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Gerardo Sosa Castelán ha recibido 2.4 millones desde jubilación en la UAEH

Hasta la última instancia de transparencia fue entregado el reporte de ingresos recibidos por jubilación de Gerardo Sosa Castelán, jefe del grupo político que domina la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y actualmente en prisión domiciliaria acusado por manejo irregular de recursos.

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Sosa Castelán actualmente está en prisión domiciliaria. Foto: Archivo.

EMEEQUIS.– El exrector Gerardo Sosa Castelán, jefe del grupo político que rige la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) desde hace 40 años, percibe mensualmente 34 mil 432.72 pesos por concepto de jubilación.

La casa de estudios afirma que prestó servicios profesionales de manera ininterrumpida de 1980 –cuando dejó el mando de la porril Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), inmersa en averiguaciones previas– hasta 2017, cuando contaba con una plaza de “personal académico” de la que no se detallan funciones.

En seis años, los recursos recibidos –que han tenido variaciones anuales– ascienden a 2 millones 461 mil 586.24 pesos, hasta el corte de enero de 2024.

Tras una negativa inicial, después de un recurso de revisión (RRAI 903/2023), en el que fue obligada a cambiar su respuesta –aunque se negó a hacerlo–, y luego de llegar a la última etapa, en la que se le notificó de incumplimiento a la ley en materia de transparencia, la UAEH reveló el monto que percibe Sosa Castelán.

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Sosa Castelán en una movilización. Foto: Cuartoscuro.com.

Actualmente enfrenta en prisión domiciliaria un proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos, según la causa penal 263/2023.

El primero de julio de 2017, Gerardo Sosa Castelán obtuvo su jubilación. En la primera respuesta, la Autónoma de Hidalgo se negó a proporcionar la trayectoria laboral que ampara este proceso, pero, tras la modificación ordenada por el Instituto de Trasparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado (ITAIH), más el apercibimiento, sintetizó en ocho líneas el historial.

Asegura que tuvo el nombramiento de “profesor por horas” en 1980, cuando tenía 25 años y era recién egresado de la licenciatura en Derecho. Esa posición la ocupó hasta 1997.

TRAYECTORIA CUESTIONADA

Política y gobierno de Hidalgo es un libro escrito en las postrimerías de la década de 1980 por Arturo Herrera Cabañas, quien falleció el 30 de abril de 1994 en un percance aéreo, cuando fungía como director del Instituto Hidalguense de Desarrollo Cultural e Investigaciones Sociales, actualmente Secretaría de Cultura.

En el momento en el que lo escribió, cuando predominaba el control del gobierno y acoso a disidencia, Herrera aseguró que Gerardo Sosa, quien ascendía al amparo del priísmo de la FEUH, “nunca cubrió cátedra, aunque existe su nombramiento oficial como profesor” en la Preparatoria Tres.

Además, recriminó, en la obra publicada 10 años después de su muerte por la fundación que ahora lleva su nombre que, supuestamente, para aclarar su “deteriorada imagen” de líder porril, el ahora jefe del clan universidad “presionó para que se creara una maestría en criminología (…) cuya calidad académica es bastante dudosa, para que el mismo Sosa Castelán y algunos de sus lugartenientes pudieran ostentarse como intelectuales de carrera, justificando así sus aspiraciones a los más altos puestos de la administración universitaria y estatal”.

El libro cuyo autor fue demandado.

La aseveración de que el político originario del municipio rural de Acaxochitlán no impartió clase no sólo la sostuvo el historiador Herrera Cabañas. También el escritor, periodista y excatedrático de la UAEH, Alfredo Rivera Flores, autor del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, por el que enfrentó el juicio más longevo en América Latina en un caso relacionado con libertad de expresión (2004-2020), tras demanda de Sosa Castelán.

Pasado un proceso en el que acusó asimetría por el poder del demandante, entonces miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rivera fue sentenciado a pagar 739 mil pesos por daño moral.

Mientras el líder del Grupo Universidad tenía el nombramiento de profesor por horas, fue diputado local de 1981 a 1984 y, a la par (de 1980 a 1986), secretario general del Sindicato único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Hidalgo, aunque nunca había sido funcionario. Entre esos años, de 1979 a 1981, igualmente fue presidente del Club Pachuca, y cursaba un programa de posgrado creado por la UAEH: maestría en criminología (1982-1984).

El argumento de Rivera Flores y de Herrera Cabañas, más otro bloque de docentes disidentes, posteriormente dados de baja de la institución, era que por los compromisos políticos y el desempeño público no hacía verosímil en qué momento ejercía la cátedra, además de que no había evidencia de que hubiera estado al frente de un grupo, aunque el nombramiento sí lo tenía.

LOS MANEJOS IRREGULARES

Dentro de la UAEH, Sosa ocupó el cargo de secretario general en los periodos 1986 a 1991 y de 2010 a 2011; asimismo, fue rector de 1991 a 1998.

