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En el Senado Lilly Téllez participa en la discusión de Reforma de Pensiones. Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com.
Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa
EMEEQUIS.– La Reforma de Pensiones ha desatado una gran polémica, entre la promesa de garantizar pensiones del 100% y la controversia sobre la apropiación de ahorros no reclamados de trabajadores mayores de 70 años. Pero este debate también ha destapado una realidad más preocupante: la insuficiencia de fondos públicos del Gobierno Federal para financiar otros proyectos.
El presidente ha proclamado repetidamente que su administración ha logrado ahorrar cientos de miles de millones de pesos mediante la lucha contra la corrupción. Sin embargo, este dinero parece inexistente ante la incapacidad de asegurar una fuente de financiamiento constante y suficiente para sostener la prometida reforma de pensiones.
Y por ello, es esencial entender que, bajo la gestión de López Obrador, el gasto público ha superado significativamente los ingresos, resultando en un déficit que no se veía desde hace más de tres décadas.
Un ejemplo claro de este gasto lo encontramos en sus megaproyectos: el Tren Maya, cuyo costo se ha disparado de una proyección inicial de 120 mil millones de pesos a más de 500 mil millones hacia el 2024, y la Refinería de Dos Bocas, que escaló de un costo estimado de 8 mil millones de dólares a más de 18 mil millones según investigaciones periodísticas.
Además, en cinco años, Pemex ha recibido aproximadamente 944 mil millones de pesos en transferencias a través de la Secretaría de Energía, fondos que originalmente no estaban presupuestados para la petrolera.
¿Cómo se ha permitido este creciente gasto público en 5 años? No gracias a un presunto combate a la corrupción. La administración obradorista ha recurrido a diversas fuentes como fideicomisos, fondos de ahorro, subejercicios y deuda pública.
Por ejemplo, el gasto que ha dejado de ejercer el gobierno en rubros críticos. En 2023, se dejaron de utilizar 60 mil millones de pesos en el presupuesto destinado a la función de salud, abarcando instituciones como el IMSS, IMSS – Bienestar, ISSSTE, la Secretaría de Salud, Marina y Sedena.
En el ámbito de la seguridad, la situación no mejora. Se registró un subejercicio de casi 9 mil millones de pesos en áreas dedicadas a la prevención e investigación del delito. Además, la Administración del Sistema Federal Penitenciario también dejó de ejercer alrededor de 5 mil millones de pesos.
Respecto a los fondos de ahorro, en cinco años se utilizaron más de 300 mil millones de pesos de los Fondos de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) y de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). Además, la extinción de 109 fideicomisos públicos liberó otros 65 mil millones de pesos.
A medida que estos recursos se agotaron, la dependencia de la deuda pública ha aumentado, alcanzando niveles históricos. De hecho, en la reciente discusión del Paquete Económico, el Congreso autorizó al Presidente un techo de endeudamiento de 2.2 billones de pesos. En enero pasado, la Secretaría de Hacienda colocó bonos soberanos por valor de 7 mil 500 millones de dólares.
Este escenario plantea un dilema: mientras el Gobierno ha podido sortear los desafíos económicos de estos años, ahora se ve en la necesidad de hacer malabares financieros para sostener la propuesta de una pensión del 100%.
Entre las fuentes de financiamiento del llamado “Fondo de Pensiones del Bienestar”, se incluye el 25% de las utilidades netas de las entidades paraestatales sectorizadas en las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), que incluyen proyectos como el Tren Maya, Mexicana de Aviación, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Sin embargo, es importante señalar que estas entidades actualmente operan en déficit, lo que podría complicar la sostenibilidad de esta fuente de financiamiento. Recientemente, se reportó que la Sedena solicitó más de 20 mil millones de pesos adicionales para la adquisición de aviones, evidenciando la falta de rentabilidad de Mexicana.
También se contempla que el 75% de los ingresos que genere el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) contribuirá al fondo. Sin embargo, la variabilidad de estos ingresos, por su naturaleza ocasional y dependiente de procesos legales, plantea interrogantes sobre su fiabilidad a largo plazo.
Los recursos obtenidos de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) forman parte de las estrategias de financiamiento, aunque esta es una fuente no recurrente que no garantiza sostenibilidad futura, sin contar que se desconoce cuanto dinero se obtendrá de esto.
También se espera recaudar fondos mediante la venta de bienes inmuebles del ISSSTE entre 2024 y 2025. Sin embargo, es importante notar que también es una fuente no recurrente.
Finalmente, se estima que 40 mil millones de pesos podrían provenir de los ahorros para el retiro no reclamados de trabajadores mayores de 70 años, tanto en el sector privado formal como en el público, así como de sus subcuentas de Infonavit.
En general, estamos ante fuentes de recursos que no son recurrentes, y además insuficiente el tamaño de la promesa. Pero el Presidente López Obrador ya se va, así que será problema de alguien más.
Esta situación es un importante recordatorio para la ciudadanía: debemos aspirar a un Congreso diverso y plural. Un Congreso que no solamente sea un eco de las propuestas presidenciales, sino que actúe como un verdadero contrapeso, analizando críticamente cada iniciativa.
La función de un Congreso plural va más allá de la simple aprobación de leyes que proponga el Presidente. Su rol esencial es perfeccionarlas para asegurar que las disposiciones normativas no solo sean justas y equitativas, sino también viables y sostenibles a largo plazo. Al examinar minuciosamente las propuestas del Ejecutivo, un Congreso diversificado puede identificar y mitigar potenciales problemas antes de que se cristalicen en legislación.
La situación actual, marcada por un endeudamiento creciente y decisiones de gasto cuestionables, ilustra claramente los riesgos de un poder legislativo que no ejerce su capacidad de supervisión de manera responsable.
Los votantes deben estar informados y ser proactivos en exigir a sus representantes que no se limiten a ratificar decisiones unilaterales. Deben demandar un debate riguroso y una deliberación meticulosa que aseguren leyes que benefician al conjunto de la sociedad.
Dicho en otras palabras: un Congreso que desafíe, cuestione y refine las propuestas legislativas es indispensable para evitar errores que podrían tener consecuencias duraderas y perjudiciales para todos los mexicanos.
@Juan_OrtizMX
