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“Me sentí sentenciado 40 años”: A Fernando Ríos le achacaron homicidio sin pruebas

Fernando Ríos Maqueda fue detenido en 2020 acusado del homicidio del hijo del poderoso Gerardo Sosa Castelán en Hidalgo. Con pruebas endebles, como parecerse “en un 60%” a un retrato hablado, pensaban encerrarlo 40 años. Ya absuelto, cuenta cómo se fabricó su culpabilidad.

4 / 12 / 22

EMEEQUIS.– Lo primero que recuerda de aquel día es la puerta derribada por los agentes de investigación, que entraron con violencia al domicilio de su suegra en la colonia PRI Chacón, en Pachuca. Después, la cobija envuelta en su cabeza; él, sometido por la fuerza, mientras escuchaba el ruido de las cosas caer. 

Aquel 23 de febrero de 2020 Fernando Ríos Maqueda fue detenido por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) como presunto responsable del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, hijo de Gerardo Sosa Castelán, quien controla, desde las postrimerías de la década de 1970, la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH). 

Sosa Cravioto murió el 23 de febrero de 2019, justo un año antes de la detención de Fernando, a consecuencia de un ataque armado en el que recibió cinco tiros –tres letales, que provocaron una laceración pulmonar–. Eran fechas en el que el denominado Grupo Universidad –que se había aliado a Morena en 2018– tenía una disputa política abierta con el gobierno de Omar Fayad Meneses, y que enfrentaba el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces a cargo de Santiago Nieto Castillo, por presuntos movimientos inusuales en el extranjero que derivaron en una alerta del sistema bancario internacional por lavado de dinero. El monto ascendía a 151 millones de dólares.

Desde su detención, Ríos Maqueda fue ingresado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, donde pasaría, en un área para “presos especiales”, 25 meses recluido, hasta que un Tribunal de Enjuiciamiento lo absolvió la madrugada del pasado 7 de abril. Libre, en una “nueva realidad” que aún no conoce, porque llegó a la cárcel antes de la pandemia por Covid-19, habla con EMEEQUIS de lo que define como la fabricación de un culpable para encubrir los verdaderos móviles del asesinato, y responsabiliza a la procuraduría estatal de estas irregularidades. 

–¿Quiénes son los principales responsables de tu detención y encierro durante 25 meses en un caso en el que no se probó tu culpabilidad?

–El hecho de señalar actos en una carpeta, de fabricar, en el caso del cateo, evidencias en la cuestión del arma, que fue sembrada, pues señalo directamente a Raúl Arroyo, exprocurador, quien se lo dijo a mi hermano en una reunión que tuvieron: ‘al final del día yo soy el que firmo’, y efectivamente, él es el que dio validez a estos actos ilegales por parte de los agentes del ministerio público, y a ellos son a los que señalo de fabricar mi caso.

–¿En algún momento, por esta carga institucional que tú denunciabas, llegaste a sentir que la sentencia de culpable recaería sobre ti?

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–Sí, totalmente. En el avance del proceso jurídico, el ver a la jueza de control Janeth Montiel encargarse de estorbarme, de entorpecerme, de no darme una libertad en derecho y, hasta cierto punto, guiar al ministerio público en sus errores, señalárselos y decirles por dónde seguir su investigación y cómo presentar los elementos ante ella, es ahí cuando sí me dije: ‘están logrando su objetivo’, que era incriminarme: conseguir un culpable. Lo recuerdo bien, fue al salir de la audiencia intermedia en la que no me permitieron pasar mis pruebas periciales que hubieran dado más contraste en el juicio y más veracidad a mi inocencia. Ahí me sentí sentenciado por los 40 años que, como pena máxima, la procuraduría pedía para mí.   

El ministerio público sostenía la imputación en tres elementos principales: un retrato hablado que, aseguró, coincidía con el registro facial de Fernando; un arma que, afirmó, fue localizada en un cateo al domicilio del entonces presunto culpable, y con la que dijo se cometió el homicidio, así como testimonios de personas que auxiliaron a Sosa Cravioto tras el ataque. En el juicio, uno a uno se desvaneció, hasta llegar a un solo hecho concreto: Gerardo hijo fue asesinado tras un ataque a tiros, y dos preguntas sin respuesta: ¿quién –y por qué– lo mató?

