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Una revuelta se gesta en la Guardia Nacional: ni contratan ni liquidan a expolicías

Cientos de expolicías federales quieren sumar su veteranía y conocimientos al nuevo cuerpo de seguridad del presidente, pero los militares les dan portazo y tampoco quieren darles su finiquito. El maltrato a los uniformados comienza a generar peligrosas molestias en la tropa.

Por REDACCIÓN EMEEQUIS
23 oct 2021

Protestas en Guardia Nacional
La Asociación Civil Ciudadanos Uniformados capta nombres de expolicías federales para ofrecerles ayuda. Foto: Graciela López / Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– La Guardia Nacional está por enfrentar un grave problema en sus filas, si los militares al mando no sacan la cartera y comienzan a pagar lo prometido.

Bajo las narices del general Luis Rodríguez Bucio, titular del cuerpo de seguridad creado en este sexenio, se está gestando una revuelta de entre 900 y mil expolicías federales que llevan cerca de dos años tocando la puerta para que los dejen combatir al crimen organizado y nadie les abre.

Esos uniformados inconformes acusan que no les han permitido integrarse a la Guardia Nacional porque se han opuesto a los abusos de los mandos, pero los argumentos que les dan para rechazarlos son otros, por ejemplo, que tienen tatuajes visibles o que tienen alguna condición de salud que supuestamente les impide realizar sus actividades, como diabetes o hipertensión.

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Resignados a que en esta pelea ellos son David y la Guardia Nacional es Goliat, han pedido que se les otorgue un finiquito llamado “compensación económica por conclusión de servicio” que se les debería pagar tras la extinción de la Policía Federal por órdenes presidenciales.

Sin embargo, esa prestación prometida no se les ha pagado y, según esos casi mil expolicías federales, no se les pagará jamás, de acuerdo con lo que escuchan desde las instalaciones de la Guardia Nacional.

El argumento para no entregarles ese cheque –al que tienen derecho– es que la institución no cuenta con los recursos suficientes… y que le hagan como quieran.

AL TAXI, A LA CALLE O AL CRIMEN

Sin empleo y sin finiquito, estos profesionales de la seguridad pública comienzan a desesperarse, mientras ven cómo los ahorros de toda su vida se están esfumando. 

“Estamos deseosos de ponernos a trabajar, de regresar a la calle a brindar seguridad a la ciudadanía, pero nos están cerrando las puertas con argumentos ridículos. Por ejemplo, a mí no me quieren contratar desde que desaparecieron mi plaza, ni liquidarme, porque tengo un tatuaje en el brazo”, asegura un expolicía federal.

Muchos se han tenido que autoemplear en el comercio en vía pública, como choferes de autos ajenos en aplicaciones como Uber, convertirse en repartidores de comida rápida o como auxiliares en bodegas o negocios pequeños.

Ellas y ellos son carne de cañón para el crimen organizado, que podría tentarlos con un sueldo y “prestaciones” –como pensión para sus familias o gastos funerarios en caso de muerte enfrentando a sus antiguos compañeros– para que se unan a sus filas y dejen de pasar hambre.

“Luego se quejan en el gobierno porque entrenan gente, la forman con conocimientos tácticos y terminan en el crimen organizado. No es mi caso, ni el de muchos compañeros que son leales a este país, pero también hay que decir que nos están llevando a pensar cosas en las que no queremos pensar por el bien de todos”, aseguró otro expolicía federal que busca regresar a sus labores de patrullaje.

Ese casi millar de expolicías federales están representados legalmente por un despacho conocido como Ciudadanos Uniformados A.C., que goza de gran popularidad entre los elementos que lograron pasar exitosamente de la policía civil a la guardia militarizada.

SOLIDARIDAD CON LOS INJURIADOS

Muchos de los expolicías federales que sí lograron llegar a la Guardia Nacional sienten cariño y lealtad a ese despacho legal, porque Ciudadanos Uniformados A.C. los defendió cuando fueron víctimas de abusos de los mandos, sobre todo cuando les han querido descontar arbitrariamente dinero de la quincena.

Así que, en realidad, la inconformidad de esos 900 o mil expolicías federales es mayor a la que parece. Y conforme pasan los días, la revuelta afuera de las instalaciones de la Guardia Nacional comienza a ganar terreno dentro de la tropa.

Dentro de la Guardia Nacional hay quienes están tan molestos con los finiquitos retenidos a sus compañeros que ya han comenzado a protestar por el abandono en el que están los exintegrantes de la Policía Federal. O, peor aún, hay quienes amenazan con un franco desacato.

A esa inconformidad se suma la molestia por la decisión de cerrar las puertas a elementos que ya tienen experiencia en el campo y que han demostrado querer ponerse el uniforme de vuelta.

Actualmente, la Guardia Nacional cuenta con poco más de 100 mil elementos, lo cual está lejos de la meta planteada para mitad de sexenio que era de, al menos, 150 mil gendarmes desplegados por todo el país.

Pero incluso con 150 mil integrantes, la Guardia Nacional se queda corta a la hora de reemplazar al número de policías municipales, estatales y federales con las que contaban con los gobiernos federales anteriores para pacificar al país.

MUCHO DINERO, PERO NO PARA FINIQUITOS

Los aumentos en el presupuesto de ese organismo de seguridad no han servido de mucho para elevar el número de nuevos reclutas: en 2020, su primer año de operación, la Guardia Nacional recibió 29 mil 286 millones de pesos y en 2021 se le asignaron 35 mil 671 millones.

El próximo año, el general Luis Rodríguez Bucio y sus mandos militares tendrán un presupuesto de unos 50 mil millones de pesos, de acuerdo con el plan económico enviado desde Palacio Nacional hacia el Poder Legislativo. 

Con ese aumento en el presupuesto, la Guardia Nacional buscará no sólo acercarse al personal que prometió el hoy gobernador de Sonora y primer secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno, Alfonso Durazo, sino también a la ambiciosa promesa que se fijó López Obrador de reducir hasta en 50% los niveles de criminalidad.

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También deberá resolver un grave problema que también tiene muy inflamados los ánimos entre la tropa: menos del 10% de los gendarmes cuenta con un certificado que avala sus habilidades, conocimientos y aptitudes como idóneas para hacer labores de seguridad pública.

Apenas unos 8 mil 500 elementos de la Guardia Nacional tienen vigente su Certificado Único Policial (CUP), un requisito mínimo que se había fijado en las pláticas previas a la creación del nuevo organismo de seguridad para supuestamente dar certeza de que los militares convertidos en gendarmes no cometerían abusos contra civiles.

Bien haría el presidente, dicen los inconformes, en echarle un ojo a por qué los militares de la Guardia Nacional dicen que no hay dinero para los finiquitos ni voluntad para incorporar a los policías más veteranos.

Si ignora la revuelta, después no podrá decir que nadie le advirtió sobre las señales de alerta ni podrá decirse sorprendido de por qué su gobierno no logró pacificar al país, una promesa sobre la que –él mismo lo dijo– depende el valor histórico de la llamada Cuarta Transformación.


@emeequis



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