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La Suprema Corte revisará el caso Wallace: esperanza para imputados

La ministra Margarita Ríos-Farjat presentará la solicitud del juicio de amparo directo en el caso Wallace, el cual podría revertir el proceso para los imputados. “Han hecho mucho daño, se han pasado con mi hija”, dice en entrevista Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, una de las imputadas.

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EMEEQUIS.– Las irregularidades en el caso Wallace están en la mira de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Tras la atracción del amparo promovido por una de las acusadas en el caso, en marzo de 2022, se espera que este miércoles 25 de mayo pueda darse un fallo histórico que cambie drásticamente el discurso construido por casi 20 años. 

Con la respuesta que otorguen los ministros de la Corte, se pondrá en la mira el controversial proceso que tiene a seis personas presas desde 2006, por el cuestionado secuestro del empresario Hugo Alberto Wallace ocurrido en julio de 2005. 

La ministra Margarita Ríos-Farjat presentará a la Primera Sala la solicitud del juicio de amparo directo 34/2021, el cual fue promovido por una de las presuntas responsables del secuestro, Juana Hilda González Lomelí. 

Desde hace 16 años ella se encuentra presa y en 2011 fue sentenciada a 78 años de prisión por privación ilegal de la libertad, portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y delincuencia organizada. Contra esta resolución, es que la defensa de Juana Hilda presenta el amparo directo ante la SCJN. 

De avalarse por los ministros, esto pondría en revisión el caso completo para detectar irregularidades en el proceso que, incluso, ya han sido señaladas por organismos internacionales, como el uso de tortura en las declaraciones de los acusados. 

LAS IRREGULARIDADES

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Según las investigaciones, Juana Hilda habría sido abusada sexualmente y amenazada con dañar a su hija, para declarar bajo tortura en un video su presunta responsabilidad y la de los otros cinco implicados. 

Por este proceso, que ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia, también se podría marcar un referente histórico para la resolución de casos penales que aboguen por la presunción de inocencia con perspectiva de género. 

Tanto Juana Hilda González, como Brenda Quevedo Cruz, otra de las señaladas, fueron sexualidas, juzgadas y criminalizadas en medios de comunicación y expuestas en anuncios espectaculares donde referían su culpabilidad. Se hacían juicios a su cuerpo, sus actividades, se les pusieron apodos sexuales y con referencia misóginas. 

Isabel Miranda de Wallace ofreció su versión de los hechos en días pasados. Foto: Cuartoscuro.com.

LA JUSTICIA QUE LE DEBEN A BRENDA QUEVEDO CRUZ

“Estábamos luchando contra un gigante de siete cabezas”, recuerda en entrevista con EMEEQUIS, Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz. 

Estos casi 20 años de proceso por la justicia de su hija, han sido para ella y su familia un suplicio de sentirse bajo acecho todo el tiempo, ya que la parte que acusaba “tenía todo el poder empresarial y económico”, cuenta. 

Referente a la influencia política y económica que tenía María Isabel Miranda de Wallace, acusando a Brenda Quevedo, su pareja Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González, César Freyre, Alberto y Tony Castillo Cruz, como los responsables del asesinato de su hijo Hugo Alberto, que habría ocurrido en julio de 2005. Su cuerpo, desde entonces, no aparece. 

Miranda de Wallace montó por toda la Ciudad de México, como en un escenario de casería pública, espectaculares con los rostros de los presuntos involucrados, refiriendo su culpabilidad en el secuestro y homicidio. Posteriormente se hizo un referente de activismo contra el secuestro en México. 

Este hecho que ha sido cuestionado por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas; que en agosto de 2021 pidió liberar a Brenda Quevedo Cruz, por ser sobreviviente de tortura y detención arbitraria. 

Brenda tenía 25 años. Terminó su carrera como licenciada en Ciencias de la Comunicación y estaba a punto de mudarse a Londres con un permiso de trabajo. Fue en el momento que se enteró que ella, su novio, Jacobo Tagle Dobin y otras cuatro personas estaban siendo culpadas por el secuestro y homicidio de una persona que jamás conocieron. 

