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La otra verdad: defensa de las detenidas de Okupa Cuba denuncia criminalización de Fiscalía

Abogados de las detenidas que ocupaban la sede de la CNDH denuncian que la Fiscalía capitalina ha llevado un caso penal con irregularidades, criminalización y fabricación de delitos y pruebas, con el objetivo de restar legitimidad al movimiento feminista. Acusan violación al debido proceso y agresiones.

Por Gloria Piña
27 abr 2022

Okupa Cuba
A las afueras del Poder Judicial de CDMX exigen liberación de las tres detenidas. Foto: Gloria Piña.

EMEEQUIS.– “Me la voy a llevar de recuerdo”, dice Yesenia Zamudio, mientras con su mano sostiene una letra C hecha de hierro; la cual conformaba el letrero del inmueble en la calle Cuba 60 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. “Comisión Nacional de Derechos Humanos”, decían los rótulos que en ese momento yacían en el suelo. 


Yesenia Zamudio y Erika Martínez. Video: Gloria Piña.

 

Camina junto a Erika Martínez. Es 9 de septiembre de 2020, ambas se dirigen en representación de otras mujeres agredidas por violencia de género a una reunión con la Secretaría de Gobernación, ya que, al no ser escuchadas por las autoridades capitalinas, tomaron la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el miércoles 2 de septiembre de 2020. 

A Yesenia y a Erika, la violencia de género las convirtió en activistas. El 16 de enero de 2016 fue asesinada María de Jesús Jaimes Zamudio, hija de Yesenia; mientras que hace cinco años, la hija de Erika fue abusada sexualmente por el hermano de su padrastro cuando tenía apenas 7 años. Las unió la impunidad y exigencia de justicia. 

“Fui partícipe de esta toma por la rabia y la impotencia que sentíamos de que las autoridades no nos tomaban en cuenta. Todo esto es resultado de todas las violencias que hemos recibido como mujeres y niñas, y por la falta de empatía del gobierno”, comentó Erika en entrevista durante septiembre de 2020. 

Ambas madres fueron las primeras representantes de la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, primero llamada “Casa Refugio Ni Una Menos”, después Okupa Cuba, un espacio que buscó convertirse en un refugio y lugar de contención para otras mujeres víctimas de violencia en el país. 

Tras casi dos años de protesta, varios conflictos entre las colectivas promotoras de la toma, la salida de sus representantes, de madres de víctimas y la difusión de un polémico video en redes sociales en donde mujeres encapuchadas agreden y golpean el carro de una profesora, el pasado 15 de abril fueron desalojadas del espacio por la policía de la Ciudad de México. 

La irrupción de la policía se realizó tras la denuncia de una maestra de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien señaló que presuntamente, integrantes de la toma feminista destrozaron su vehículo y robaron su teléfono celular. En seguimiento a la denuncia, tres mujeres al interior del inmueble fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades. 

Ahora en tribunales se juzga a tres mujeres que residían en la Okupa: Magda, Areli y Karla, quienes fueron vinculadas a proceso por los delitos de daños a la propiedad en pandilla, robo agravado y delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo. Pasarán su proceso en prisión preventiva oficiosa en el penal de Santa Martha Acatitla durante un mes y medio de investigación complementaria. 

Sus familias y defensa afirman que existe fabricación de delitos y pruebas, así como contradiciones en el proceso, además de que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México conformaron un juicio por razones políticas para deslegitimar el movimiento feminista. 

A VOZ DE SUS FAMILIARES ¿QUIÉNES SON LAS TRES MUJERES DETENIDAS EN LA OKUPA?


 La foto que difundió la Fiscalía.


Magda tiene 30 años y llegó como refugiada a la Okupa hace menos de tres meses. Tras pasar durante 10 años un proceso de violencia por parte de su pareja, que le fuera arrebatada la custodia de sus hijos y ser criminalizada por su activismo, ella decidió seguir el apoyo a otras mujeres en la sede tomada de la CNDH. La violencia que vivió también la condujo hacia el camino del activismo.

“Mi hermana no reconocía en un principio la violencia que vivía en su relación, la había normalizado como natural, hasta llegar a situaciones muy graves como un intento de feminicidio por parte de su pareja hace seis años. Se levantó la denuncia en Santa Clara, Ecatepec, pero no hubo respuesta por parte de las autoridades”, cuenta a EMEEQUIS su hermano Emilio Soberones; afirma que su detención y la de las compañeras es un intento de criminalización para deslegitimar el movimiento feminista.

Por su talento en la cocina, trabajaba en el Hospital ABC, pero también bordaba, pintaba y daba cursos de autonomía económica a otras mujeres. “Ella ha sido una acompañante de victimas de feminicidio, violencias, tortura, en el municipio de Ecatepec. Su trabajo es reconocido. Trabajó con distintas organizaciones y autoridades, e incluso con el área de mujeres del mismo Municipio”, cuenta su hermano, quien sufre que Magda esté siendo criminalizada.

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Fuera de los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, la madre de Karla no pudo contener las lágrimas cuando le fue notificada que a su hija la vincularon a proceso por tres delitos, refiere que las autoridades han formado una imagen de su hija que no es verdadera. 

Karla es fotógrafa, pero para sus amigas es “amante de capturar recuerdos que se vuelven recuerdos y hazañas” y ha enfocado su trabajo en mostrar injusticias. Estudió Diseño Gráfico, pero también dedicó su tiempo a ser rescatista de animales, principalmente de gatos. Le gusta el deporte y regularmente practica gimnasia, natación y boxeo, además de que es aficionada del futbol.

