SOBRE EL AUTOR
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, se convirtió en el primer gobernador independiente del país, al ganar las elecciones de Nuevo León en 2015. Quiso repetir la jugada en las presidenciales de 2018, pero todo le salió mal y todavía sufre las consecuencias de ese embrollo.
Pronto podría ser inhabilitado o destituido por el Congreso de Nuevo León, después de un largo proceso que se le sigue, tras utilizar recursos humanos y materiales de la entidad que encabeza, en aras de conseguir apoyos para su candidatura presidencial independiente.
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Sucede que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, desde el 21 de junio de 2018, en su sentencia SRE-PSC-153/2018, que infringió los principios del servicio público, pues permitió que 572 personas, que estaban empleadas en el gobierno de Nuevo León, captaran apoyo ciudadano en días y horas hábiles, en favor de sus aspiraciones presidenciales.
Rodríguez presentó más de dos millones de votos al INE para obtener la candidatura independiente, pero, tras una revisión, se determinó negarle el registro, pues se encontró irregularidades en más de la mitad.
Sin embargo, tras una resolución del mismo TEPJF, derivada de una impugnación de Rodríguez, el INE se vio obligado a otorgarle el registro como candidato presidencial.
EN LA RECTA FINAL DEL DICTAMEN
Al sólo obtener 5 por ciento de los sufragios, regresó a la gubernatura, donde debería permanecer hasta 2021, pero la situación podría dar un vuelco, pues después de varios periodos de sesiones, por fin el Congreso de Nuevo León se encuentra cerca de cumplir la sentencia del TEPJF y sancionar a Jaime Rodríguez.
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Nos cuentan que es cosa de semanas, quizá de días, para que se decida el futuro del Bronco en la gubernatura. La inhabilitación o destitución están latentes en su panorama y el de su secretario de Gobierno, Manuel González, luego de que el TEPJF ratificara su sentencia hace días.
Será el Congreso del estado el que dicte sentencia. Tras pasar por la Comisión Anticorrupción, aprobar las reglas procesales, faltaría el dictamen de sanción y su publicación en el Periódico Oficial del estado.
