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La “estafa siniestra”: el mecanismo de desvíos que surgió desde el gabinete de Fayad

En 13 municipios de Hidalgo el modus operandi era el mismo: se hacían las transferencias de la Secretaría de Finanzas a las cuentas de los ayuntamientos y de ahí se dispersaba el recurso a empresas fachada. Hay tres alcaldes en prisión, dos prófugos y uno amparado ¡que hasta fue a la marcha de AMLO! El monto del presunto desvío: 522 millones de pesos.

11 / 30 / 22

EMEEQUIS.– Denominada “la estafa siniestra”, un mecanismo mediante el cual presuntamente se desviaron 522 millones de pesos a través de 13 municipios y dos Secretarías del gobierno de Hidalgo, tiene a tres alcaldes en prisión y vinculados a proceso y dos declarados prófugos, otro que por un amparo libró la reclusión y hasta fue a la marcha de AMLO del 27 de noviembre. 

Aunque no son los únicos a quienes se les sigue el rastro por este desvío.

A ellos se les señala como responsables de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones por transferencias hechas a empresas fantasma, que emitieron facturas por servicios y obras inexistentes. Sin embargo, son apenas la punta de una hebra de saqueo de recursos que, de acuerdo con las investigaciones del caso, escala al primer círculo del exgobernador priísta Omar Fayad Meneses.

A decir de presuntos implicados que buscan un criterio de oportunidad al aportar información de figuras de mayor rango en esta posible cadena delictiva, la autoría intelectual de este método de sustracción de dinero pertenece a un exintegrante del gabinete de Fayad, quien dejó el cargo el pasado 4 de septiembre. 

No obstante, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de Justicia de la entidad asegura en las carpetas que, para operar, tuvo la complicidad, por acción y omisión, del aparato gubernamental que debía, primero, justificar que el dinero fuera transferido a los municipios, y después vigilar que las obras se llevaran a cabo. 

Todo fue validado en documentos por las oficinas públicas, pero en la realidad no existieron obras como rehabilitación de caminos y desarrollo de aplicaciones para gobierno, más adquisición de insumos para hacer frente a la pandemia por Covid-19.  

Por este entramado, cinco municipios se han quedado sin alcaldes: Epazoyucan, Huautla y Yahualica, cuyos otrora titulares fueron vinculados a proceso, porque el juez de control encontró indicios de participación en peculado y uso indebido de atribuciones; Nopala, cuyo exedil –el único de los detenidos que pertenece al partido en el poder– consiguió ampararse para llevar el proceso en libertad, y Pisaflores, donde el presidente se fugó entre la serranía previo al ingreso de la policía ministerial, por lo que fue declarado prófugo y perdió sus derechos políticos. 

Fidel Arce, de Epazoyucan. Foto: Especial.

LA ESTAFA SALE A LA LUZ

En el segundo semestre de 2020, el Partido Encuentro Social (PES) celebraba el triunfo de Felipe Juárez Ramírez en Huautla, un municipio en la región Huasteca a unos 231 kilómetros de Pachuca, la capital del estado. Con la victoria en seis de 84 municipios, este instituto político se posicionaba como una fuerza política que se había formado con cuadros del otrora grupo del exsecretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y remanentes de otros partidos, y tenía al exdiputado federal Alejandro González Murillo, sobrino del exprocurador Jesús Murillo Karam, como líder moral. 

La base del PESH era un ala del priato que acompañó la intención de Osorio Chong de ser candidato a la presidencia de la república. 

Para 2021, las diferencias políticas al interior del ayuntamiento de Huautla eran fuertes y se comenzaban a definir grupos opositores al mismo alcalde, que gobernaba por segunda ocasión, antes postulado por Nueva Alianza. 

