, pero se la negaron con toda clase de argucias.
Ahora en la Fiscalía pretenden culpar por omisión y negligencia a los supuestos escoltas, que contrató la víctima, en lugar de enfocarse en ajustar protocolos que, es evidente, no están funcionando.
@jandradej
