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Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa
EMEEQUIS.– En estos últimos días ha sonado mucho que el Congreso aprobó una deuda pública histórica. ¿Pero qué pasó realmente?
Como parte de la discusión de la Ley de Ingresos de cada año, el Gobierno Federal está obligado a pedir la autorización del Poder Legislativo para endeudarse.
La deuda pública se puede analizar desde 3 indicadores:
1) Deuda del Gobierno Federal; que es la deuda que adquiere el gobierno central
2) Deuda Sector Público, que incluye Gobierno Federal, Empresas Productivas del Estado y Banca de Desarrollo;
3) Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que incluye los primeros más otros como el IPAB (antes Fobaproa) y Apoyo a Deudores.
Este monto está definido en la Ley de Ingresos, recientemente aprobada por el Congreso, en el apartado de ‘Ingresos Derivados de Financiamientos’. El monto propuesto para 2023, en números cerrados, es de 1.2 billones de pesos.
¿Pero que no prometió el Presidente López Obrador que nunca se iba a endeudar? Sea por desconocimiento o por engaño, la realidad es que las administraciones federales lo han hecho para hacer frente al déficit público.
Es decir, a fin de cubrir la brecha entre los recursos que recauda el Gobierno Federal y lo que finalmente gasta a lo largo del año.
Y la presente administración no solo se endeuda, sino que el déficit previsto en 2023 es el más grande en los últimos 12 años de acuerdo con las propias cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Para ponerlo en cifras: representa el 3.6% del PIB, o lo equivalente a:
● 3.5 veces el presupuesto de la SEP
● 8 veces el presupuesto que recibirá el Tren Maya en 2023
● 14 veces el presupuesto del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos
Algunos pensarán “¡Es que la deuda es del PRIAN!”. Sí, pero no. Por un lado, el Presupuesto Federal (próximo a discutirse en la Cámara de Diputados) destina recursos para el pago de intereses de deudas pasadas, pero también las que ha solicitado el presente Gobierno Federal desde 2019.
Por otro lado, la deuda autorizada para 2023 se verá reflejado en los propios indicadores de la SHCP: Es más, para el siguiente año Hacienda prevé que la deuda pública ascienda a 15.4 billones de pesos.
Como dato, el Presidente López Obrador inició su mandato con un monto de 10.8 billones. Así que, en 5 años, habrá crecido 42%.
¿EN QUÉ SE UTILIZAN ESTOS RECURSOS?
La propia Constitución define lo que debe ser su destino: 1) Para obra pública que incremente los ingresos públicos 2) Regulación monetaria 3) Refinanciamiento o reestructura de deuda 4) Para la atención de casos de declaratoria de emergencia nacional.
Aunque en la práctica, se desconoce con exactitud a dónde va.
Una vez que el Gobierno Federal recibe los ingresos por dicha vía, son transferidos a la Tesorería de la Federación (de la SHCP) en donde se decidirá su destino en la opacidad.
Ni siquiera es reportado en los informes que Hacienda entrega a la Cámara de Diputados.
Sin embargo, podemos ‘intuir’ en qué será utilizada. Basta revisar las prioridades del gasto del Gobierno Federal: Pemex, Tren Maya, Dos Bocas, el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, entre otros proyectos.
¿Te animarías endeudarte como no lo habías hecho antes, sin tener la seguridad de que te irá bien económicamente el siguiente año? Pues es lo que hizo el Gobierno Federal, y ahí está el riesgo para todos.
@Juan_OrtizMX
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