SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– El gobernador Cuitláhuac García Jiménez mandó arreglar la ley para que lo respeten. En febrero pasado, ordenó reformar el Código Penal del estado de Veracruz para endurecer el delito de “ultrajes a la autoridad”, el cual castiga las “amenazas” o agresiones a los servidores públicos. La mayoría morenista de la legislatura local obedeció.
Desde entonces, a la autoridad no se le ofende en Veracruz, y menos al señor gobernador. Quienes desobedecen pueden pagar su atrevimiento hasta con siete años de prisión, más el periodo en que las instancias judiciales procesen la sentencia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó un precedente de inconstitucionalidad contra la figura delictiva de “ultrajes a la autoridad” en 2016, por su aplicación en la Ciudad de México, donde el Código Penal local también incluye dicho instrumento en su catálogo de crímenes.
No obstante, el gobernador García Jiménez ha sostenido la aplicación de su reforma penal contra críticas, polémicas y aún contra el criterio de la SCJN. En Veracruz han sido detenidos por el delito en cuestión funcionarios estatales, periodistas, políticos, manifestantes.
La organización no gubernamental Resistencia Ciudadana Xalapeña, que ofrece asesoría jurídica, denunció a principios de diciembre que cada semana recibe entre 150 y 200 reportes de detenciones bajo la imputación de “ultraje a la autoridad” en todo Veracruz.
Sólo algunos amparos han funcionado para algunas de las víctimas de la disposición legal. Pero el gobernador no rectifica, ni después de la humillación recibida por su correligionario, el senador Ricardo Monreal.
Monreal brindó asesoría a un grupo de víctimas de detenciones por el delito favorito del gobernador, y consiguió la liberación de seis jóvenes detenidos por “ultrajes a la autoridad”.
Cuitlahuac García acusó entonces a Monreal de defender delincuentes. El senador zacatecano respondió: “Defiendo a la gente del autoritarismo y de las vendettas políticas… Usted debe ser cuidadoso con lo que pronuncia”.
Y advirtió que usaría su fuerza política como senador para que se derogue “el ominoso delito de ultraje a la autoridad”.
INSPIRACIÓN JURÍDICA
Puede ser una palabra, una mirada, un gesto, un eructo, el silencio… Todo puede ser considerado una amenaza o una agresión, y por tanto, un “ultraje a la autoridad”.
La figura ya estaba inscrita en Código Penal veracruzano y provenía de la etapa priísta más intolerante, si bien lucía como una vitrina con el mensaje: “úselo en caso de emergencia”.
Es el artículo 331 del ordenamiento en cuestión, que decía: “Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.
Al ingeniero electricista Cuitláhuac García le pareció poco, así que envió al Congreso de Veracruz una iniciativa de reforma penal, el día 11 de febrero de 2021. Para el 11 de marzo, la obediente legislatura local ya le tenía al mandatario los arreglos solicitados, que consistían en la ampliación y el endurecimiento de las penas, y la multiplicación de supuestos de aplicación y de los agravantes.
El Congreso tradujo los deseos del gobernador al Código Penal:
“Artículo 331. Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes: I. Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; II. Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; III. Que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito; o IV. Que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja”.
Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz. Foto: Facebook.
Aunque ya lucía suficientemente endurecida la disposición, Cuitláhuac García pidió una nueva adición que fue obsecuentemente cumplimentada por los diputados locales, el 3 de julio, en un “Artículo 331- Bis.”:
“A quien amenace o agreda a personal de las instituciones de seguridad pública, de las fuerzas armadas, de tránsito y vialidad o de protección civil, que se encuentren en el ejercicio de sus funciones durante emergencias sanitarias o catástrofes o con motivo de éstas, se le impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y multa de treinta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.
A primera vista, la nueva legislación parecía debidamente delimitada. El término “servidores públicos”, se refiere, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Veracruz, a “Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos a que se refieren las fracciones IX y X de este artículo, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Es decir, “representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal”, así como a los servidores públicos de los organismos autónomos.
Todos están protegidos: policías, regidores, síndicos, alcaldes, diputados, jueces, inspectores, directores, secretarios de gabinete, todos los demás servidores públicos y, desde luego, el señor gobernador, si se presenta el caso.
Los contornos que no aparecen definidos sin embargo, son los de la “amenaza” y la agresión.
En marzo de 2016, el pleno de la SCJN declaró inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad”. Los magistrados llegaron a esa conclusión al procesar la revisión de los amparos 2255/2015 y 4436/2015, sobre la aplicación del artículo 287 del Código Penal para la Ciudad de México, que contempla dicha figura penal.
Al resolver la inconstitucionalidad del artículo, la ministra Norma Piña ponderó que “cualquier persona debe saber con certeza cuál conducta es prohibida y cuál permitida, y que “si la descripción tipifica que la conducta sólo se puede precisar después, mediante una interpretación, no se satisface la taxatividad”.
