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EMEEQUIS.– Un boom de inversiones foráneas llegó con la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El interés no sólo se postró en los hidrocarburos: el sector eléctrico atrajo inversiones cuantiosas con energías limpias, pero en la administración de Andrés Manuel López Obrador se ha dado un giro de timón que ha apagado poco a poco el encanto.
La Inversión Extranjera Directa (IED) que logró captar EPN para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en sus seis años de mandato asciende a 10 mil 817 millones de dólares, esto representa 64% del monto total obtenido desde 1999 a 2019.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, el último año peñista fue el ensueño de atracción de IED para este sector, con una cifra histórica de 5 mil 19 millones de dólares, pero en 2019, el primero de AMLO, se desinfló a mil 380 millones, un desplome de 72.5%.
La incertidumbre comenzó a acechar a la industria cuando este gobierno decidió cancelar las subastas eléctricas que promovían el uso de energías limpias. Durante el sexenio pasado se concretaron tres, que en suma comprometieron 8 mil 984 millones de dólares, principalmente para proyectos solares y eólicos.
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Pero eso no es todo, las acciones de esta administración, que tiene como cabeza de sector a la Secretaría de Energía (Sener) que comanda Rocío Nahle, se han encaminado a limitar la participación de los privados, despertando una lucha encarnizada. El objetivo: devolverle su papel de jugador preponderante en el mercado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigida por Manuel Bartlett.
“Si no ponemos orden, va a seguir lo mismo: la corrupción, van a seguir viendo a México como tierra de conquista…venían las empresas extranjeras a saquear, saquearon más en este periodo neoliberal que lo que saquearon durante los tres siglos de dominación colonial, hicieron lo que quisieron”, declaró AMLO en una de sus mañaneras, refiriéndose a los contratos “leoninos” que se les dio a privados para la generación energías limpias.
LAS DOS CARAS
Una reforma energética que deslumbraba ahora está en las penumbras y los inversionistas no están viendo las condiciones para depositar su capital en México. La IED en el sector eléctrico sigue cayendo, en el primer trimestre de 2020 se obtuvieron 527.7 millones de dólares, 78.3 millones menos que en el mismo periodo de 2019.
“Es un tema, porque tú como inversionista, vamos a ponerle que llegaste a México entre 2014 y 2018, todavía 2019 y dices mira ‘están estas reglas del juego, son claras, esperemos que se cumplan’. Entonces basas todo tu modelo de negocio e inversiones en leyes que ya fueron aprobadas y que estaban siendo implementadas… y luego, a mitad del camino las cambias, pues sí hay afectaciones económicas y en el cambio de estrategia de las empresas que ven en el país un ambiente hostil para invertir”, explica Elié Villeda, experto en energías renovables.
Añade que este gobierno no está respetando el Estado de derecho, y esto está ocasionando “miedo” en toda la cadena de valor de las energías renovables, desde poner nuevos desarrollos hasta seguir con la operación de los que ya existen.
Mientras que a la CFE se le está poniendo en una posición de privilegio. En la planeación que se hizo durante el sexenio pasado a través de Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) se planteó modernizar al sector, por lo que gradualmente se sacarían plantas de operación.
En 2015, el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció el cierre de 29 plantas de la CFE por ineficientes. Estaban evaluando 40 más, además, se consideraba la reconversión de centrales que operan con combustóleo, a gas natural.
Pero en diciembre de 2018, AMLO dejó de lado las planeaciones, “Si ya se tiene toda esta infraestructura vamos a potenciarla, vamos a modernizar estas plantas y que se frene, esa ya es una instrucción, el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad…se acaba la política de estar cerrando las plantas de generación de energía eléctrica de la CFE”.
El experto indica que esto a todas luces representaba un problema, pues la capacidad que se tenía proyectada para salir ahí seguirá y se suma la de las plantas de energía limpia resultado de las subastas, entonces la actual administración ahora tiene que jugar con eso y “acomodarla”.
EL ENTRAMADO
Este gobierno comenzó con la cancelación de subastas eléctricas que permitían a la CFE y a privados la compra de energía, potencia y Certificados de Energía Limpias (CELs) a precios competitivos.
Luego, en octubre de 2019, la Sener cambió la regulación para la adquisición de CELs que se determinaron en 2014, pues se daban sólo a los generadores de energías limpias, cuyas centrales habían entrado en operación a partir de agosto de ese año. En las modificaciones permite que se les den a las que operaban antes de 2014, beneficiando a las de la CFE.
