EMEEQUIS.– “Nosotros lo esperábamos vivo, pero viene en caja”, se lamentó Leticia Solórzano, la hermana de Amilcar, uno de los siete salvadoreños cuyos restos fueron repatriados a El Salvador, luego de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
El medio informativo elsalvador.com relató la llegada de esta víctima, quien partió a Estados Unidos desde el municipio de San Julián, en Sonsonate, el pasado 20 de febrero.
Su viaje terminó de la peor manera el 27 de marzo, al quedarse encerrado durante un incendio y morir al igual que otras 39 personas migrantes.
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Los medios salvadoreños destacaron la repatriación de los muertos y la queja diplomática de la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Mariella Portal, quien, de entrada, se quejó del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, que dio la cifra errónea de 12 salvadoreños fallecidos.
Su voz resonó en ambos países: “Estamos exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel y estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en México”, reclamó.
Francisco Garduño, quien tiene amplio historial en dirigir cárceles, es el actual titular del INM.
Cindy Portal habló fuerte contra México. Foto: Especial.
En su reporte mañanero, el presidente López Obrador respaldó la solicitud hecha por el gobierno salvadoreño. Afirmó que se debe sancionar a los funcionarios responsables de la muerte de 40 migrantes en la Estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual está a cargo del INM.
“Tienen razón las autoridades de El Salvador, como las autoridades de Guatemala, Colombia, Venezuela. Es muy lamentable lo que sucedió. Ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos, esa es la labor del gobierno”, expresó el presidente.
López obrador mencionó que “ya hay detenidos y todavía no concluye la investigación para castigar a los responsables de esta tragedia”.
Sin embargo, a dos semanas de la tragedia, ningún funcionario público en la escala jerárquica ha sido detenido. Sólo se han girado cinco órdenes de aprehensión contra Daniel N, Rodolfo N y Gloria Liliana N, agentes del INM; Alan Omar, guardia de seguridad privada, y Jeison Daniel Catarí; migrante venezolano señalado de originar el incendio.
El presidente también informó que su administración ya se encuentra en comunicación con los demás países “para ayudar” y agregó: “Va a continuar la investigación, ya hay detenidos y todavía no concluye el proceso de investigación para castigar a los responsables de esta tragedia”.
Previo a solicitar la destitución y cárcel para los responsables de las políticas migratorias en México, que llevaron a la muerte a siete ciudadanos, Cindy Portal calificó el acto como un “crimen de Estado”
“El Salvador exige una condena ante este crimen, que lo cataloga como un crimen de Estado, nosotros tenemos la suficiente moral para exigir justicia ante esta masacre que el gobierno mexicano ha dado a nuestros nacionales migrantes”, señaló.
Portal, en esa conferencia de prensa del pasado 9 de abril, mencionó que iba a mantener reuniones estratégicas con la intención de buscar justicia para lo ocurrido en la Estación migratoria de México.
Agregó que esta no es la primera vez que le solicita justicia a México: “Hay muchos casos que han quedado en la impunidad y en los que nosotros estamos solicitando resarcimiento de los daños”, remarcó la funcionaria.
Cerró la conferencia con un fuerte reclamo.
Además, indicó que han pedido que “los sobrevivientes formen parte de la carpeta técnica de la investigación”.
“Nuestro país está y estará muy pendiente de cada uno de los avances que se realicen en este país, porque no queremos que este hecho sea uno más que quede en la impunidad”, mencionó.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana enunció el caso de 14 ciudadanos salvadoreños que fueron asesinados en Tamaulipas en 2010 y el crimen a la salvadoreña Victoria Salazar, ocurrido en Tulum, Quintana Roo. Portal señaló que, en este último acto, estuvo involucrada la policía mexicana.
Durante la misma conferencia de prensa, la viceministra informó que los cuerpos de los siete salvadoreños muertos durante el incendio de la Estación migratoria ya habían sido entregados a sus familiares en los departamentos de Sonsonate, Chalatenango, La Libertad y San Salvador.
De acuerdo con sus declaraciones, la mejor forma de transportar los cuerpos era por vía terrestre. “El pasado 6 de abril salió desde Ciudad Juárez esa carroza fúnebre, con escolta policial, y la empresa garantizó que llegaría al país en 72 horas”, añadió.
Los nombres de las víctimas no se dieron a conocer, por respeto a los familiares, pero se informó que se trataba de siete varones de entre 35 y 40 años. También aclaró que, pese a que en un principio se habló de 12 salvadoreños muertos, por error del INM de México, en realidad se trató de siete.
Los otros cinco resultaron lesionados, dos de ellos continúan en estado de gravedad y los otros tres ya fueron dados de alta y continúan su camino hacia Estados Unidos.
¿DÓNDE ESTÁN LAS CONSECUENCIAS?
Lizbeth Guerrero, directora de Organización Apoyo a Migrantes Venezolanos, informó que la defensa del migrante Jeison Daniel Catarín, acusado de iniciar el incendio, la lleva el Instituto Federal de Defensoría Pública de México. Y que ellos como organización, mantienen comunicación con la familia.
Durante la entrevista realizada por Milenio Noticias, la activista señaló que, hasta el momento, no se había dado castigo para quien dio la orden de no abrir la puerta: “¿Dónde están las consecuencias del que dio la orden para no abrir la puerta”, mencionó.
Una de las preocupaciones de Lizbeth Guerrero son las contradicciones que se están dando en el caso. Daniel Catarí afirma que el incendió fue iniciado con un cigarro, mientras que el INM asegura que en realidad fue con un encendedor.
Otro de los elementos que le preocupa a la Organización de Apoyo migrante a venezolanos es que se lleve un “proceso justo” en que se haga una “investigación sin tintes políticos ni de intereses particulares”.
Dentro de las irregularidades, también mencionó que hay amenazas hacia los migrantes que estuvieron presentes en la estación el día del accidente.
Agregó que Daniel Catarí llevaba cuatro meses en México y que había sido detenido en tres ocasiones más por el INM.
También mencionó que previamente “migración hizo caso omiso a las recomendaciones hechas por Organizaciones de la sociedad civil” que radican en Chihuahua. “Los protocolos de evacuación estaban dirigidos hacia los trabajadores del INM, pero no para los migrantes detenidos”, afirmó.
FORTALECER A LA COMAR
Para Tonatiuh Guillén López, excomisionado del INM, la respuesta no se encuentra en desaparecer al Instituto Nacional de Migración. Solución que había propuesto el padre y activista Alejandro Solalinde, en reunión con el presidente López Obrador.
Guillén López considera que la respuesta se encuentra en fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y no ceder ante las presiones de Estados Unidos. Sus declaraciones fueron hechas en entrevista para El Sol de México.
Guillén López afirma que no es necesario desaparecer al INM para evitar la violación de derechos humanos: “La actual coyuntura obliga a retomar una iniciativa de reformas a la ley de migración y a la estructura del instituto, pero sobre todo a eliminar lo que caminamos en junio de 2019, que fue el acuerdo de militarización con Estados Unidos”, declaró.
También mencionó que se le debe de dar más atributos a la Comar, “el perfil social de esta población es más de solicitantes de refugio y no de migrantes con otras características sobre todo laborales, como era hace unos años. Entonces, la institución directiva y la ley directiva en su atención debe ser la Comar, no el INM”.
@emeequis
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