SOBRE EL AUTOR
Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa
EMEEQUIS.– El Congreso de la Unión, como uno de los tres Poderes Públicos del país, tiene sus propios mecanismos, procesos y plazos para ejercer sus funciones. Entre ellos ser generador o reformador de normas.
Para que un proyecto de ley entre en vigor en todo el país, pueden pasar semanas hasta meses, además de involucrarse todas las fuerzas políticas, las entidades federativas en el caso de reforma constitucionales, y en muchas ocasiones, sectores como la academia, sociedad civil, iniciativa privada, entre otros.
Es de tal importancia, que el incumplimiento del proceso legislativo ha sido motivo para que proyectos sean invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ejemplos están las jurisprudencias P./J. 37/2009 y P. L/2008, o la Acción de inconstitucionalidad 150/2017 y su acumulada 153/2017.
A pesar de los antecedentes, la Reforma Electoral del Presidente López Obrador se convirtió en otra muestra de pésima práctica parlamentaria.
Primero, el dictamen de casi mil hojas del Plan A descartó por completo más de 50 iniciativas de todos los grupos parlamentarios y de un congreso estatal, así como las opiniones, propuestas y ponencias de decenas de participantes en los foros de parlamento abierto.
Luego llegó el Plan B. Esta fue registrada momentos antes de la votación del Plan A, pero fue turnada a comisiones. La razón: el Grupo Parlamentario de Morena necesitaba registrarla de nuevo con los cambios solicitados por el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como dispensar trámites para su inmediata discusión y votación. Así se transformó en el Plan C.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó un amparo porque el proyecto del Plan B/C se discutió y votó sin haber estado publicado en la Gaceta Parlamentaria (medio de difusión de las cámaras).
Con pocas horas, era imposible que 500 diputadas y diputados pudieran no solo leer las 270 cuartillas del Plan B/C, sino entender sus efectos en los procesos electorales, así como en la organización del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES)
Tampoco era probable que pudieran revisar las propuestas de modificación solicitadas por el PT y el PVEM, que tienen como fin darles vida artificial como partidos políticos.
Como referencia, el proceso legislativo de la Reforma Política-Electoral actualmente vigente duró alrededor de 5 meses. Inició su proceso en julio de 2013 a partir de 56 iniciativas de todas las fuerzas políticas. Fue aprobada en diciembre del mismo año.
Esta premura de legislar pasó de ser la excepción a una regla general en los últimos 4 años. Es decir, empezamos a ver proyectos que eran votados en cuestión de días, e incluso horas. Esto ocurrió con la discusión del Plan B/C, pero también pasó con la reforma legal de la Guardia Nacional, así como la reforma constitucional para extender la participación militar en tareas de seguridad hasta 2028.
EL PLAN M
Ahora estamos ante el Plan M, del Senador Ricardo Monreal. El coordinador parlamentario de Morena, y también presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que no habría albazo legislativo con la reforma electoral asegurando que pasaría primero a comisiones para dictamen. Esto dio esperanza de un plazo razonable para su análisis y posterior votación.
Aunque al final, siempre sí hubo fast-track. El dictamen fue circulado el domingo 11 de diciembre, mientras que las comisiones fueron citadas el lunes 12. Es decir, en menos de 24 horas se esperaba que los senadores leyeran y votaran 722 páginas.
Finalmente el Plan B fue avalado en comisiones y se espera que este martes se vote en el Pleno para que regrese a Cámara de Diputados, como anticipó Ricardo Monreal.
El Plan M podría sufrir modificaciones adicionales durante su discusión en el Senado, pero al final lo que busca el oficialismo es que se apruebe cuanto antes para que la Cámara de Diputados haga lo propio previo al cierre del periodo ordinario y evitar un periodo extraordinario en enero de 2023, pues su convocatoria requiere de una mayoría calificada que carecen Morena y aliados.
¿QUÉ CAMBIA EL PLAN M?
Entre algunas disposiciones que se modifican están las propuestas que solicitaron el PT y PVEM:
- Un partido político que no alcance el 3% del total de VVE en elecciones federales, podrá mantener el registro si logra el 3% de VVE en al menos la mitad de los estados donde haya elecciones concurrentes. Esto se elimina.
- Los partidos políticos podrán guardar ahorros para ejercerlos el siguiente año. Esto también se elimina.
- Los partidos políticos podrán entregar su contabilidad de precampaña y campaña a la autoridad electoral 20 días después del mes del que se trate. Esto se modifica y establecen 3 días.
- Definir el concepto de Votación Válida Emitida (VVE) para que en su cálculo también se resten los votos de candidaturas independientes y de aquellos partidos políticos que perdieron registro. Esto se mantiene en el dictamen.
Es decir, se eliminan algunas de las propuestas más importantes que solicitó el PT y el PVEM. ¿Mantendrán su respaldo en el Senado y cuando se vuelva a votar en la Cámara de Diputados? El viernes 09 de diciembre, en conferencia de prensa, el coordinador parlamentario del PVEM, Carlos Alberto Puente, defendió estas propuestas ante el cuestionamiento de los medios.
¿Y EL RESTO DE LA REFORMA ELECTORAL?
El Plan M mantiene las propuestas que reducen la estructura del INE y de los 32 OPLEs, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Como la afectación del Servicio Profesional Electoral, la fusión de áreas estratégicas y la reducción de calendarios.
También se conserva la disposición que permite a funcionarios a opinar y difundir logros de gobierno en tiempos electorales, además de blindar a infractores electorales contra la cancelación de candidaturas.
En pocas palabras, se mantiene la soga al cuello en el árbitro electoral.
Salvo que ocurra algo extraordinario, el Plan M regresará a la Cámara de Diputados para su eventual votación antes del 15 de diciembre. Y así, nuestro sistema electoral nacional, ese que es reconocido a nivel internacional y mantiene altos niveles de confianza ciudadana en México, habrá sido modificado profundamente en menos de 9 días.
La nueva línea de batalla se recorrerá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes están en proceso de elegir a su próxima o próximo ministro presidente. Aunque recordemos que la Reforma Electoral solo es una de las tres amenazas que enfrenta el INE.
@Juan_OrtizMX
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