El conocimiento que tuvo el gobierno electo de Julio Menchaca sobre un método para posiblemente desviar recursos, y específicamente el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, quien fungió como asesor en la transición, fue por la pugna interna entre el alcalde Felipe Juárez y su tesorero, quien, conocedor de la probable ilicitud y porque la responsabilidad podría recaer sobre él al ser el encargado del manejo financiero, denunció el hecho. 

Al principio, el gobierno de transición lo consideró un suceso aislado, hasta que descubrieron el mismo mecanismo en dos municipios más y, tras indagar, encontraron el patrón repetido en 13 alcaldías, que son las que han sido detectadas hasta ahora. 

 Tepejí del Río es otro municipio involucrado. Foto: Especial. 

EL MODUS OPERANDI

El peculado, que es considerado agravado porque involucra a servidores públicos, ocurrió con un mecanismo para obtener recursos extraordinarios durante la contingencia sanitaria a través de requerimientos de obra, simulación de estas acciones y facturas con empresas falsas, modus que, a decir se presuntos implicados que buscan un criterio de oportunidad en sus procesos, fue definido por un exintegrante del gabinete de Omar Fayad. 

El primer paso fue la solicitud de apoyo con recursos extraordinarios que los presidentes giraron a la Secretaría de Finanzas, entonces a cargo de Jessica Blancas Hidalgo. Esos requerimientos fueron aprobados y se transfirieron los montos a las cuentas bancarias de los municipios. 

En el caso de Huautla, la petición fue para rehabilitar caminos rurales. El proyecto fue validado sin objeción y se le transfirieron 26 millones 615 mil 780 pesos. Para justificar que los trabajos se hicieron, el alcalde presentó facturas de arrendamiento de maquinaria por personas morales. En ese momento, no se indagó que dichas “compañías”, en los lugares que declararon operar, no tenían oficinas, ni nada, porque pertenecían a habitaciones deshabitadas. 

El edil pesista envió, también para validar los servicios, fotografías de la supuesta maquinaria rentada.

Entre las irregularidades detectadas está que el contrato no fue autorizado por el cabildo.

Asimismo, ya tras la transición de gobierno, al revisar los domicilios fiscales, la Agencia de Investigación Criminal determinó que tenían características de firmas fachada, al no ser sitios donde se desarrollara actividad empresarial, estar en abandono o, en el caso de viviendas, no tener referencia de que fueran habitadas en mucho tiempo.

Por esta situación, las omisiones alcanzan a la Secretaría de Contraloría, que dirigía C.R.M.V, también bajo investigación, dada su responsabilidad de prevenir y sancionar actos de corrupción. 

Según Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado, “la ilicitud (en el caso Huautla) tiene que ver con esa adjudicación directa, con no ser aprobado el contrato por la asamblea municipal”, con que las empresas sean posibles emisoras de comprobantes fiscales, pero sin capacidad, infraestructura, bienes ni personal para prestar servicios. 

Asimismo, la AIC sostiene que no es posible acreditar que la restauración de vías se haya efectuado, aun cuando hubo depósitos bancarios se hicieron a las cuentas de las empresas y se emitieron facturas que pretendieron hacerlas pasar por comprobantes con total validez, y lo habían logrado, porque la Secretaría de Finanzas del gobierno de Fayad los aprobó.

Con base en lo recabado en la carpeta de investigación, existe una orden de pago del alcalde que señala que, aunque el procedimiento no se hizo conforme a la norma por la falta de autorización del cabildo, al ser el alcalde “la máxima autoridad en el municipio” giró instrucciones al tesorero para que enviara los pagos por los servicios que, se insiste, no hay elementos para acreditar que se llevaron a cabo. 

Esa orden del superior, atizada por la confrontación política al interior del ayuntamiento, fue determinante para que el tesorero delatara el posible actuar ilegal del alcalde.

Del recurso transferido a Huautla, otra vertiente era la contingencia sanitaria, debido a que una política estatal era priorizar el combate al virus SARS-CoV-2, en lo cual se ampararon los munícipes, funcionarios estatales y el o la presunta autora intelectual.

