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Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa
EMEEQUIS.– Lo ocurrido el pasado 13 de noviembre sí tuvo efectos en Palacio Nacional, pese a los intentos de minimizarlo.
Fueron decenas de miles quienes salieron en defensa de la democracia y del Instituto Nacional Electoral (INE). Participaron más de 50 ciudades. No hubo entidad federativa en México sin una manifestación de apoyo.
La Marcha por la Democracia caló hondo, y eso aceleró una de las 3 amenazas que enfrenta el Instituto Nacional Electoral.
En la conferencia matutina del 15 de noviembre, el presidente afirmó que prepara un Plan B para la Reforma Electoral. En caso de que no se apruebe antes del 15 de diciembre, se buscará materializarla con modificaciones a leyes secundarias.
Lamentablemente esta táctica no es nueva.
Tras el rechazo de la Reforma Eléctrica, de carácter constitucional, el Gobierno Federal replanteó su estrategia para lograr la aprobación de la Reforma de la Guardia Nacional, al carecer de capacidad de obtener la mayoría calificada en el Congreso.
Una reforma constitucional requiere el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes. En el caso de que asistan 500 diputados, se necesitará el voto favorable de 334. Respecto al Senado, bastan 86 de 128 legisladores. Con el reciente rechazo del PRI a la Reforma Electoral, no alcanzan estas cifras.
Respecto a una reforma legal, que modifica leyes secundarias, se requiere solo mayoría simple: La mitad más uno de los presentes.
El 3 de septiembre, Morena presentó un paquete de reformas para modificar 4 leyes secundarias, a fin de que la Guardia Nacional pase a manos del Ejército. Los votos de los legisladores oficialistas bastaron para lograr la mayoría simple, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
La oposición presentó una acción de inconstitucionalidad semanas después, la cual está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su análisis y resolución.
Sin embargo, es difícil contar con la SCJN. Por un lado, se maneja en sus propios tiempos. Incluso la ley no le impone plazos.
En junio de 2020, la diputada Laura Rojas, entonces presidenta de la Mesa Directiva, presentó una controversia constitucional contra un acuerdo presidencial sobre los criterios para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Hoy lleva 2 años y 5 meses en la congeladora.
Por el otro lado, para invalidar normas, se requiere el voto de 8 de 11 ministros. Hoy sólo podemos contar con 6 o 7 de ellos. El Presidente ha nombrado durante su mandato, mediante el Congreso, a cuatro: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Rios Farjat y Loretta Ortiz Ahlf.
También se suma el Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, que en ocasiones juega a favor del Gobierno Federal, como ocurrió en la votación de la acción de inconstitucionalidad de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Su complicidad en el conteo de votos de las y los ministros impidió que fuera invalidada por completo.
En síntesis. Si la Reforma Electoral no logra mayoría calificada, se buscará vía leyes secundarias. En caso de que la oposición la impugne, el oficialismo confía en los propios tiempos de la SCJN y que no alcance de mayoría calificada para invalidarla.
Este camino se trata de un fraude directo a la Constitución. Pero como lo ha dicho alguna vez el presidente: “No me vengan con que la ley es la ley”. Lo ha hecho antes, y lo puede hacer de nuevo.
Quizás la próxima marcha que convoque la ciudadanía sea para exigir a las y los ministros que actúen como verdaderos guardianes de la Constitución.
@Juan_OrtizMX
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