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EMEEQUIS.– El reconocimiento y garantía de acceso a derechos de salud, educación, trabajo, seguridad y vivienda para personas trans sigue siendo una deuda en México, incluso al comenzar el 2024.
México es el segundo país en el mundo, después de Brasil, con mayores índices de asesinatos en contra de personas trans. Tan sólo durante el año pasado se reportaron más de 300 personas trans asesinadas a nivel mundial, de acuerdo con el Trans Murder Monitoring, realizado por la organización intencional Transrespect.
Tan sólo durante el año pasado, se reportaron 52 asesinatos en contra de personas trans en México, de acuerdo con las últimas cifras del monitoreo internacional publicadas en noviembre de 2023.
En tanto, durante los últimos 15 años, la cifra de muertes de personas trans en el país ha superado las 700; sin que aún en México logre clasificarse los transfeminicidios como crímenes de ódio por motivos de discriminación.
Las condiciones de violencia se suman a las de estigma que han impedido que en todo el país se reconozcan las identidades trans para adultos e infancias. Además de precarias condiciones de vida, como la falta de acceso a servicios de salud especializados, inclusión a programas laborales y de vivienda.
En busca de resarcir la falta de acceso a derechos que aún se le siguen negando a las poblaciones trans por circunstancias de discriminación, a finales del año pasado fue presentada la iniciativa de Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans.
Es una de las legislaciones más grandes en favor de las poblaciones trans y no binarias que surgió a partir del consenso de organizaciones de la sociedad civil, activistas, fiscalías y dependencias de gobierno que incluso busca trascender el último periodo legislativo en caso de que no llegue a aprobarse previo a los comicios electorales de junio.
Salma Luévano, diputada federal, recibe el Premio Patria Pro Humanitas Póstumo, que el Senado de la República otorgó en memoria de Jesús Ociel Baena, magistrade. Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com.
SIN NORMATIVA EXCLUSIVA PARA PERSONAS TRANS
“No ha pasado casi nada en temas de diversidad en esta legislatura”, reconoce la diputada de Morena, María Clemente García, quien junto a Salma Luévano son las primeras dos mujeres trans que alcanzan una diputación federal en México.
Pese a que es la primera vez que personas trans ocupan cargos legislativos, varias iniciativas en favor de personas trans y de la diversidad se mantienen en la congeladora en la Cámara de Diputados.
Algunas de ellas son el reconocimiento a las identidades trans en todo el país, la clasificación de transfeminicidios y la búsqueda de la inclusión laboral para las personas trans. En tanto, desde el Congreso de la Ciudad de México, durante el 2023 se lanzó una controversial iniciativa que a través de la desinformación, buscaba criminalizar los tratamientos y cirugías de reafirmación de sexo para niños menores de edad, algo que, nisiquiera está contemplado por las leyes.
“La mayoría de las iniciativas propias y ajenas están detenidas en la Comisión de Justicia, donde tiene mayoría el PAN y no han dictaminado nada. Estamos durmiendo el sueño de los justos en todas las iniciativas que son a favor de las personas trans”, dice en entrevista la diputada de Morena, quien el pasado 23 de noviembre presentó la Ley Integral Trans que fue turnada en comisiones y espera su discusión para 2024.
La ley, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, busca modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar por primera vez al congreso a legislar en favor de los derechos de las personas trans.
Está enfocada en cinco ramas particulares de propuestas en favor de las personas trans: derecho a la no discriminación y la identidad de género; derecho a la educación y la cultura; derecho al trabajo y la vivienda y propuestas sobre del derecho a la salud y acceso a la justicia.
Algunas de las propuestas de esta ley que buscan enmendar las carencias y necesidades no atendidas de las poblaciones trans son dirigir campañas contra los estigmas y discriminación hacia la diversidad; garantizar el cambio de identidad de género autopercibida en documentos oficiales.
En cuanto al acceso a la salud, la Ley Integral Trans busca erradicar la deserción escolar de personas de la diversidad por motivos de discriminación, por lo que se propone implementar acceso a becas y apoyos educativos, protocolos de actuación incluyentes, baños inclusivos y accesibles, así como la incorporación de planes y programas de estudio sobre educación sexual y diversidad desde educación básica.
La activista trans Laura Glover acompañada de hombres y mujeres de la comunidad trans se manifestaron en septiembre pasado en la Cineteca Nacional con una tianguis y la entrega de un pliego petitorio en que piden una sala de exposiciones para disidencias sexuales. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com.
Sobre el acceso igualitario al trabajo, esta ley propone programas de capacitación y actualización a empresas sobre temas de diversidad, además de imponer sanciones a centros de trabajo que cometan despidos injustificados contra personas por transicionar; además de impulsar políticas públicas enfocadas al autoempleo y el emprendimiento, así como el reconocimiento y credencialización de personas trans trabajadoras sexuales.