Por tal motivo, otro contrato para adquirir insumos Covid-19 tuvo las mismas condiciones: una violación al procedimiento al no pasar por la asamblea y, por ende, una orden de pago del edil.

En Yahualica, otro municipio en la Huasteca, el rastreo al mismo modus operandi llegó por una adjudicación directa de 15 millones de pesos para un sistema integral de apoyo que permitiera coadyuvar en el buen uso de los recursos.

Se trataba de generar una aplicación digital para teléfonos celulares y desarrollo de sitios web que, afirma Nieto, no se acreditó que se realizara ni que las áreas gubernamentales del municipio tuvieran alguna actividad con ellas.

Al indagar, identificaron que estos 15 millones eran parte de un recurso extraordinario por 29 millones 224 mil 727.36 pesos que el ayuntamiento recibió de la Secretaría de Finanzas. El resto de este dinero, supuestamente, había sido empleado en fumigación y arcos sanitizantes. 

Hasta este punto, los investigadores consideraban que se trataba de un mecanismo operado en la Huasteca hidalguense y posiblemente por grupos políticos regionales, ya que en Yahualica gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en ese momento con Elías Sanjuán Sánchez, hoy en prisión.

No obstante, conocieron que en Epazoyucan, parte de la zona metropolitana de Pachuca, sucedió el mismo patrón: solicitud de recursos extraordinarios para rehabilitar caminos, pero, al recibir los 14 millones 215 mil 780 pesos en los que valuaron las obras, lo transfirieron a empresas que no estaban ubicadas en Hidalgo ni eran parte del padrón de proveedores del estado, sino que tenían domicilio fiscal en Oaxaca.

Además, en este caso que no se pudo acreditar la necesidad de urgencia para que fueran transferidos los montos ni que las obras por las que estos fueron requeridos se realizaran.

La procuraduría determinó que hay elementos de que las compañías que “arrendaban” la maquinaria eran ficticias y, por no acreditar los servicios, el 1 de noviembre fue girada la orden de aprehensión contra el alcalde priista Fidel Arce Santander, un constructor que es ligado al exgobernador. 

Hasta ese punto, la “estafa siniestra” era un mecanismo asociado al priísmo que gobernaba, pero apareció otro indicador, ahora en Nopala, en el Valle del Mezquital, uno de los ayuntamientos gobernados desde 2020 por Morena, que en septiembre de 2022 se volvió partido en el poder tras terminar con 93 años de mandatos tricolores y afirmar que acabaría con la corrupción.

En esta demarcación fueron transferidos 71 millones 960 mil 890 pesos de recursos extraordinarios: 22 millones 610 mil 980 para arrendamiento de maquinaria y equipo de rehabilitación de caminos rurales, ganaderos, calles y carreteras, y 49 millones 350 mil pesos por servicios de mantenimiento, limpieza, fumigación para controlar que el mosco Culex proliferara.

Su edil, Luis Enrique Cadena, parte de una corriente interna con influencia al interior de Morena Hidalgo, había sostenido que las acusaciones por la “estafa siniestra” hacia él eran parte de un golpeteo político y que las obras que contrató fueron por fumigación y que las empresas eran parte del padrón de contratistas del estado.

Para Nieto Castillo, de las facturas emitidas por empresas, que afirmó tienen característica de fachada, los análisis contables y entrevistas recabadas por agentes de la AIC resolvió que los servicios que afirmaba el alcalde morenista eran parte de procesos legales, no se realizaron. 

No obstante, Cadena fue el único que libró la cárcel, al contar con un amparo incluso para evitar detención, desde días previos que iniciaran los operativos para ubicar a los probables. Por esto, incluso, interpuso una queja ante el Poder Judicial de la Federación ya que la policía ministerial lo aprehendió al igual que a los otros tres implicados el pasado 23 de noviembre cuando, asevera, no debía hacerlo. 

