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EMEEQUIS.– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (Fopesiban) pagó 219 millones de pesos sin la documentación del proceso de contratación, por servicios de salud destinados a la atención de jubilados y pensionados del Banco de Crédito Rural (Banrural).
La administración de dicho fideicomiso, y de los procesos de contratación, está en manos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y de Nacional Financiera (Nafin).
De acuerdo con la auditoría de cumplimiento 2020-1-06HKA-19-1526-2021 de la ASF sobre el ejercicio 2020, revisada por EMEEQUIS, el Fopesiban la cifra referida “sin acreditar que contaba con la documentación justificativa por la prestación de los servicios médicos”.
Además, 24.77 millones sin que fuera posible documentar la prestación efectiva de los servicios porque “no fueron comprobados”. Por si fuera poco, más de 132 millones de pesos se asignaron sin licitación.
Entre los proveedores de los servicios de salud contratados dentro del presupuesto auditado, se encuentran Grupo Atlantis y Challenge Consulting, socias de Community Doctors, la empresa fundada por un pasante de medicina en una humilde vivienda de Ecatepec que dio a conocer EMEEQUIS en septiembre del año pasado.
La entidad fiscalizadora encontró retrasos sin sanción, rebase de montos máximos establecidos, falta de planeación en los procedimientos de contratación, asignaciones a prestadores de servicios “sin capacidad técnica, humana, financiera e infraestructura propia, por lo que contrataron a terceros a los que no se supervisó”.
Por si fuera poco, ignoraron 250 quejas de los derechohabientes, destinatarios finales de los supuestos servicios.
A pesar de todo, Grupo Atlantis (Atlantis Operadora de Servicios de Salud) y sus socios siguen recibiendo contratos para los mismos fines. Apenas en enero, INDEP le asignó un contrato por mil 52 millones de pesos para la “coordinación de servicios médicos”.
La auditoría al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
FERIA DEL CAOS
La ASF practicó la auditoría referida con el propósito de fiscalizar la gestión financiera sobre la contratación, prestación, erogación y registro de los servicios médicos integrales del fideicomiso, “con el fin de comprobar que se adjudicaron, proporcionaron y pagaron conforme a las disposiciones legales”.
La fiscalización se efectuó sobre 411.48. millones de pesos de la partida fiduciaria 2.9 “Servicios Médicos Integrales”, de dónde seleccionó una muestra de 300.31 millones de pesos (73.0%)”, integrada por seis contratos a los siguientes proveedores:
Atlantis Operadora Servicios de Salud, S.A. de C.V. y Proyosmi de la Salud, S.A. de C.V. (FPSB-20-LP-906-2912-004), por 64.93 millones de pesos, para la zona de Guadalajara.
Atlantis Operadora Servicios de Salud, S.A. y Proyosmi de la Salud, S.A. de C.V. () de C.V. 4,719.9 Tepic
Challenge Consulting S.C. (FPSB-20-LP-903-2910-008) por 57.43 millones, para Torreón.
Servicios de Salud Familiar, S.A. de C.V. ( FPSB-20-LP-905-2911-005 ), por 28,36 millones, para Mazatlán.
Y Distribuidora Médica Daport, S.A. de C.V. (FPSB-20-LP-907-2913-007), por 19,96 millones, para cubrir Querétaro.
Distribuidora Médica Daport, S.A. de C.V. (contrato 7 FPSB-20-LP-913-2914-003) para la región de la Ciudad de México, por 124.8 millones.
La ASF determinó que el Fopesiban realizó pagos por 219.45 millones de pesos “sin acreditar que contaba con la documentación justificativa por la prestación de los servicios médicos”. Es decir, no hay documentación del proceso.
De ellos esa cantidad, 24.77 millones de pesos de plano no fueron comprobados.
La entidad fiscalizadora también encontró que se efectuaron pagos por 132.12 millones de pesos “por partidas de servicios médicos que no se licitaron, y de los que no se comprobó la determinación y autorización de precios”.
Tampoco determinó ni aplicó penas convencionales por 18.55 millones de pesos, “por atrasos de 2 a 50 días hábiles en la presentación de entregables” de los 6 contratos.
Además, se formalizaron cinco convenios modificatorios, sin autorización presupuestal; se rebasaron los montos máximos fijados en uno de los contratos por 5 millones de pesos.