CÓMO SE CONSTRUYE UN CULPABLE

Cuando Sosa Cravioto fue atacado a tiros al dirigirse al rancho Yemila, propiedad de su familia en el municipio rural de Acaxochitlán, avanzó unos 400 o 500 metros en su camioneta, ya desangrándose, por un camino de terracería. Apretó el claxon reiteradamente para pedir ayuda. Una persona de la comunidad, Neftalí, de oficio albañil, salió, porque pensó que su auto estorbaba y por eso los silbidos, que eran como un aullar interminable. Él se dio cuenta que Gerardo hijo, a quien vio dentro de su unidad, hacía llamadas telefónicas. No se percató de que estaba herido. Entonces regresó a su casa, pero, apenas iba hacia dentro, escuchó de nuevo los pitidos insistentes.

Salió una vez más y, en la escena, ya se encontraba el contador Alfonso Acosta, que trabajaba en el rancho de los Sosa, y fue el primero de parte de la familia que llegó en auxilio. Neftalí escuchó que “Gerardito” –como lo llama Fernando– dijo: ‘¡mire, conta, lo que me hicieron!’, y mostró su cuerpo baleado; fue cuando se percataron que el joven estaba herido. 

Acosta le pidió a Neftalí: ¡ayúdenme, por favor! ¡es el hijo del licenciado Sosa, lo acaban de balear! Neftalí regresó a su casa para buscar a su esposa, que es enfermera, y ayudarlos. En ese momento, llegó un Chevy rojo y, como la camioneta estorbaba el camino, ya no pudo seguir su trayecto. Neftalí le pidió a ese conductor: ‘¡ayúdanos, por favor!’, y entre los cuatro, Acosta, Neftalí, su esposa Arizmabeth y el conductor del Chevy, cargaron a Sosa hijo para sacarlo del asiento del piloto y acomodarlo en la media cabina de su camioneta.    

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Neftalí dijo en el juicio que, al salir, vio que Gerardo hablaba por teléfono y también que se dirigió, por voz, al contador, consciente. La procuraduría sostuvo que se encontraba en shock y no tenía lucidez.

En la reconstrucción de los hechos a través de los relatos de quienes auxiliaron a Sosa Cravioto, él, la víctima, en ningún momento señaló a quien lo estaba auxiliando a cambiarse a la media cabina –el conductor del Chevy– como su agresor, ni se dirigió a él por el nombre de Fernando.

“El Tribunal, en su lectura, hace mención a eso: en que, en el supuesto de que la persona del coche rojo hubiera sido el atacante de Gerardo, él lo hubiera reconocido en el momento. En el otro supuesto de que la persona del coche rojo era yo, el contador Acosta me hubiera reconocido, y obviamente Gerardo. Ahora, el contador nunca menciona a la persona del coche rojo; él dice no haber visto ni el coche ni a la persona”, señala Ríos Maqueda, en entrevista, tras las primeras horas en libertad.

Neftalí y Arizmabeth son quienes dan una descripción de las características físicas del tripulante del Chevy, a quien no señalan como agresor, sino como una persona que conducía por el camino y los ayudó a cambiar de asiento a la víctima. Ellos conocen personalmente a Fernando Ríos, al ser Cuaunepantla –donde está el Yemila– una comunidad pequeña, de aproximadamente cien pobladores, y no dijeron que él y el conductor de aquel vehículo fueran el mismo. 

“La teoría del caso de la procuraduría está muy enredada y ya cuando se desenmaraña en este juicio queda de la siguiente manera: la procuraduría dice que la persona del carro rojo que llega a ayudar, viene de la zona donde se efectúan los disparos, y que por eso puede ser que haya sido quien los realizó”, cuenta Fernando.    

En este cuadro tampoco está Gloria Carrasco, la entonces administradora del hotel Hacienda, que está dentro del rancho de los Sosa, y cuyo testimonio, a través de un supuesto reconocimiento fácil, fue determinante en la acusación del ministerio público contra Ríos Maqueda.

