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En el pasado Maru Campos denunciaba persecución política. Ahora la acusan a ella por lo mismo. Foto: Captura de video de conferencia de Cruz Pérez Cuéllar.
EMEEQUIS.– Ni tan en broma ni tan en serio, pero en círculos políticos de Chihuahua se comenta insistentemente que la gobernadora panista de esa entidad, Maru Campos, ya tiene su versión del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Quién sabe si sea cierto. El caso es que tras un sexenio en el que el uso político de la justicia ha sido denunciado insistentemente por la prensa y por la oposición a gobiernos de Morena, la mandataria panista parece haber cedido a la tentación de devolver a sus adversarios políticos la misma moneda.
Es la noción prevaleciente en el mundillo político tras la requisa del domicilio particular del alcalde morenista con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, que la Fiscalía estatal ejecutó con fuerza innecesaria, y sólo para desalojar a una mujer y a unos niños, únicos ocupantes del inmueble al momento del operativo ordenado por el Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín.
La operación ha sido rechazada dentro y fuera de Morena. En el partido oficialista han salido a condenar el hecho el senador Ricardo Monreal y el dirigente del comité nacional, Mario Delgado.
Pero en el propio ámbito de Acción Nacional se preguntan la razón por la cual Maru Campos habrá definido semejante golpe con acento de espectacularidad, y si se habrá enterado de que, al hacerlo, quita a su partido una de las banderas más preciadas para los demócratas, la del respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos por encima de todas las cosas.
La situación resulta aún más desconcertante si se repara en el hecho de que la propia Campos fue objeto de persecución judicial con fines políticos, por parte del gobierno de su ex correligionario, Javier Corral.
¿EL GERTZ DE MARU?
Unos dicen que se parece más al fiscal Alejandro Gertz, que por su obediencia ciega. Otros, que es más parecido a Verónica Hernández Giadáns, la reina de belleza de la Sierra de San Martín, que el gobernador Cuitláhuac García convirtió en Fiscal de Veracruz.
El caso es que Abelardo Valenzuela Holguín, el titular de la Fiscalía Anticorrupción Estatal (FAE), parece también muy, digamos, sintonizado con la política de su gobernadora.
En prueba ofrecen el hecho de que no hay quién justifique el aparatoso operativo desplegado la noche del miércoles por la Policía Estatal de Chihuahua para requisar la casa de Pérez Cuéllar.
Fue el periodista Hugo Valles, de Canal 28 TV, quien difundió los detalles en su cuenta de Facebook, donde cuestionó: “¿Habría presencia de un representante de CEDH en la requisa de la casa del alcalde Juárez? En su interior sólo había menores. ¿Era necesario agentes armados para desalojar a los niños y a una mujer? ¿Era necesario agentes armados en la azotea? ¿Así es la ley, la justicia en Chihuahua, sembrar terror? O más que nada era para intimidar al alcalde Cruz Pérez Cuéllar. Por cierto, puntero en todas las encuestas electorales del 2 de junio”.
El alcalde morenista agradeció el comentario del periodista, así como después mostró también su gratitud a sus correligionarios, por su solidaridad y apoyo. Pero el asunto es que a Valenzuela Holguín le achacan también, quién sabe si con razón, cierta inclinación por el uso político de la justicia, el ajuste de cuentas personales, la obediencia sin cuestionamientos.
Un día después de los hechos, este 24 de abril, convocó a una conferencia de prensa para denunciar lo que consideró persecución política y reiteró que seguirá con sus planes de reelección.
LA HISTORIA DEL FISCAL
El abogado Valenzuela Holguín conoció a Maru Campos cuando él era diputado panista a la LX Legislatura local, y ella, además de secretaria de Acción Juvenil en el comité estatal blanquiazul, asesora del mismo grupo parlamentario, primero, y después, funcionaria de la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación.
Valenzuela, además, fue regidor del ayuntamiento de Ciudad Juárez, donde le quedaron varias malquerencias “pendientes de saldar”. Así como a Gertz.
Luego, en el gobierno de Javier Corral, tuvo un puesto burocrático menor: director de contraloría interna de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura. Alcanzó después la contraloría general de la Secretaría de Función Pública.
Pero apenas llegó Maru Campos a la gubernatura, la carrera de Valenzuela retomó brillo. Se integró, sí señor, a la Judicatura estatal, donde residió la Comisión de Vigilancia de la misma. Después le cayó la Fiscalía.
Sobre el embargo de la casa del alcalde de Ciudad Juárez el fraccionamiento El Campestre, Valenzuela Holguín dijo que se había originado en una investigación por enriquecimiento inexplicable: “Los ingresos de la persona implicada no coinciden con el valor total de la casa habitación que llega a los 26 millones de pesos”. Misma casa que, en conferencia de prensa, Pérez Cuéllar dijo que renta.
LA EXPERIENCIA DE MARU CON LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Quien sabe si porque se le olvidó, o porque le dejó resabios de rencor, pero Maru Campos sabe bien lo que es ser víctima de persecución política.
En abril de 2021, cuando perseguía la nominación al gobierno del estado, fue vinculada a proceso por capricho del mandatario Javier Corral, por el delito de cohecho pasivo y le fueron impuestas tres medidas cautelares: no podía salir libremente del país porque el juez le recogió el pasaporte; tuvo que pagar 500 mil pesos para gozar de libertad restringida, y se le impidió para acercarse a testigos y/o víctimas de los hechos por los cuales se le vinculaba a proceso.
Se le imputaba haber recibido alrededor de 8 millones de pesos del exgobernador César Duarte Jáquez a través de la “nómina secreta”, acreditados con 34 recibos firmados por ella, a los cuales el juez de control les dio valor probatorio.
También se le acusaba de haber recibido en su cuenta bancaria personal un depósito de 20 mil pesos por parte del gobierno estatal cuando fue diputada, sin que pudiera comprobar un destino lícito de esos recursos.
Otro de los cargos que enfrentó fue no haber proporcionado los servicios jurídicos profesionales derivados de un contrato suscrito por su despacho, Campos Galván y Asociados, con el gobierno de César Duarte, aunque sí recibió un millón 200 mil pesos como pago.
De esa acusación se derivó una adicional, la de fraude procesal, por la presunta invención de pruebas para justificar que el despacho citado sí había otorgado los servicios jurídicos contratados.
@emeequis