No obstante, los legisladores locales de Veracruz no tuvieron presente este antecedente para efectuar la reforma legal.
Ricardo Monreal se enfrentó a Cuitláhuac García por esta figura jurídica.
“INFRACTORES”
El 1 de marzo de 2021 elementos de la policía ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvieron a Antonio de Marco Arango, director del medio digital Foro Tuxpan, en Tuxpan, Veracruz, quien estuvo detenido por casi 36 horas. Uno de los delitos que intentaron imputar fue el de “ultrajes a la autoridad”.
El periodista pudo salir, entre otras cosas, porque aún no se aprobaba la reforma penal de Cuitláhuac García.
De acuerdo con la organización Artículo 19, que promueve los derechos y la protección de periodistas y dio seguimiento al caso, la detención de Arango “demuestra de manera concreta el uso arbitrario de este tipo penal para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión”.
Hay más casos: Yolli García, expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, año y medio presa; Tito Delfin, candidato a la dirigencia estatal del PAN, detenido el 18 de noviembre; Gregorio Gómez Martínez, excandidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, detenido en abril; Eduardo Mario Cázares, vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación de Veracruz, detenido en abril cuando encabezaba una manifestación frente a la Secretaría de Medio Ambiente del estado;
De hecho, son muchos otros los ciudadanos veracruzanos que han sido víctimas de la reforma penal de Cuitláhuac Garcia.
El colectivo Resistencia Ciudadana Xalapeña, que ofrece asesoría jurídica, denunció el 6 de diciembre que cada semana recibe entre 150 y 200 de los diferentes municipios de Veracruz por detenciones arbitrarias de policías bajo la presunción de “ultrajes a la autoridad”.
El 80% de las quejas que recibe el colectivo Resistencia Ciudadana Xalapeña están relacionadas con abusos por parte de policías o agentes de tránsito.
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Justamente éste sector es el más satisfecho con la reforma penal. A las policías veracruzanas les parece ideal la existencia del delito, tanto, que Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública de Veracruz agradeció a los diputados morenistas por la reforma, y en un arrebato de emoción declaró a la prensa que en otros estados del país se aplica la pena de muerte a quienes agreden a policías:
“¡No saben el espaldarazo que le dan al policía! ¡Al policía tenemos que cuidarlo para que no vuelva a pasar lo que pasó en el 2006, en el 2011, que nada más era una cacería contra los policías…”.
“Hay lugares en el país que si le matas un policía vas a la silla eléctrica y pum, se acabó todo, tenemos que empezar a cuidar a los elementos; ellos también tienen familia, hijos, y ellos arriesgan la vida todos los días por gente que no conocen. La delincuencia le piensa el dispararle a un policía, le piensa (en) sacarle la navaja un policía porque sabe que mínimo se va a quedar dos años adentro”.
MONREAL A CUITLÁHUAC: “DEFIENDO A LA GENTE DE VENDETTAS”
Pero el caso que ha cobrado mayor difusión en días recientes es el de seis jóvenes que se hallaban en prisión desde septiembre, en el penal de Pacho Viejo. Los muchachos habían sido detenidos en la Plaza El Tejar de Xalapa, y después de la detención fueron acusados de amenazar con armas punzocortantes a los policías.
El senador Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, asumió la defensa de los acusados. El sábado pasado fueron liberados por órden de un juez federal. Ya desde la semana pasada, el gobernador García había montado en cólera, y acusó a Monreal: “Defiende a delincuentes”.
Este domingo, después de la liberación de sus defendidos ocurrida el sábado, Monreal anunció que enviaría un exhorto al Congreso de Veracruz para que derogue el “ominoso delito” de “ultrajes a la autoridad”.
Y así respondió al gobernador García Jiménez:
“No, señor gobernador, yo no defiendo delincuentes. Defiendo el estado de derecho, defiendo los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso, defiendo a la gente del autoritarismo y de las vendettas políticas que siempre son injustas.
“Usted debe de ser cuidadoso con lo que hace y lo que pronuncia, porque su investidura no le permite convertirse en juzgador y condenar a ciudadanos que han sido exonerados por un juez federal. Cuando una persona, recuérdelo, concentra poderes, se acerca a la tiranía. No, ciudadano gobernador, no coincido con su expresión, no se la acepto”.
Agregó: “No formo parte de su corte de aplaudidores, le hago una sugerencia muy respetuosa: que quienes lo rodean y asesoran no actúen sin freno, y que se haga aconsejar de buenas abogadas y abogados que aquí en Veracruz sobran o por hombres y mujeres honorables de los que esta tierra extraordinaria está aquí estoy presentado el exhorto”.
@estedavid