A ella le presentaron un retrato hablado hecho con la descripción de los rasgos físicos que hizo el matrimonio que apoyó a Sosa Cravioto y, según Fernando, le presentan también una foto suya. 

¿Se parecen?, le preguntaron. Otra más: ¿Cuánto? 

Los porcentajes de coincidencia fisonómica que se refieren en su carpeta de investigación, de acuerdo con Fernando, tampoco provienen de un análisis científico, sino de un dicho que adquirió valor sustancial:

“Ella dice en un primer momento, cuando le presentan el retrato hablado y mi foto: ‘se parecen un 85%’, en una primera entrevista, pero ya en una cuarta o tercera entrevista dice que me parezco en un 60%, y eso es lo que se mantiene ya en el juicio: coincidencia de 60%, por los ojos y el cabello. Ese es ‘su’ 60%: es una apreciación de esa testigo, a quien la indujeron con mi foto”, critica quien fue señalado como presunto homicida.

Pero ¿por qué mostraron la fotografía de Ríos Maqueda y no de alguien más? El exrecluso tiene una respuesta:  

“Al ver toda la información en su conjunto se ve que me empiezan a perfilar a mí como el asesino, por un supuesto móvil. Gloria empezó a decir que tuvo problemas conmigo, sí, pero problemas laborales, porque ella administraba el hotel que estaba al lado de la juguera que yo administraba –ambos propiedad de los Sosa–; entonces, por el agua, por las huellas de los tractores que dejan el lodo, por algo teníamos discusiones o no acuerdos, porque así era el trabajo, pero nunca llevado al plano personal, pero ella empieza a hablar de esas situaciones y yo empiezo a ver que el ministerio público trata de justificar ese móvil”.

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La teoría del caso de la autoridad fue que Fernando atacó a Sosa Cravioto después de que éste lo despidiera del rancho Yemila, por supuestas irregularidades financieras, tesis que se reforzó con las declaraciones de Carrasco. Lo sintetizó el MP en dos palabras: “venganza laboral”.

Fernando reconoce que la relación con “Gerardito”, como siempre lo llama, ya no era como en su mejor momento, y que presentó su renuncia. Le dijo que pondría un negocio de comida. Él le respondió en un mensaje: entrega todo al contador Alfonso. Fue la última comunicación entre ambos.

“No me permitían dormir continuamente por la noche”, dice Ríos Maqueda sobre sus dos años en prisión. Foto: Áxel Chávez. 

LAS AMENAZAS A UN PRESO “ESPECIAL”

En la cárcel, después de lanzar la campaña digital “Fer no lo mató”, con la que denunciaban posibles injusticias y la fabricación de un culpable, Ríos acusó que fue amenazado después de una serie de entrevistas, la última de éstas, con Julio Astillero para su canal de Youtube.

“Unos agentes, encapuchados, que nunca se identificaron, de qué institución venían o de qué instancia, entraron a mi celda y me dejaron un mensaje muy claro: ‘que le bajara yo a mis medios’, y que lo decían de parte del entonces procurador. En ese momento me di que la campaña estaba teniendo impacto, porque una vez que las autoridades reaccionan así es porque estoy logrando algo”. 

Hoy de 38 años, Fernando pasó los últimos dos en un área en la que se encontraban el exalcalde Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños –liberado recientemente tras un acuerdo reparatorio por el presunto daño causado al municipio que gobernaba–, y el exlegislador federal Cipriano Charrez Pedraza. 

“En un principio fue toda una situación de hostigamiento por parte de la institución misma. Me tenían en un área especial, con un custodio especial, me pusieron una cámara al interior de mi celda y no me permitían dormir continuamente por la noche, porque cada hora tenía que levantarme a decir mi nombre. Me quitaban mis cobijas al amanecer, me las daban al anochecer y todo esto obra en una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual ya decidieron archivar, desafortunadamente, pero fue una situación fuerte”. 