“Han hecho mucho daño, se han pasado con mi hija. Si hubiera sido el tiempo de la santa inquisición la queman viva y a nosotros también”, cuenta Enriqueta Cruz, quien con dolor recuerda cómo los medios de comunicación se han referido hacia su hija de manera descalificativa y misógina; al grado de robar sus fotografías privadas y enviarlas a la prensa.

Brenda fue detenida en 2007 en Illinois, Estados Unidos; donde se refugió para evitar la detención en México, por un crimen que siempre ha sostenido no cometió. Lo que también ha implicado un proceso de desgaste para toda su familia, a la que también buscaron incriminar. 

“Tuve que vender un departamento para defender a mi hija y a mi familia, y todos los gastos que se venían. Desde que la señora (Isabel Miranda de Wallace) sacó el anuncio espectacular y en los periódicos dijo que mi casa era la cueva de los ladrones, donde ahí se perpetraron y planeaban todos los secuestros”, relata Enriqueta, que con los años ha conseguido el aval de organizaciones internacionales de derechos humanos para la defensa de su hija. 

Durante 14 años, Brenda ha transitado en cinco diferentes cárceles mexicanas: en Santa Martha Acatitla; el Cefereso “Noreste” en Tepic; el penal de Santiaguito Almoloya y la cárcel de Islas Marías, donde fue trasladada pese a no estar sentenciada, sufrió tortura y actos de violencia sexual. 

Actualmente, ya con 41 años, se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social “Morelos”. Su madre, Enriqueta Cruz afirma que, pese a estar en reclusión, Brenda es una mujer activa, preocupada por su salud, que hace ejercicio todos los días, y está dispuesta a aprender cosas nuevas, como tocar la batería. Con este nuevo talento, forma parte de una banda musical al interior del penal conformada por otras seis mujeres. 

 Brenda se mantiene ocupada en actividades como tocar la batería en prisión. Foto: Cortesía. 

La defensa de Brenda busca su libertad desde el año pasado. Tomando como referencia el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en agosto de 2021 para ordenar la liberación de presos cuya prueba condenatoria sea una confesión obtenida por tortura, y que tengan más de 10 años en prisión sin obtener sentencia. 

En un listado de más de 680 casos para recibir estos beneficios se contemplaba a Brenda Quevedo Cruz, sin embargo, no se han establecido los mecanismos jurídicos para hacer valer el decreto. 

Además, con la determinación de la ONU, su defensa ha solicitado el cambio de medida cautelar para llevar su proceso en libertad, pero a finales del año pasado fue negada en noviembre del año pasado por el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales.

Será hasta el 30 de junio de este año, que se espera el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, responda la apelación de la defensa hacia la negativa del cambio de medida cautelar. Se trata del mismo magistrado que negó el amparo a Florance Cassez para obtener su libertad en febrero de 2011.

Para Enriqueta Cruz, la determinación que tenga la Suprema Corte de Justicia creará un precedente de esperanza para todos los implicados en el caso que se encuentran en prisión. Espera que el máximo tribunal de justicia revise las irregularidades del proceso y pueda obtener su libertad. “Estamos seguros que no la van a sentenciar y van a salir juntos con todos”, afirma.  

MIRANDA DE WALLACE CULPA A CORTE

Sobre la atracción del caso y la determinación de la SCJN para este miércoles, Isabel Miranda de Wallace culpó al ministro presidente, Arturo Zaldívar, de querer liberar a los presuntos responsables en el secuestro y homicidio de su hijo. 

La directora de la organización Alto al Secuestro dio una conferencia de prensa en la que, afirmó, que la Corte tiene la intención de liberarlos, y que con la atracción del caso es “agraviada por quien debería ser el máximo garante del Estado de Derecho”. 

Acusó a la Ministra Margarita Ríos-Farjat por formular el proyecto de atracción y afirmó que actúa por órdenes del ministro Zaldívar. 

“Pareciera que el ministro presidente tiene un interés personal y económico por atraer a la Suprema Corte de Justicia el amparo promovido por los secuestradores de mi hijo”, señaló. 

@GloriaPE_



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SOBRE EL AUTOR

Gloria Piña



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