Respecto al acceso a la vivienda, se propone que el gobierno realice créditos, facilidades y subsidios para el acceso a la vivienda social para personas trans económicamente vulnerables.
Para la activista Rocío Suárez, coordinadora general del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, no se trata de nuevos derechos para personas trans, sino el reconocimiento y acceso a derechos en los que históricamente se les ha invisibilizado y dejado sin acceso.
“No se están pidiendo derechos exclusivos, sino que se está planteando el reconocimiento el acceso a derechos que ya la constitución reconoce: el derecho al trabajo, a la salud, a una identidad propia. Reconocer esos derechos que se han invisibilizado, se han negado y que no son accesibles para muchas de las personas trans en México”, refiere la activista en entrevista con EMEEQUIS.
En tanto, para la activista Victoria Sámano, directora de la organización Lleca, que apoya a personas LGBT en situación de calle, se trata de la forma de revertir una deuda histórica que ha provocado los altos índices de violencia y encarecimiento para las personas trans, que las ponen en condiciones vulnerables por la falta de servicios de salud y trabajos dignos.
“Es todo un paquete la ley. La deuda que se tiene con las personas trans es demasiado grande y si no pensamos en este tipo de leyes que sean más completas, jamás habría una verdadera igualdad para las personas trans”, afirma.
“ES SALUD, NO CAPRICHO”
El acceso a tratamientos hormonales y cirugías de reafirmación de sexo es un pendiente del sistema de salud público para las personas trans; el cual está contemplado como parte de la Ley Integral Trans en espera de análisis.
En todo el país, sólo la Ciudad de México y Jalisco cuentan unidades de salud especializadas para personas transgénero y no binarias. Estas, además de brindar terapias de reemplazo hormonal, dan acompañamiento psicológico, endocrinólogo y de salud integral, donde además se contempla la atención para enfermedades de transmisión sexual como el VIH.
Sin embargo, en el resto del país, no hay garantía de que las personas trans puedan acceder a terapias o cirugías para transformar su identidad de género también desde el lado físico, pues “existe resistencia porque se piensa que es un capricho”, denuncia la activista Victoria Sámano.
“Las unidades o clínicas que tenemos para personas trans únicamente brindan terapias de reemplazo hormonal, sin embargo, se necesita mucho más de esto”, afirma la directora de Lleca, Victoria Sámano, quien afirma que gran parte de las personas trans y personas de la diversidad que buscan atención especializada o para tratar enfermedades como el VIH tienen que viajar a la capital porque en sus estados de origen no se brinda la atención.
“Muchas veces no somos atendidas por el sistema de salud porque sigue habiendo el estigma, nos siguen rechazando y discriminando por ser personas trans y eso afecta en nuestra calidad de vida, va mermando nuestra salud”, expone.
Lady Tacos en el Senado, donde el 17 de mayo pasado se conmemoró el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. Foto: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro.com.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la esperanza de vida para las personas trans es de apenas 35 años a 37 años, un estimado que también ha sido validado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discrimianación en la Ciudad de México.
Condiciones de discriminación han sido la razón por la que el 39% de las mujeres trans en México hayan sorteado obstáculos para acceder a servicios de salud, de acuerdo con la Encuesta sobre Salud Sexual de Mujeres Trans en México, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública.
Las situaciones más frecuentes para negarles la atención son maltratos y humillaciones, que en las unidades de atención no se cuente el tratamiento adecuado, sensación de incomodidad, que sus padecimientos sean minimizados, o que tengan que ocultar su identidad de género durante las consultas médicas.
“Es todo un paquete la ley. La deuda que se tiene con las personas trans es demasiado grande”: Victoria Sámano. Foto: Especial.
En el país no hay un registro de la cantidad de personas que requieran y que reciban terapias hormonales o cirugías de reafirmación, sin embargo, sólo dos estados del país los ofrecen como servicios de salud pública.
Pese a que estos programas de salud existen en algunas entidades del país, no hay un respaldo legislativo que los haga posibles en otras partes del país, como refiere la activista Rocío Suárez.
“No tienen un respaldo a manera de ley, que permita entonces que estos programas continúen en el lapso de tiempo”, afirma la activista, a pesar de que en el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas LGBTTTI publicado por el gobierno federal en 2020, se contemple la necesidad de atención especializada para la comunidad trans.
La falta de tratamientos especializados de salud para personas trans también ha provocado graves problemas de salud por la aplicación de polímeros y sustancias modelantes en el cuerpo de personas trans, como la inyección de aceites vegetales y para autos. Un problema de salud pública que también está fuera de la vista de las autoridades.
“Se necesita la intervención quirúrgica para personas que tienen infiltradas sustancias como los biopolímeros, y que son justo debido a atención médica para las personas trans que se ha recurrido a estas prácticas que ponen en riesgo la vida y la salud”, explica Victoria Sámano.
@Gloria_PE
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