Participó en la producción de eventos artísticos y culturales de la Ciudad de México, pero también se dedicó a la autogestión con artículos que ella misma creaba, como playeras, estampados y fotografías. 


Protesta en juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México. Foto: Gloria Piña.


Areli es la tercera mujer detenida y vinculada a proceso, también una de las primeras feministas en conformar la Okupa. Para sus amigos y familiares, ella no es una criminal; sino que ha sido víctima del Estado, tras sufrir hace 5 años una violación por parte de policías de la Ciudad de México.  

Desde 2020, Ary, como le dicen de cariño, forma parte de la protesta feminista en la antigua sede de la CNDH. La reconocen como una mujer “resiliente, tenaz y llena de fuerza”, que actúa de manera confidente y defensora  de las personas que ama, con el don de curar a los otros malestares y tristezas con su receta de caldo de pollo. 

CONFRONTACIONES Y DENUNCIAS INTERNAS

Para las mujeres detenidas resultó complejo conseguir representación legal, ya que algunas colectivas feministas y otras mujeres que estuvieron dentro de la Okupa decidieron no apoyarlas, e incluso en redes sociales compartieron algunas de sus experiencias al interior del refugio. 

Es el caso de Mars (@mareademarte) quien a través de Twitter contó la experiencia que tuvo al vivir en la Okupa durante tres meses y las razones por las que salió en confrontaciones con personas al interior. 


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La también activista, quien refiere ser directora de la Asociación Civil Serenderia, contó que había distinciones de trato y privilegios entre las compañeras, desde los recursos económicos y la comida, hasta la toma de decisiones sobre quiénes podían ingresar y quienes eran sacadas del lugar.  

Además relata que algunas mujeres seguían discursos transodiantes y realizaron pintas en antros gay y la anti monumenta. También que falta de transparencia en los recursos era algo frecuente ya que grupos reducidos determinaron en qué y cómo gastar el dinero de donaciones. 

DEFENSA DENUNCIA CRIMINALIZACIÓN Y FABRICACIÓN DE DELITOS 

La defensa de las tres mujeres vinculadas a proceso está a cargo de dos abogados especialistas en derechos humanos. La abogada feminista Karla Micheel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien también ha llevado la representación en el multihomicidio de la colonia Narvarte y el asesinato de Digna Ochoa. También el abogado Edwin Alan Piñon González, abogado y defensor de derechos humanos, quien ha representado a activistas, defensores de la tierra y periodistas en situaciones de riesgo. 

Tras las dos audiencias donde fueron vinculadas a proceso, los abogados refieren que el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Fiscalía General de Justicia han llevado un caso penal con irregularidades, criminalización y fabricación de delitos y pruebas, con el objetivo de mandar un mensaje de freno y deslegitimación del movimiento feminista. 

La muestra más evidente, dicen, está en la vinculación a proceso por el delito de posesión simple de marihuana, la cual describen como “ridícula” y “exagerada”; y de la actuación rápida y diligente en el caso de robo para cumplir métodos de presión en contra de ellas; pero sin acreditar la existencia del celular que, presuntamente, las mujeres robaron a la maestra.  

“Resulta interesante ver el índice de impunidad respecto al delito de robo en la Ciudad de México. Más del 98% de los casos de robo están en absoluta impunidad, el Ministerio Público ni siquiera investiga nada, sólo recibe la denuncia”, explica el abogado Alan Piñón en entrevista con EMEEQUIS.

Por su parte, la abogada Karla Micheel Salas refirió que la detención del 15 de abril fue arbitraria y con lujo de violencia, en donde las acusadas fueron agredidas y torturadas, e incluso lo siguen siendo al interior del penal de Santa Martha Acatitla, donde reciben tratos diferenciados, descalificaciones, las obligan a mantener posturas por largos periodos de tiempo y les han condicionado el agua y la comida. 

 

Abogada de las detenidas denuncia agresiones. Video: Gloria Piña.

 

“Todas ellas presentan lesiones, fueron pateadas, golpeadas por integrantes de la policía de Seguridad Ciudadana y de la Policía de Investigación”, explicó, razón por la cual se solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul para verificar si las mujeres han sido tratadas con tortura, tratos degradantes e inhumanos. 

Asegura que las mujeres fueron obligadas, con amenazas, a realizar las diligencias de reconocimiento por parte de la agredida, aunque sus complexiones físicas son diferentes a las referidas en la denuncia. “Algunas de ellas fueron amenazadas en sede ministerial por parte de la Policía de Investigación incluso con ser violadas, fueron obligadas a firmar una diligencia en la que no querían participar”, refiere la abogada. 

Además, afirman que se percibe falsificación de pruebas pues, dicen, la Fiscalía plantó bolsas de marihuana entre las pertenencias de las mujeres para imputarles el agravio de delitos contra la salud, sin embargo, aseguran que se trata de una fabricación con motivos políticos.

De acuerdo con las propias cámaras del C2 de afuera del inmueble de Cuba 60, no se percibe que se les hagan revisiones al momento de ser detenidas, pero “cuando son subidas a la patrulla y trasladadas a fiscalía, de repente, ya cada quien trae 10 bolsas de marihuana”, afirma el abogado.  

De seguir el proceso en su contra, podrían alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión; por lo que afirman que seguirán el proceso hasta justicia federal mediante un juicio de amparo; además de que, por ahora, tendrán un mes y medio para hacer las investigaciones complementarias y seguir el caso en tribunales de la Ciudad de México. 

“Vamos a impugnar en protección de la justicia federal, porque en esta Ciudad no se ha respetado el debido proceso legal, se ha torturado a las compañeras”, dijo Karla Micheel Salas. 

 

@GloriaPE_

 



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