SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– El próximo 27 de noviembre se cumplirán 15 años para Brenda Quevedo de estar presa sin una sentencia que la acredite como responsable del secuestro del empresario Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace. Dos años de proceso en Estados Unidos y 13 en prisión preventiva por parte de la justicia mexicana.
Tenía 25 años cuando fue detenida en Illinois, Estados Unidos. Posteriormente fue extraditada a México para ser juzgada por el delito de privación ilegal de la libertad que, sostiene, no cometió. Ahora tiene 41 años y se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social “Morelos”.
“Son 15 años lacerantes. Lo que ella temía, que la fueran a violar, torturar aquí en México, para obtener un delito que le estaban fabricando, sucedió”, cuenta su madre, Enriqueta Cruz, en entrevista con EMEEQUIS.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en la conferencia matutina de este martes respecto a la dilación en el proceso de Quevedo, al igual que el de Israel Vallarta, presunto cómplice de Florence Cassez.
Refirió que el atraso para delimitar la acusación se debe a que “hay influyentismo político, hay burocratismo, tácticas dilatorias, corrupción en los juzgados, hay de todo”, dijo.
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Seis son los presuntos implicados que, hasta ahora, están presos por el denominado “Caso Wallace”. Dos de ellos aún en espera de sentencia: Jacobo Tagle Dobin y Brenda Quevedo. Sin embargo, no se ha esclarecido lo que ocurrió con Hugo Alberto, de quien incluso no se ha encontrado rastro físico desde julio de 2005.
Ha sido un proceso en el que se han identificado y denunciado una serie de irregularidades que limitan las pruebas que apuntan como responsables a Brenda Quevedo, Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle, César Freyre, Albert y Tony Castillo Cruz.
Contradicciones, omisiones y beneficios jurídicos que ha tenido la justicia mexicana con Isabel Miranda de Wallace que, incluso han sido denunciados por organismos internacionales.
En entrevista con EMEEQUIS, las familias de cuatro de los seis implicados en el caso cuentan la persecución, violencia y amenazas que han padecido durante los 17 años de proceso, y que ahora persisten.
Ataques que han vuelto en los últimos meses, desde que el caso fue atraído en revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que da esperanza a los imputados que acreditarse su culpabilidad o en su caso, una sentencia absolutoria a los delitos que se les señala. El caso deberá resolverse antes del próximo 12 de diciembre.
El testimonio de Brenda.
EL REGRESO DE LOS ESPECTACULARES Y ATAQUE MEDIÁTICO
¿A qué le tiene miedo Isabel Miranda de Wallace?”, se preguntan las familias de los presuntos secuestradores de Hugo Alberto Wallace.
Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, asegura que Isabel Miranda difunde en anuncios espectaculares una narrativa que criminaliza a los presuntos implicados. Lo hace, dice, con el fin de “querer convencer a un público”. Son 17 años los que se tiene sobre el caso y desde ese instante ha sacado cosas, pero todas se han caído. No es coherente lo que se dice, nos defendemos. El público ya no es tan fácil de convencer”.
Afirman que, desde 2005, Miranda de Wallace utilizó su capacidad empresarial, al ser la dueña de la empresa de publicidad Showcase, para poner decenas de anuncios espectaculares en distintas zonas del país, para contar la versión criminal que trata de legitimar sobre la muerte de su hijo.
Isabel Miranda mantiene sus acusaciones. Foto: Captura de video.
“Siempre se ha caracterizado Isabel Miranda por publicar en los medios y en los espectaculares que, como no tienen costo alguno para ella, puede darse el lujo de hacerlo y de perjudicar”, cuenta Luis Carrillo Bustamante, tío de los imputados Tony y Albert Castillo Cruz.
Lo hizo en el año 2005 y lo volvió a hacer en 2022. A mediados de este año, colgó en diversas avenidas espectaculares que vuelven a criminalizar a los presuntos agresores, así como difundir en medios de comunicación testimonios de los implicados que fueron descartados al confirmarse hechos de tortura.
“César N, Brenda N y Jacobo N compraron una sierra para descuartizar el cuerpo de Hugo A. Wallace”, se leía en octubre de este año un espectacular colocado sobre Avenida Circuito Interior. Lo ilustra un ticket de compra con los supuestos utensilios usados en el asesinato.
Pese a ser un caso abierto, donde no pueden difundirse de manera pública, detalles sobre la investigación, Miranda de Wallace ha actuado en violación a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Esto vuelve a ocurrir, tan sólo dos meses después de que, en mayo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia aprobó analizar el amparo promovido por Juana Hilda González Lomelí.
“Ahorita la señora está volviendo a poner los espectaculares por toda la Ciudad y eso nos causa demasiado dolor, estrés. No está comprobado su caso. El caso Wallace tiene más pruebas en contra de su proceso, que a favor”, explica a EMEEQUIS, Judith Tagle Dobin, hermana de Jacobo Tagle.
El periodista Ricardo Raphael, quien ha dado cobertura al caso desde sus orígenes, refiere que son más de 30 los anuncios espectaculares repartidos desde agosto por varios puntos de la Ciudad de México. Incluso refirió haber recibido amenazas por parte de Isabel Miranda.
La defensa de los presuntos secuestradores, atendida por el Instituto Federal de Defensoría Pública, ya evidenció todas las disposiciones que Wallace sigue infringiendo colocando espectaculares por toda la Ciudad de México.
