SOBRE EL AUTOR
El expediente Casar: una venganza que ni siquiera se disimula. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Son 372 páginas colocadas en la página de la Presidencia de la Republica sobre el caso de Carlos Fernando Márquez Padilla.
A ellas hay que añadir otras 12 fojas que se hicieron públicas el domingo y que forman parte del dictamen de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Es el expediente completo, que se conservó en Pemex, sobre quien fue esposo de María Amparo Casar y murió el 7 de octubre de 2004. De esto hace 20 años.
Lo más relevante del asunto es que la Fiscalía de la Ciudad de México, en complicidad con Pemex, quieren proceder contra Casar, por un supuesto pago ilegal de la pensión de viudez y los apoyos que recibieron, para estudiar, sus dos hijos hasta que cumplieron 25 años, como correspondía a la propia normatividad.
Esto es muy relevante, porque estamos, en vivo y a todo color, ante el intento deliberado de fabricar delitos.
El centro de la acusación es que no merecían el pago porque Marquez Padilla se habría suicidado.
El 16 de febrero de este año, el Ministerio Público autorizó una copia certificada de la averiguación previa que se realizó en el pasado y que determinó el no ejercicio de la acción penal, pero concluyó “que Padilla González se quitó la vida”.
A Casar le suspendieron el pago de la pensión en febrero, pero ahora quieren que devuelva 31 millones de pesos. Un despropósito, por supuesto, pero que revela una maquinaria autoritaria que ya se echó a andar.
Es increíble el afán archivístico y necrológico, en este tema concreto, de un gobierno que no suele resolver caso judicial alguno.
La operadora del asunto es Luz María Zarza, la directora Jurídica de la empresa petrolera, y una de las colaboradoras más cercanas al director Octavio Romero Oropeza.
Zarza transmutó el apoyo decidido por Enrique Peña Nieto, por la celebración, igual de intensa, de la 4T. Cuando llegó a la paraestatal, quienes se quejaron fueron los morenistas y en particular el senador Higinio Martínez.
Lo que le hicieron a Casar es una de las violaciones más flagrantes a la Ley de Datos Personales. No hay justificación alguna para la decisión que tomó el presidente López Obrador en aras de socavar la integridad de la directora de Mexicanos contra la Corrupción.
Se cruzó una línea y será difícil el retorno, ya que el debate público se degradará aún más. El “humanismo” que mueve a la 4T es extraño, sombrío.
Se está usando el poder de modo abusivo, aprovechando la impunidad con la que se desenvuelve el Poder Ejecutivo. Es también desproporcionado, porque se hace desde Palacio Nacional, con utilización de recursos públicos que tienen la finalidad de debilitar la libertad de expresión y la integridad de una ciudadana.
Es, además, una advertencia para los que se atrevan a indagar sobre las conductas de los servidores de la 4T, el uso del presupuesto, la corrupción, el desastre de la seguridad, el derrumbe del sistema de salud o la serie de dislates que se han cometido en estos años.
Es una venganza y a la luz del día. Esta vez ya no hubo ni el intento de que no pareciera lo que en realidad es.
Para que esto quedara claro, a las divulgaciones que se presentaron el viernes, se añadieron otras el domingo. Documentos todos sin testar.
El presidente del INAI, Adrián Alcalá, condenó la filtración que se realizó desde el propio gobiero y afirmó que “ninguna violación a la privacidad será tolerada”.
Es correcto que el órgano que garantiza la transparencia y el cuidado a los datos personales actúe en consecuencia.
Es probable, sin embargo, que lo que le ocurrió a Casar sea sólo el anuncio de lo que puede venir. Cualquier ciudadano está en riesgo de que información personal en poder del gobierno sea divulgada.
En Palacio Nacional ya no hay ni el más mínimo intento, en realidad nunca lo hubo, de propiciar un ambiente de concordia en el país. Optó por la polarización y la profundizará hasta el último momento de su mandato que concluirá el 30 de septiembre.
LAS VÍSPERAS DEL 2024
A Eduardo Rivera Pérez, el candidato del PAN,PRI y PRD al gobierno de Puebla lo amenazaron. Los perpetradores irrumpieron en una residencia contigua a la suya y a una de las vecinas le dijeron: “cuando llegue lo recibiremos con un balazo en la cabeza”.
Terrible asunto. Es urgente que se garantice la seguridad de Rivera y su familia.
@jandradej