LOS OTROS TESTIGOS

Además del contador Alfonso Robles, el primero por parte de la familia auxilia a la víctima, Damián Sosa Castelán, tío de Gerardo, tuvo contacto con el joven, porque fue quien lo trasladó a una clínica particular en Tulancingo, donde posteriormente fallecería, cuando se preveía su traslado aéreo a la Ciudad de México. Asimismo, Gerardo padre se comunicó con su hijo por teléfono, lo cual fue revelado desde las horas posteriores del ataque por el gobernador Omar Fayad Meneses, quien lamentó el deceso y aseguró que habría justicia. 

–¿A alguno de ellos, Sosa Cravioto le dice quién fue su agresor?

–A ninguno. También está la doctora Alma Delia, una académica de la universidad que es asesora técnica de las huertas de manzana del rancho. Ella también estuvo con él. Ella fue quien le pasa el teléfono a su papá. Del traslado a Tulancingo, que estamos hablando de 30 o 40 minutos, Gerardito tuvo contacto con personas a través de teléfonos y tuvo la oportunidad de decir quién fue su agresor. 

–¿La procuraduría, en algún momento, le llega a preguntar a estas personas si la víctima, Gerardo Sosa Cravioto, le señala quién fue su agresor o las circunstancias en las que lo atacan?  

–La procuraduría manifiesta que iba en estado de shock, que no iba consciente y que no pudo haber manifestado quien lo atacó, aunque directamente no hacen esta pregunta en ninguna de las entrevistas. La pregunta la hizo mi defensa, en el juicio, a Damián Sosa Castelán, quien respondió que no, que Gerardito no le dijo quién era el agresor. Pero, no sé, son situaciones de estrés, son situaciones de shock, son situaciones de supervivencia, pero pienso yo que uno de los (datos) primordiales es decir: ‘me atacó tal’, si no lo dijo, quizás, tal vez, era porque se trató de alguien que no conoce, pero si hubiera sido yo, en el momento que pidió auxilio hubiera dicho: ‘contador, me atacó Fernando’.

Con base en los peritajes oficiales, el ataque fue a no más de 1.20 metros de distancia, de frente. Ríos Maqueda cuestiona si acaso no pudo ver a su atacante, pero remata: “el ministerio público nunca preguntó a estos testigos clave si Gerardo les dijo quién fue su agresor”. Además de que, tras la tesis de la “venganza laboral”, no siguió ninguna otra línea de investigación oficial. 

Tras dos años en prisión, Fernando define el actuar de la procuraduría como “pobre, ilícito y tendencioso”, por lo que, afirma, no cumple con el objetivo de ser: investigar delitos, de manera imparcial y por la vía legal. En cuanto al Poder Judicial, consideró que actuó de manera irregular, para favorecer a la parte acusadora, hasta la etapa de integración de pruebas, sin dar libertad de defensa.

El porcentaje de similitud con el retrato hablado comenzó en 85 y terminó en 60. Fotos: Especial.

En el encierro, leer y armar rompecabezas –que le permitieron después de las primeras semanas– lo mantenía ecuánime, para seguir su lucha. Psicólogo de profesión, Ríos asevera: “la cabeza tiene formas de cómo refugiarse ante estas situaciones”; no obstante, reconoce que el trato represivo constante y las restricciones en comparación con el resto segregan de la población.

“Denuncia tras denuncia, amparo tras amparo; fue cuando nos abrieron un poco las puertas, fue cuando uno ya pudo en poco ‘caminar’ mejor en la cárcel”, dice, como se nombra a la supervivencia en el penal; cuando te vuelves uno más. 

Fernando consideró que el ministerio público, “ya en un exceso de fabricación de evidencias, de fabricación de delitos”, se volvió desaseado, con la certeza que el poder judicial ratificaría la sentencia que pedía, como Ríos también creyó. Sin embargo, esos descuidos abrieron la puerta para derrumbar todos sus supuestos elementos de prueba. 