Y, en fin, “se realizó una investigación de mercado que incumplió con la normativa”. La ASF sostiene que “la falta de planeación no propició la participación de más empresas; se contrataron prestadores de servicios sin capacidad técnica, humana, financiera e infraestructura propia, por lo que contrataron a terceros a los que no se supervisó”.
El Comité Técnico no evaluó ni resolvió ¡251 quejas! que presentaron los derechohabientes por la prestación de los servicios médicos. Hubo deficiencias en la integración de 18 expedientes administrativos (sin vigencia de derechos) y 6 expedientes clínicos (sin historial médico).
Otro contrato para Grupo Atlantis, socia de la empresa del pasante de medicina.
MIL MILLONES MÁS PARA GRUPO ATLANTIS
No obstante, muchas de estas empresas siguen recibiendo contratos. Apenas en enero, Grupo Atlantis y Challenge Consulting recibieron un nuevo contrato del INDEP, esta vez para proveer “servicios médicos integrales para el INDEP, sus encargos y jubilados de confianza de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación”.
Se trata del contrato plurianual (2022-2023) cuyo monto es de mil 53.78 millones de pesos.
Cabe señalar que, de acuerdo con una investigación publicada por EMEEQUIS en septiembre de 2021, ya en julio de ese año el gobierno federal había erogado 2 mil 480 millones de pesos en servicios privados de salud, y de las 97 empresas que suscribieron contratos para esos fines, el 75% de la facturación fue para Challenge Consulting; Soluglob Ikon y Operadora de Hospitales Ángeles; Grupo Atlantis, y Corporativo Médico Community Doctors.
Ésta última empresa fue fundada por un pasante de medicina en Ecatepec, como lo reveló este medio informativo en septiembre del año pasado.
Guillermo Nieto, dueño de Grupo Atlantis.
LA EMPRESA DEL PASANTE
Como lo reseñó entonces EMEEQUIS, el 14 de diciembre de 2019 fue fundada en Ecatepec la empresa Corporativo Medico Community Doctors. El acta constitutiva consigna dos socios, uno de ellos es poseedor de sólo una de las acciones (capital fijo), el otro, de 99 de ellas (capital variable). Cada acción tiene un valor de mil pesos. Lo curioso es que los dos socios son la misma persona: Bruno Alejandro López Ponce. Es decir, es socio de sí mismo.
El documento consigna como objeto de “la sociedad” la comercialización del servicio de “consultorios del sector privado para el cuidado de la salud”.
A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de documentos patrimoniales de esta naturaleza, la versión pública del acta constitutiva de Community Doctors omite datos básicos sobre la identidad de su fundador (incluso Curp).
Sin embargo, el nombre de Bruno Alejandro López Ponce sólo aparece ligado en registros públicos a quien en esa fecha era un estudiante de medicina de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala (UNAM).
El acta señala el domicilio de la empresa en la colonia Calos Hank González, en Ecatepec. Se trata de una inmensa zona popular asentada sobre 150 hectáreas densamente pobladas, en ese municipio del estado de México.
En el predio señalado hay una humilde vivienda resguardada por una fachada de mampostería y franqueada por plantas en cubetas desechadas y en macetones de cemento. En el interior puede advertirse una sucesión de cuartos techados con láminas de asbesto y fibra de vidrio.
NUEVO DUEÑO
“La firma” no tuvo actividad comercial, ni dejó rastro de movimiento alguno durante siete meses. Pero el 27 de agosto de 2020 llegaron nuevos socios que aumentaron el capital de la empresa.
De hecho, aunque extrañamente el acta respectiva no lo consigna, la empresa cambió de propietario. El asiento de esa fecha registra un aumento de capital fijo: Israel Alfredo Rodríguez Moreno y José Ángel Pérez Muñoz invirtieron mil pesos cada uno.
Pero además, aunque el asiento notarial no especifica la enajenación de acciones como de ordinario debe registrarse, Pérez Muñoz adquirió las 99 acciones que pertenecían al pasante de medicina Bruno Alejandro López Ponce y tomó su lugar como administrador de la sociedad.