El pasado 29 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitió un acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). El 15 de mayo, la Sener publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, en los cuales se limita la participación de las energías limpias, principalmente de la solar y eólica.
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Tras la publicación en el DOF, ese mismo día renunció César Hernández a la titularidad de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, pues la Sener se impuso y logró pasar un acuerdo que carecía de impacto regulatorio.
“El Cenace dice: necesito cancelar todas las pruebas de nuevos parques que hay y necesito cortarles la producción a los solares y eólicos, porque me está afectando el sistema eléctrico mexicano en general. La segunda parte (el de Sener) dice: voy a bajar la generación de solar y eólica. Pero eso va en contra completamente de las reglas del mercado que ya se habían puesto desde años anteriores”, señala Elié Villeda.
Detalla que estas reglas de mercado dictan que a quienes se les va a dar entrada primero y lo que tratan de propiciar es a la generación más barata, es la que se va a comprar.
“Si lo ponemos tal cual en palabras, las energías renovables entran primero porque son las más baratas, después gas, combustóleo y hasta el último carbón. ¿Qué pasa durante esta crisis del coronavirus? Como la demanda baja las plantas de la CFE ya no se utilizan a la misma capacidad que antes porque están premiando a las plantas más baratas, y entonces la CFE dice: oye yo estoy perdiendo dinero porque no se están utilizando las mías”, indica el especialista.
La CFE de la 4T decidió invertir en repotenciar carboeléctricas, termoeléctricas e hidroeléctricas, toda la tecnología sucia que entraba como energía secundaria en el mercado.
LA GUERRA
Rocío Nahle y Manuel Bartlett son de los miembros del gabinete que más han sido cobijados por el presidente, a pesar de que han sido relacionados con presuntos actos de corrupción. En sus manos recaen las nuevas directrices de su gobierno, los entes reguladores del sector eléctrico, el Cenace y la Comisión Reguladora de Energía, que han quedado al margen de sus decisiones.
Tras las últimas modificaciones en las reglas del juego llovieron amparos de las empresas privadas y de otras organizaciones. De acuerdo con la CFE de Bartlett, los juzgadores, al conceder suspensiones, estaban anteponiendo el interés individual y actuando en contra del interés general. A nombre del Cenace anunció que este había interpuesto un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno.
La iniciativa privada no se quedó callada, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Carlos Salazar Lomelín, indicó que se estaba atentando contra las inversiones y operaciones e imponía barreras a la competencia.
Hasta una confrontación directa hubo entre Bartlett y Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), pues el primero acusó a los privados de no pagar por el uso de las líneas de transmisión de la CFE.
Pero Francisco Cervantes publicó una carta: “Las mentiras del señor Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad”, en la que responde que “las empresas privadas que operan en el Mercado Eléctrico, sí le pagan a la CFE por usar las líneas de transmisión para transportar la energía que producen hasta sus clientes. El pago se realiza mensualmente de acuerdo a la tarifa regulada que determina la CRE”.
La CFE contestó que se deduce y especula cuando se afirma que su director general ha dado instrucciones que intentan recuperar el carácter de monopolio absoluto de la empresa eléctrica nacional a costa de las energías renovables e insistió que es falso que paguen, excepto en algunos casos.
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La Unión Europea y la Embajada de Canadá en México enviaron cartas a Rocío Nahle para expresarle su preocupación sobre los cambios que se han hecho a las reglas para las energías renovables, donde sus empresas tienen grandes inversiones, de hecho, la primera ha pedido una reunión con la secretaria, pero señala que no han tenido respuesta.
UNA PRIMERA VICTORIA
Greenpeace, en una estrategia conjunta con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, logró que un juez les diera una suspensión provisional el pasado 29 de mayo.
“Greenpeace solicitó suspender en todos los efectos y consecuencias del ‘Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)’, emitido el 29 de abril y el ‘Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional’, publicado el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, lo cual le fue concedido”, informó la ONG.
Elié Villeda considera que en el gobierno federal no la tienen fácil, pues si esto llega a avanzar, las empresas pueden llevar sus casos a cortes internacionales, pidiendo la indemnización por los daños sus negocios.
Lo cierto es que esta administración no la tiene fácil para alcanzar sus objetivos. Lo que hay que cuidar, según el experto, es que el gobierno no presione al sistema judicial y que no vaya eliminando los contrapesos.
@ptcervantes