En la última de las emisiones de la audiencia del juicio oral 47/2021, Ríos Maqueda pidió que se pusiera junto a su rostro el retrato hablado y se compara con su fisonomía, después, se dirigió al Tribunal: “mis orejas son muy características; soy de tez morena, no clara; tengo ojos alargados, no redondos; siempre he sido delgado (no complexión media, como señalaba el retrato), y mido 1.75”, les dijo. Con esto, refutaba la supuesta similitud que, originalmente, la procuraduría estableció de 85 por ciento, para después reducir a 60. 

“Dicho retrato hablado, se mostraba en este peritaje, fue manipulado por la perito; es decir, cuando se termina el retrato, se hacen algunos ajustes para hacerlo parecer a mí, después de que los mismos testigos ya habían dado sus descripciones y dicho que ese era su retrato hablado. Nosotros solicitamos acceso a las hojas de trabajo y a los discos para ver como fue ‘evolucionando el rostro’, para perfilar similitudes, pero no nos dieron acceso”.

“Desde un principio, ya estaban induciendo testimonios, porque a Gloria Carrasco, le preguntan directamente acerca de mí, y estoy hablando de abril o mayo de 2019, cuando apenas estaba la investigación fresca.

“Ellos le preguntan: ‘¿usted conoce a Fernando Ríos?’ ‘¿Usted qué sabe de Fernando Ríos?’”. 

En este desarrollo de juicio, una de las preguntas de la defensa a Carrasco, a cargo de Baldomero Mendoza López, fue: “usted habla mucho de Fernando Ríos, ¿fue porque los peritos o los agentes le preguntaban específicamente por él?”. Ella contestó: sí. Testimonio inducido, según el litigante.

Tampoco, reclama el expreso, en la etapa de integración de pruebas les permitieron incluir era un peritaje en geolocalización, para que, con base en la información obtenida de su teléfono celular, se determinara dónde estuvo el día de los hechos, ni uno en balística a la presunta arma homicida. 

–¿Cómo has pensado recuperar tu vida después de estos dos años de prisión?

–A mí me gustaría no sufrir un destierro, no tener que tomar una decisión de irme de la ciudad, porque al final de todo aquí yo tengo mi familia y aquí yo estaba realizando mi proyecto, el cual es el que pienso retomar, mi negocio de comida ahí en el centro de Pachuca, y continuar con mi vida de la mejor manera.

De manera paralela, seguir luchando en este caso, en el sentido de poder recuperar algo de lo perdido. Yo sé que no voy a recuperar el tiempo y que mi familia no va a recuperar la tranquilidad, pero sí vamos, con el tiempo y con la ayuda de Dios, a regresar en lo que estábamos. 

Y MIENTRAS SU EXPATRÓN…

Mientras Fernando fue liberado, Gerardo Sosa Castelán, su expatrón, enfrenta un proceso en prisión domiciliaria –dado su desmejorado estado de salud, según su defensa– por presunto lavado de dinero por 58.2 millones de pesos. Según la Fiscalía General de la República (FGR), mediante un esquema de dispersión de recursos movilizó dinero de la UAEH, institución que controla políticamente en un ascenso desde el porrismo hasta la rectoría y, después, a cargo del manejo financiero.

La última vez que ambos se vieron fue el 24 de febrero de 2019, en el velorio de Gerardo hijo. Cuando Ríos Maqueda le dio el pésame, asegura que el jefe político lo abrazó y le dijo: “ya ves, cabrón, me lo descuidaste”. 

Fernando, tras una vida que se pausó para su familia cuando él fue recluido, con sus padres que han sufrido los estragos del tiempo y la angustia de posiblemente perder a un hijo en la cárcel, dice que Sosa Castelán, convaleciente de cirugías en el cerebro y el corazón, según se dijo en el juicio en el que no se presentó, también, por este caso, es víctima, al no tener culpable por la muerte de su hijo. 

En prisión, supo cuando lo detuvieron el 31 de agosto de 2020 por el presunto lavado de dinero. Después, creyó que lo volvería a ver —ya Sosa en prisión domiciliaria— en el juicio, pero no fue así. Sus familias, reconoce, habían caminado juntas por décadas, ante que la cárcel los distanciara.

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Áxel Chávez



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