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EMEEQUIS.– Baja California Sur, San Luis Potosí, Nayarit y Zacatecas deben responder por inconsistencias que ascienden a 95 millones 487 mil pesos en la operación de programas alimentarios –como desayunos escolares que, aseguran, implementaron durante el segundo año de contingencia por Covid-19, durante la suspensión de clases presenciales.
El monto corresponde a recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que recibieron en 2021; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que los productos de estos programas no fueron entregados, no hay evidencia de que existieron, llegaron de manera extemporánea a los beneficiarios o fueron sustituidos por otros –sin justificación– por lo cual Ejecutivos estatales debían imponer penas convencionales a los proveedores.
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Tras una revisión a la primera entrega de informes de la cuenta pública del año anterior, EMEEQUIS identificó que estas cuatro entidades firmaron, con presupuesto del FAM, contratos para adquirir insumos o bienes con el fin de combatir la pobreza alimentaria o apoyar con nutrientes a la infancia; no obstante, los auditores detectaron irregularidades en la operación, por lo cual reclaman el posible daño a la hacienda pública federal por los 95.4 millones de pesos.
El monto observado más alto corresponde a San Luis Potosí, con 76 millones 28 mil 689.20 pesos pendientes de aclaración. El dictamen de la auditoría 1580 refiere que el gobierno no presentó la documentación que acreditara el suministro, la distribución y la entrega de los bienes e insumos alimentarios que adquirió mediante los contratos números CO02-LA-DIF-001-2021 y CO04-DIF-CAASPE-AD01-2021 pagados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples durante la administración de Juan Manuel Carreras López, ya que fueron firmados el 22 de febrero y 25 de marzo del año anterior.
El entonces gobernador de SLP Juan Manuel Carreras en la entrega de desayunos escolares en 2020. Foto: Especial.
El segundo contrato correspondía a desayunos fríos (68.8 millones de pesos), en un periodo en el que, por la pandemia ocasionada por el SARS- CoV-2 ¡las escuelas fueron cerradas! y el estado migró a una modalidad virtual. Ambos fueron firmados a través del DIF.
A Zacatecas, la ASF observó un posible perjuicio a la hacienda pública por 12 millones 696 mil 351.63 pesos por no presentar evidencia de las entregas de los alimentos a los beneficiarios de los municipios de Trancoso, de El Salvador, de Villa Hidalgo y de Mazapil, los cuales recuperaron los apoyos retenidos con hasta ocho meses de atraso, en incumplimiento de las Reglas de Operación de los Programas Estatales.
Dichos insumos pertenecían a los programas desayunos escolares, asistencia alimentaria a personas de atención prioritaria, 1000 días de vida, salud y bienestar comunitario y de atención a personas en situación de emergencia o desastre, todos para el ejercicio 2021, celebrados por el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Zacatecas y los municipios.
En Baja California Sur, según la auditoría 456, se presume un posible daño por 2.4 millones por no aplicar las penas convencionales por el atraso en los plazos de entrega de los insumos alimentarios.
El órgano fiscalizador señala que del contrato número 2021- 2015/GBCS/LP-LES-007-053, “Desayunos Escolares Modalidad Frío”, se constató que los productos se entregaron de manera extemporánea, en contravención de los plazos y montos pactados, y que no se aplicaron las penas convencionales y sanciones por 2 millones 240 mil 278.71 pesos, cuyo reintegro demanda la ASF a la Tesorería de la Federación.
En tanto, en Nayarit, el DIF no aplicó las penas convencionales ocasionadas por el atraso en la primera y segunda entregas convenidas de 98 mil 533 dotaciones, correspondientes al contrato número S.A.F.D.G.A. 026/2021 y su convenio modificatorio: Adquisición de Insumos para los Programas de Asistencia Social Alimentario a Personas en Situación de Emergencia o Desastre, Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria y Desayunos Escolares.
Por esta inconsistencia, el órgano federal demanda aclaraciones por 4 millones 521 mil 681.15 pesos.
FAM, POZO SIN FONDO
Incluidos los 95.4 millones en programas alimentarios que, por irregularidades, demanda la ASF a Baja California Sur, San Luis Potosí y Zacatecas, el ente fiscalizador halló inconsistencias por 183 millones 133 mil 657 pesos transferidos del FAM a 10 entidades el año anterior. Entre las anomalías están desde la falta de aplicación de penas convencionales y no haber ejercido recursos presupuestas, hasta la falta de certeza en el ejercicio del dinero, por lo cual también pidió iniciar procedimientos en las contralorías locales para la posible sanción de los funcionarios implicados.
La mayor cantidad observada se encuentra en Michoacán, con 66 millones 425 mil 726.58 pesos, debido a que el gobierno de Silvano Aureoles pagó con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples seis productos distintos a los considerados en el “Anexo N° 1” de las bases de licitación pública estatal CADPE-EM-LPE-011/2021 y en el contrato número CADPE-EM-LPE-011/2021-1, los cuales fueron adicionados indebidamente.
La ASF precisa en el informe 1127 que se modificaron de manera sustancial los productos alimenticios en cinco programas, ya que se eliminaron siete productos que se encontraron descritos en el “Anexo N° 1”, y se adicionaron y pagaron con los recursos del fondo seis productos distintos que ascendían a los 66.4 millones.
En Chihuahua están pendientes de aclaración 13 millones 554 mil 877.47 pesos.
Se trata de 2 millones 167 mil 206.16 pesos por la falta de amortización de los anticipos de dos obras con números de contrato 05-2021 e ICHIFE-053/2021-R, y de 11 millones 387 mil 671.31 pesos por no reintegrar los recursos y los rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre del 2021.
En la Ciudad de México, la ASF pide al gobierno de Claudia Sheinbaum justificar 3 millones 380 mil 191.91 pesos que se confirman de las siguientes inconsistencias:
Un millón 344 mil 879.29 pesos, por carecer de la documentación justificativa y comprobatoria de su aplicación a los fines y objetivos de los recursos remanentes del FAM de ejercicios fiscales anteriores que el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México ejerció en el 2021.
Asimismo, 1 millón 790 mil 204.97 pesos por no reintegrar los recursos del fondo que no se comprometieron al 31 de diciembre de 2021 ni pagaron al 31 de marzo de 2022, además de 245 mil 107.65 pesos por carecer de la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones de los recursos del fondo, específicamente en el Infraestructura Educativa Básica e Infraestructura Educativa Media Superior.
Oaxaca tuvo observaciones por 2 millones 152 mil 785.20 pesos por no reintegrar los recursos del FAM del ejercicio fiscal 2021 y los rendimientos financieros no comprometidos y no pagados al 31 de marzo de 2022, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
En Aguascalientes son 710 mil 537.64 pesos más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación los que reclama la ASF, por recursos no pagados al 31 de marzo de 2022, que corresponde a dinero no ejercidos por parte del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes.
Por esta misma inconsistencia, Tlaxcala debe justificar 716 mil 363.37 pesos.
Además de las irregularidades por los programas alimentarios, Baja California Sur, que hasta el 9 de septiembre pasado fue gobernado por el panista Carlos Mendoza Davis y, posteriormente, por el morenista Víctor Manuel Castro Cossío, tiene pendiente aclarar 706 mil 174.80 pesos también por no reintegrar los recursos y los rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones Múltiples para el ejercicio fiscal 2021 que no fueron comprometidos al 31 de diciembre pasado.
@axelchl