Pérez Muñoz es un neoleonés de 33 años, con domicilio en la colonia Polanco de la Ciudad de México, quien declaró ser “comerciante” y que, en los hechos, era ya el nuevo dueño de la empresa. No deja de ser desconcertante que, aunque la empresa nació en Ecatepec y el nuevo dueño era de Polanco, la reconfiguración de la empresa se protocolizó en la Notaría N° 1 de Tula, estado de Hidalgo.
Se integró como comisaria Viviana Castrejón Reyes y, además, la empresa pasó de ser sociedad de acciones simplificadas a sociedad anónima.
Después de aquellos cambios, la sociedad volvió a la habitual calma que la había caracterizado a lo largo de su existencia. Y por cierto que, hasta entonces, Community Doctors no había efectuado ninguna operación comercial.
No obstante, seis meses después, el 26 de febrero de 2021, cuando parecía que la existencia de la empresa continuaría constreñida a los estrechos límites de su enunciación en los legajos notariales, fue presa de nueva agitación.
Las acciones de la empresa fundada 14 meses atrás en aquella humilde vivienda de la colonia Carlos Hank González de Ecatepec, eran nuevamente presa de la codicia, a pesar de que el negocio no hubiera podido aún, hasta ese entonces, poner un pie en el rudo terreno del mercado.
El administrador único y propiamente dueño, José Ángel Pérez Muñoz, experimentó al parecer un súbito deseo de liquidar su participación en la sociedad. Vendió sus acciones a Israel Alfredo Rodríguez Moreno, su socio minoritario, que hasta entonces había sido el feliz poseedor de únicamente una acción de mil pesos.
Rodríguez Moreno sería en adelante el administrador único; y había un nuevo participante, Javier Gómez González, atraído por un prometedor negocio que hasta entonces no había efectuado una sola operación comercial.
ESPECIALISTAS EN CONTRATOS
Al mes siguiente, Community Doctors fue contratada por Nafin para otorgar el “servicio médico integral y de hospitalización para los fideicomisarios y sus derechohabientes del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural”.
Los servicios contratados serían de prevención, detección y diagnóstico de diversas enfermedades; tratamiento, hospitalización, servicio de urgencias, aparatos ortopédicos, atención quirúrgica, servicio odontológico, abastecimiento y dispensación de medicamentos, material de curación, laboratorio y gabinete.
Community Doctors encabezó un consorcio en el que participan además Challenge Consulting e Insumos Médicos y Hospitalarios de México HLE. Fue contratado para cubrir dos zonas del país, una por 321.5 millones de pesos, y la otra por 211.9 millones de pesos. Los contratos cubren del primero de abril al primero de diciembre de 2021.
No era para menos. Tanto Israel Alfredo Rodríguez Moreno como Javier Gómez González, los dueños de Community Doctors, son ejecutivos responsables de licitaciones en Grupo Empresarial Atlantis, un conglomerado de inversiones especializado en ganar contratos de gobierno.
Dicho grupo se enfoca en dos áreas: construcción y salud. Su división sanitaria, Atlantis Operadora de Servicios de Salud, también es contratista del gobierno morenista. Esta firma ha facturado 573 millones de pesos a tres instituciones: el INDEP, Nafin, y Sociedad Hipotecaria Federal.
De acuerdo con su acta constitutiva ―protocolizada en Tepeji del Río, Hidalgo―, Atlantis Operadora de Servicios de Salud tiene como socios a Nieto Vera S.A. de C.V. y a Mario Eduardo Vilchis Guerrero. En la estructura de la firma figura como director Guillermo Nieto, y Vilchis, como contralor.
El comisario del consejo de Atlantis Operadora de Servicios de Salud es, curiosamente, Israel Alfredo Rodríguez, el administrador único de Community Doctors.
Grupo Empresarial Atlantis habitualmente intercambia personal con gobiernos morenistas. Por ejemplo, Modesto Solís Silva, que desempeñó el cargo de licitador en esa empresa de octubre de 2018 a abril de 2019, pasó a ser subdirector de Factor Humano y Prestaciones Laborales de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla en mayo de 2019; después fue jefe de departamento en la Secretaría de Turismo, hasta enero de 2021. Entonces asumió la Gerencia de Desarrollo Organizacional del Banco del Bienestar,
Por su parte, Miriam Castillo Rupit, hasta septiembre de 2019, era empleada del mismo INDEP (cliente de Atlantis). Ahora, Castillo Rupit es supervisora peninsular de Community Doctors.
@estedavid
