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CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS. Pronto, los universitarios iniciarán las consultas y discusiones que derivarán en la designación del siguiente titular de la Rectoría. Es un periodo interesante y delicado a la vez.
El rector Enrique Graue señaló, en entrevista con TV UNAM, que su mayor compromiso es que “se respete la autonomía en los procesos que están por venir” y que para ello actuará “con prudencia, pero con intensidad”.
Hace bien en plantear los términos en que se desarrollará la discusión que concluirá en la designación de su remplazo en noviembre próximo, ya que con ello ataja intentos externos de intervención en asuntos que competen a la propia comunidad.
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En ello coincide con Imanol Ordorika, quien ha señalado que cualquier cambio debe provenir desde el ámbito interno, como ha sido a lo largo de la historia.
Los planteamientos de Ordorika tienen un valor agregado, porque es director de Evaluación Institucional y porque la conoce como pocos a la Universidad y desde diversas trincheras.
El contexto es complicado, porque no puede sustraerse de la polarización que hay en el país y de las críticas que se han lanzado contra la UNAM desde Palacio Nacional. El propio presidente López Obrador ha dicho que “es lamentable que (…) se haya derechizado como sucedió en las últimas décadas”, acusando que no estuvo a la altura en la etapa neoliberal y que requería “una sacudida”.
Es una crítica fuera de lógica y que se matizaría tan solo consultando el catálogo de publicaciones de la casa de estudios.
Hace unas semanas el diputado Armando Contreras presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica que tenía el propósito de quitar a la Junta de Gobierno la facultad de designación del rector para establecer un método de sufragio universal y secreto.
La idea resultó rechazada inclusive por sus compañeros de la bancada de Morena y Contreras optó por retirar su proyecto.
Era inviable inclusive en los términos de la Ley General de Educación Superior que plantea que todo cambio en las normas internas de las universidades públicas debe pasar por un proceso de consulta y discusión en sus órganos colegiados.
Pero el amago estaba ahí, como inspiración personal de un legislador, o como globo sonda para medir la temperatura entre los propios universitarios.
Es un error creer que se puede intervenir en la UNAM de modo demagógico. Las líneas que no se pueden franquear en lo que respecta a la autonomía son claras.
La experiencia política que existe, entre los propios universitarios, hace que las presiones foráneas se compliquen y no porque no influyan elementos reales del poder, sino porque los propios grupos, corrientes y asociaciones tienen fuerza y agenda propias.
De ahí los señalamientos del doctor Graue, que no son casuales sino meditados al advertir que “en nuestras reglamentaciones, en nuestros planes de estudio, en la forma de administrarnos y en que crecemos los recursos que nos da la nación, en todo ello, esa es la mejor forma de enfrentar los cambios: hacerlo por decisión nuestra, no por imposición, y así ha sucedido.”
Lo que sería prudente, es avanzar a esquemas de deliberación más abiertos en lo que respecta a la designación de la máxima autoridad universitaria.
Es lo que propone Ordorika, quien señala que el proceso debe ser transparente y abierto, donde la comunidad pueda conocer a los aspirantes, pero también los motivos y deliberaciones de los 15 integrantes de la Junta de Gobierno. Esto no lo impide la reglamentación y es cuestión de voluntad.
Pero en lo que no moverán ni un milímetro a quien fue líder del CEU en los años ochenta, es en la convicción de que es un asunto de los universitarios en el que no se deben meter los partidos políticos. “La transformación tiene que desarrollarse desde adentro, así que el mensaje es no se metan”, le dijo al reportero Daniel Blancas de La Crónica de Hoy.
Después de todo, quien despache en el piso siete de la Torre de Rectoría lo tendrá que hacer en circunstancias inéditas y en donde hay mucho que aportar en términos de colaboración para atender los problemas que aquejan al país, pero también para buscar el mejoramiento de la deliberación pública, dándole calidad y sentido.
@jandradej
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