Cuando Gerardo asumió este puesto, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa criticó desde su Plaza Pública que el acrecentamiento del poder de Sosa “lo lleva hasta la impudicia de regir una casa de estudios superiores (…). Durante algún tiempo se contentó en ser rector en la clandestinidad hasta que, sin escrúpulo alguno –pues no puede citar en su currículum obra ni iniciativa alguna que justifique esa distinción– resolvió ocupar la eminente posición desde la cual amplió sus aspiraciones políticas”. Sostuvo, al igual que Rivera y Herrera, que no cumplía con los requerimientos para la posición.

Al terminar su periodo rector, indicó la universidad, se desempeño como “personal académico” hasta el primero de julio de 2017, con base en la currícula proporcionada. La versión de este último compromiso laboral se contrapone a las respuestas de solicitudes de información otorgadas por el ente educativo en 2016 y años previos, cuando aseguró no tener ningún vínculo con el político y que éste no se encontraba activo, sino en una posición “honoraria”: la presidencia del Patronato Universitario, desde el cual, basado en la imputación de la FGR, operó un desvío de recursos entre 2011 y 2017, identificado inicialmente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. No obstante, el bloqueo de activos del hidalguense junto con 37 personas físicas y morales que operaban 320 cuentas bancarias, fue realizado hasta el primer año de mandato de Andrés Manuel López Obrador. A la par, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta por movimientos inusuales en el sistema bancario internacional y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) hizo lo propio ante posibles delitos relacionados con hidrocarburos.

A la par de las funciones que enlista la institución educativa, Gerardo Sosa ejerció como titular de la Fundación Hidalguense (1997-2004) –otra entidad universitaria–; como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI (2004 a 2006), después de buscar por primera ocasión la candidatura priista al gobierno de Hidalgo, y como diputado federal de 2000 a 2003 y de 2006 a 2009.

GENEROSA JUBILACIÓN

Cuando recibió la jubilación, de julio de 2017 a febrero de 2018, el político ahora adherido al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cobró 27 mil 997.92 pesos cada mes; de marzo de 2018 a febrero de 2019 el monto subió a 28 mil 949.84 pesos, y de marzo de 2019 a febrero de 2020, a 29 mil 919.66 pesos.

Asimismo, de marzo de 2020 a febrero de 2021 percibió 30 mil 936.92 pesos, y de marzo de 2021 a febrero de 2022, 31 mil 988.78 pesos. De marzo de 2022 a febrero de 2023 la cantidad ascendió a 33 mil 108.38 pesos y a partir de marzo del año anterior recibe 34 mil 432.72 pesos, de acuerdo con la documentación expuesta en la sesión extraordinaria que el Comité de Transparencia de la Autónoma del Estado llevó a cabo el 12 de diciembre pasado, para cumplir con el apercebimiento del ITAIH.

El monto global es de 2.4 millones de pesos durante estos 79 meses. El último año obtuvo 378 mil 759.92, sin contar el pago de febrero, que está en curso.

LA NEGATIVA

El 19 de septiembre de 2023, mientras en un grupo de choque en el que, a través de videobragaciones, fueron identificados miembros del Consejo Estudiantil Universitario del Estado de Hidalgo (CEUEH) y trabajadores de la UAEH cuando reprimían a los alumnos del Instituto de Artes, el Comité de Transparencia de la casa de estudios se reunía para su vigésima sesión extraordinaria, en la que acordaron resguardar la información sobre el ingreso por jubilación que recibe el líder del grupo político que rige la universidad desde finales de la década de 1970, así como los puestos que desempeñó.

“El C. Gerardo Sosa Castelán no tiene ningún vínculo de carácter laboral con esta institución, en virtud de haber concluido su relación de trabajo con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, esto en el tenor de que ‘un trabajador jubilado no puede ser considerado trabajador en actividad, puesto que ese carácter lo da el hecho mismo de prestar servicios, y las cantidades monetarias que periódicamente se entregan al jubilado no constituyen salario, sino simplemente una jubilación”.

El requerimiento era parte de la solicitud de información 131466900011123 ingresada por este reportero. Tras presentar un recurso de revisión en el que, entre otros aspectos, se refirió que la fracción XLII del artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo establece que los sujetos obligados, sin restricción para la esta institución educativa, deben dar cuenta de lo que a la letra dice: “El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben”, el pleno del ITAIH votó por modificar la respuesta otorgada, ya que consideró que fue incompleta, además de ratificar que se trata de datos que tienen carácter e interés público.