EL PATRÓN

El 23 de noviembre fueron aprehendidos los primeros cuatro alcaldes (Huautla, Epazoyucan, Yahualican y Nopala). Al día siguiente, la policía ministerial coordinó un operativo para aprehender en la serranía hidalguense al alcalde de Pisaflores, el priísta Luis Francisco González Garay.

Los elementos arribaron a las propiedades que tenían identificadas en su rango de movilidad, pero no lo hallaron. Peinaron la demarcación y tampoco lo encontraron. 

González Garay se escapó. Foto: Especial.

A través de labor de inteligencia, detectaron que González Garay se había desplazado a otra entidad. Había escapado. 

La PGJEH solicitó al Tribunal Superior de Justicia estatal una declaración como prófugo de la justicia, que fue otorgada, por lo cual perdió sus derechos políticos. Asimismo, la asamblea municipal lo destituyó por enfrentar este caso de corrupción y haberse evadido de la justicia.

La orden de aprehensión en contra del militante tricolor es por los posibles delitos de uso ilícito de atribuciones agravado y peculado agravado por 30 millones 960 mil 890 pesos, con el mismo modus operandi.

En todos los casos en los que se han librado órdenes de aprehensión hasta el momento, la PGJEH encontró que la ruta era la misma: se hacían las transferencias por parte de la Secretaría de Finanzas a las cuentas de los ayuntamientos y de ahí se dispersaba el recurso a las empresas que, sostiene la AIC, tienen las características de ser fachada. Después, éstas firmas posiblemente apócrifas emitían una factura que el municipio enviaba a la dependencia a cargo de Jessica Blancas. Ahí, se acreditaba el servicio prestado y el correcto ejercicio del dinero, sin emitir observaciones sobre vacíos en el procedimiento ni probables simulaciones. 

Con ello, en el papel quedaba justificado el ejercicio de los recursos extraordinarios.    

No obstante, los investigadores sugieren que ese dinero es parte de una cadena de reparticiones entre funcionarios municipales y estatales que recibían un porcentaje (moche) por ejecutar y validar el modus operandi. El destino final del dinero no ha sido revelado, pero, a través de testimonios de quienes podrían convertirse en testigos colaboradores busca conocerlo, además de corroborar la autoría intelectual. 

Después de que se cumpliera la duplicidad del término constitucional al que se acogieron los tres alcaldes detenidos que fueron recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, este 28 de noviembre un juez de control determinó vincularlos a proceso y que continuarán en prisión para evitar una fuga.

Lo anterior, porque secundó el argumento del ministerio público de que había riesgo de que se evadieran por el capital político y económico con el que cuentan. Por la misma razón, fueron internados en el Cereso de Pachuca y no en cárceles distritales, por el nivel de influencia en sus territorios, según la parte acusadora.

Cadena incluso fue a la marcha de AMLO. Foto: Facebook.

CADENA, AMPARADO, HASTA FUE A LA MARCHA DE AMLO

La madrugada del 24 de noviembre Luis Enrique Cadena García, alcalde de Nopala, libró, por un amparo, la prisión preventiva justificada que no evadieron los otros tres ediles detenidos como él un día antes.

Poco más de 72 horas después, el morenista acusado por peculado agravado y uso ilícito de atribuciones agravado por 71 millones de pesos asistió, el domingo, a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Él mismo compartió fotografías en sus redes sociales al evidenciarse su participación. No obstante que se exhibió en el Zócalo capitalino, se ausentó el lunes a la audiencia para enfrentar su proceso, al argumentar que presentaba síntomas de Covid-19.

El juez lo emplazó a probar la condición de enfermedad y presentarse. No lo hizo de manera física. Su defensa buscaba que lo hiciera de manera virtual.

La movilización en la Ciudad de México ocurrió tres días después de que dejara de estar bajo resguardo de la policía ministerial. Aunque no se refirió directamente al proceso que enfrenta, Cadena afirmó en una publicación en redes con imágenes del mitin que el tiempo “le dará la razón”, que sigue “firme” y saldrá “adelante”.