En octubre, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa resolvió que en la alcaldías Cuauhtémoc y Tláhuac se revisaran la instalación de los anuncios espectaculares sobre el caso Wallace, con el objetivo de eliminar los nombres de los presuntos implicados en el secuestro. Sin embargo, no ha habido cambio y la influencia de Miranda de Wallace permanece.
“El juez ordenó que todos los espectaculares que tuvieran el nombre de Brenda y de Juana Hilda, ya sea en texto o fotografía, se quitaran. Pero no hemos visto ningún movimiento, aunque eso también lo ordenó”, explica Enriqueta Cruz.
Los espectaculares contra los implicados son constantes por toda la ciudad. Foto: Emeequis.
VIOLENCIA HACIA LOS IMPUTADOS Y SUS FAMILIAS
No es la primera vez que había sido solicitada la atracción del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En años previos, la familia de Albert y Tony Castillo Cruz y la de César Freyre, dos de los imputados, habían pedido volver a revisar sus procesos tras recibir sentencias condenatorias.
Por su parte, desde hace dos años, la defensa de Brenda Quevedo solicitó el cambio de medida cautelar, para que pudiera seguir su proceso fuera de prisión. Pero la negaron argumentando que pudiera huir del país, o dañar a la contraparte. La respuesta de los abogados fue interponer un amparo, del que aún se espera resolución.
Los familiares aseguran que, durante gobiernos previos, era evidente una actuación de la justicia que favoreció a Miranda de Wallace, retrasando los procesos individuales sin que los imputados obtengan sentencia.
“Las pruebas que ofrecía Isabel Miranda les daban entrada y hacían prueba plena, pero todas las que nosotros presentamos nunca fueron tomadas en cuenta. No se les dio valor probatorio”, explica Luis Carrillo Bustamante, tío de los imputados Tony y Albert Castillo Cruz.
Durante el tiempo en prisión, Brenda Quevedo ha sobrevivido a violencia sexual y múltiples episodios de tortura. Situación similar al del resto de los implicados.
Luis Carrillo afirma que Tony y Albert fueron víctimas de tortura al interior de presión y tras denunciarla fueron cambiados en múltiples ocasiones de penal, hacia estancias más lejanas a su familia. Albert ahora se encuentra en el penal de Tapachula, Chiapas; mientras que Tony está en el Penal de Gómez Palacios, Durango.
La misma situación ocurrió con Jacobo Tagle. “Mi hermano nunca ha estado seguro, lo han trasladado infinidad de veces de penales. Cada vez más lejano a la familia, donde no podemos ir a visitarlo”, cuenta su hermana Judith.
La persecución y formas de violencia no sólo han sido dirigidas a los presuntos implicados, también a sus familias.
“Hemos sufrido amenazas. En algún momento llegó a amenazar con meterme a mí presa”, narra la hermana de Tagle Dobin. Hemos sufrido humillaciones, de persecución, me llegaron a amenazar por redes sociales, me llegaron a perseguir por la calle. Fueron momentos muy difíciles de terror. No sabíamos si íbamos a regresar a nuestras casas con bien”.
Hace dos semanas, los familiares, junto al periodista Ricardo Raphel, denunciaron ataques de violencia física y verbal en la presentación del Foro Lindbergh, una actividad de la Asociación Alto al Secuestro, presidida por Miranda de Wallace.
Cumplirá 15 años en prisión.
LA ESPERANZA DEL AMPARO EN LA SCJN
Antes del 12 de diciembre, último día de sesiones de la Suprema Corte durante este año, deberá resolverse el amparo promovido por la defensa de Juana Hilda González Lomelí.
El juicio de amparo 34/2021 fue presentado por la ministra Margarita Ríos-Farjat para revisar el caso en su totalidad y determinar si la imputada deberá cumplir la sentencia de 78 años de prisión que le fue asignada por los delitos de privación ilegal de la libertad, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada.
En respuesta a la aprobación de la Suprema Corte para verificar el caso, Isabel Miranda de Wallace presentó una denuncia penal contra el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, por la presunta comisión de actos de corrupción, tráfico de influencias, amenazas y ejercicio indebido de funciones, al referir que trata de beneficiar a los presuntos asesinos de su hijo.
De determinar que se anula la sentencia contra Juana Hilda González, se abre la puerta para verificar los casos de todos los demás imputados.
“Es la noticia más grande que hemos tenido. Esperemos en Dios que sí revisen con lupa porque son muy obvias tantas pruebas”, afirma la madre de Brenda Quevedo.
Por su parte, la familia de Jacobo Tagle, quien aún no obtiene sentencia condenatoria, afirma que el proceso se encuentra viciado por irregularidades que deberán ser tomadas en cuenta por la SCJN.
“Pruebas falsas como la gota de sangre, testigos falsos, todo lo que tiene el caso es falso. La señora Isabel Miranda usó este caso para escalar políticamente, para ganar popularidad y llegar a un cargo político”, afirma Judith Tagle.
En julio del año pasado se dio a conocer que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra Isabel Miranda por falsedad de declaraciones derivado de simulación de pruebas. Esta fue promovida por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial, en representación de las personas que se encuentran presas.
@GloriaPE_
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