“El primer punto a estudiar es la percepción mensual que recibe Gerardo Sosa Castelán, pues alude el sujeto obligado que no puede proporcionarlo pues, por cese de actividades laborales, se termina el tratamiento de datos personales; sin embargo, sólo se solicita una cantidad monetaria, lo que permite entonces determinar que no existe algún dato personal para no proporcionarse, por lo que el sujeto obligado puede pronunciarse sobre dicha percepción mensual”, dice la propuesta presentada por la comisionada ponente Elizabeth Monribot Domínguez, votada a favor de manera unánime por el pleno.

Sobre la trayectoria laboral del exrector y expresidente del Patronato Universitario –entidad a través de la cual, según la Fiscalía General de la República (FGR), se dispersaron los 58.2 millones de pesos que imputan a Sosa–, la ponencia expuso que “el sujeto obligado se encuentra en posibilidades de otorgarla”, además de recordar que aunque el personaje político no labore en este momento la institución se pueden proporcionar  los datos en versión pública, sin que esto implique transgredir alguna confidencialidad.

El Comité de Transparencia de la universidad también excusó que como la jubilación implica el término de la relación laboral, “quedan extintos los fines que motivaron el tratamiento original de datos personales de los extrabajadores con esta institución”, y que al no contar con un sistema propio de jubilaciones y pensiones, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicaba y generaba el listado de pensiones, por lo que no podía otorgar una copia del último recibo.

Asimismo, tras el cambio de respuesta que desechaba su argumentación de incompetencia y su falta de atribuciones para dar la información, ingresó una causal de reserva que no había referido antes: un amparo dentro del expediente 363/2020, por un juicio laboral. Asimismo, sumó a su negativa de proporcionar los datos sobre Sosa Castelán un argumento de intereses personales del solicitante, en perjuicio de su exrector. Sostenía que no había interés público en conocer estos datos y aludía un posible dolo al buscarlos.

Al comité de transparencia de la universidad lo integran la contralora general, Hannia Ingrid Salinas González; Antonio Mota Rojas, director jurídico y excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Pachuca cuando el Grupo Universidad administró la franquicia del partido naranja; Gabriela Mejía Valencia, coordinadora de Administración y Finanzas que enfrentó un proceso por presuntos delitos electorales asociado con financiamiento ilícito a campañas, el cual concluyó, así como Haydee Abigail Hernández Aguilar, titular de la Unidad de Transparencia.

HASTA LA ÚLTIMA INSTANCIA

Al llegar a la última instancia, con el apercibimiento de ser sujeta a sanciones, la UAEH proporcionó los montos, en una sesión del 12 de diciembre en la que, por unanimidad de votos, su comité expuso que habían recibido una notificación acerca de que la ejecutoria de amparo dentro del expediente 363/2020 había quedado cumplida, por lo que “al no existir las razones que dieron origen a la clasificación de la información”, entregaba los datos.

La Fiscalía General de la República, que pidió para Gerardo Sosa la pena máxima, 55 años de prisión, dio en septiembre de 2020 el denominativo de “organización criminal” al grupo que inicialmente, después de su incursión en la política estatal al amparo del gobernador Jorge Rojo Lugo, quien utilizó la violencia porril contra sus rivales al interior del entonces partido dominante (PRI), se conoció como Universidad o La Sosa Nostra. Asimismo, afirmó que bajo la dirección del también exdiputado federal priista, se operó un mecanismo de sustracción de recursos del erario universitario que incluía una empresa fantasma, Contabilidad del Siglo XXI, la cual triangulaba el dinero a cuentas del líder del clan político, sus hijas, Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto, y dos presuntos operadores. Estos últimos, María Luisa M. S. y Juan Manuel H. G., están libres desde diciembre de 2022 por un error de la FGR, que no presentó orden judicial con la que obtuvo la información bancaria de los acusados, aunque sí contaba con ella.

Así fue detenido. Video: Reforma.

EN PRISIÓN DOMICILIARIA

Sosa Castelán fue detenido el 31 de agosto de 2020 en la Ciudad de México. Ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Desde el 3 de febrero de 2022 se encuentra en prisión domiciliaria, tras el cambio de medida cautelar. En un evento proselitista el 12 de julio de 2023 en el Centro Cultural la Garza de la UAEH, el rector Octavio Castillo Acosta agradeció a Adán Augusto López Hernández, quien buscaba la candidatura morenista a la Presidencia, haber intervenido para cambiar dicha medida cuando era secretario de Gobernación, con lo cual Gerardo puso salir de la cárcel de máxima seguridad y estar en una de sus propiedades en Pachuca, con monitoreo mediante brazalete electrónico.

De 1977 a 1978, Gerardo Sosa Castelán presidió la porril FEUH, a partir de entonces se hizo del control de la casa de estudios al amparo del PRI. La organización sobrevivió a la caída de un partido que casi cumplió en una centuria en el poder (93 años) y se ha perpetuado a través del morenismo, en el que es una de las principales corrientes internas con posiciones en los poderes legislativos federal y estatal, así como en presidencias municipales.

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Áxel Chávez

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