“Ha sido un honor ser participe y ver consolidado un movimiento de la mano del pueblo mexicano, 11 años acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha por la regeneración nacional, sigo firme y saldré adelante, mi lucha no es de ahora y mis principios tampoco, el tiempo nos dará la razón, que viva López Obrador y la cuarta transformación de México, histórico lo vivido el día de hoy”, escribió en su cuenta de Facebook, junto a fotografías de la concentración en el primer cuadro de la capital.

El gobernador Menchaca Salazar negó que exista protección o privilegio político contra el edil de Nopala al librar la prisión, por pertenecer al mismo partido.

“El hecho de que se modifique la medida cautelar no afecta el transcurso de un juicio”, aseguró el mandatario, al reiterar que el objetivo de su administración es recuperar los recursos observados. 

“El hecho de que (Cadena) pertenezca al partido en el gobierno (Morena) no significa impunidad; al contrario, tenemos que poner el ejemplo nosotros”, añadió.

Como medida cautelar, el morenista debe separarse del cargo y no salir del país. Los otros tres alcaldes estarán en prisión mientras se realiza la investigación complementaria, para lo cual el juez dio un plazo de cinco meses.

Tras ser emplazado y no presentarse a la audiencia en la que se definiría su situación jurídica, el Tribunal lo consideró sustraído y se emitió una nueva orden en su contra.

EL RESTO DE IMPLICADOS

Con los cuatro munícipes bajo proceso y uno prófugo, ocho más están vinculados a la denominada “estafa siniestra”, por la que, de acuerdo con el gobierno, se han recuperado 90 millones de pesos, sin abundar sobre el modo en que estas transacciones para reintegrar dinero posiblemente desviado se lograron.

El resto de ediles implicados pertenecen a Acaxochitlán, a cargo del morenista Erik Carbajal Romo; Atotonilco el Grande, gobernado por Hugo Ramírez López, del extinto partido local Podemos; Huazalingo, con el priista Julio César González García; Mineral del Monte, con el también tricolor Alejandro Sierra Tello.

En Acaxochitlán el presunto desvío asciende a 32.9 millones; en Atotonilco el Grande, a 19 millones 920 mil 400 pesos; en Huazalingo, a 18.5 millones, y en Mineral del Monte, a 17.5 millones de pesos.

Del PRI hay dos ediles más: Salvador Jiménez Calzadilla, de Tepeji del Río, a quien la PGJEH demanda 98 millones, y Edgar Josué Moreno Gayosso, de Zacualtipán, que recibió 14 millones de recursos extraordinarios ligados a este caso.

En Singuilucan también sopla el viento. Foto: Facebook.

El resto de alcaldes son Marcos Miguel Taboada Vargas, de Singuilucan, nominado por Nueva Alianza y al que la fiscalía reclama esclarecer el destino de 109 millones 645 mil 325 pesos, el mayor monto de este esquema, y José Alfredo Díaz Moreno, de Tlahuelilpan y de Movimiento Ciudadano, con 29 millones 225 mil pesos por aclarar.

El monto global de la “estafa siniestra” alcanza los 522 millones 824 mil 955 pesos, dinero que el gobierno de Hidalgo busca recuperar a través de un símil del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado que se busca crear en el estado, motivo por el cual dos semanas atrás el mandatario envió una iniciativa al congreso local.

Debido a que el objetivo es llegar a la autoría intelectual, Santiago Nieto planteó la posibilidad de que imputados, mediante criterios de oportunidad, señalen a mandos superiores en esta presunta red de corrupción, con el objetivo de que sean llevados a proceso.

Hasta el momento, ha aseverado el extitular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, existe evidencia suficiente de que funcionarios del anterior gobierno estatal habrían participado en este mecanismo.  

@axelchl 

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