SOBRE EL AUTOR
Por Reptar
EMEEQUIS.– Daniel caminaba cerca del metro Patriotismo cuando vio que un joven estaba siendo detenido por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. “Me metí en eso y así, de repente, mientras discutía con un poli, llegó otro a darme un toletazo en la cabeza”, aunque nunca supo si fue con la macana o con otro objeto contundente.
Se armó un “jaloneo con ellos, y pues me aferré, llamé a una patrulla por teléfono”. E insistió en que los agresores fueran al Ministerio Público con él. Daniel recuerda que traía un “súper chichón y algunos moretones”.
¿Qué hizo la policía de la Ciudad de México? “Ofrecerme dinero para que no formalizara la denuncia”. Narra que se aferró a que iba a actuar contra ellos, por lo que los uniformados intentaron meter al elemento agresor a un cuartito en un edificio cercano: “Como para esconderlo”.
“Pero yo no aflojé hasta que llegó la patrulla que pedí y pues como traía hinchadísimo el chichón, pues sí me apoyaron”. La denuncia se logró, pero sigue en proceso.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
Este tipo de casos se viven a diario en diferentes estados de la República Mexicana. Daira Arana Aguilar, especialista en empleo de la fuerza bajo estándares internacionales de derechos humanos, y que ha impartido capacitación y profesionalización en áreas de seguridad gubernamentales, explica que hay dos tipos de detenciones ilegales por parte de policías:
La primera es “cuando se detiene a las personas bajo el no cumplimiento que mandata la constitución”. Las detenciones ilegales pueden darse “por el estigma” hacia poblaciones racializadas o con características como tatuajes “o que transitan en la noche en grupo” o que andan en motocicleta, pues se les relaciona erróneamente con perfiles delincuenciales.
La segunda es cuando la persona fue detenida por las razones correctas, pero “la ilegalidad radica en el uso excesivo de la fuerza o en la comisión de actos de tortura” o actos “crueles, inhumanos o degradantes”.
Otro tipo de detenciones ilegales tienen que ver con “algunos actos de corrupción”. Se detiene a un transeúnte en la noche, se le sube a la patrulla, “se le da un par de vueltas por las cuadras”, hasta que la víctima suelta dinero y es liberada.
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (2021), el 64.5% de la población privada de su libertad declara haber sufrido algún acto de violencia, realizado o permitido por la policía o autoridad después de la detención, hasta llegar al MP.
Actos de violencia realizados por policías después de detenciones. Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (2021).
El mismo documento informa que el 45.8% dijo haber sido incomunicada o aislada después de la detención. El 39.2% denunció haber sido amenazada con levantar cargos falsos y el 38.4% dijo haber sufrido agresiones físicas como patadas o puñetazos; el 23% mencionó haber sido asfixiada o ahorcada.
Al cierre del 2020, el INEGI registró en el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (2021) que las unidades de asuntos internos u homólogas recibieron 13 mil 328 quejas ciudadanas en contra de abusos policiacos; de ellas, 74.4% corresponden a policía preventiva.
La policía preventiva es la que más quejas recibe en asuntos internos a nivel nacional. Fuente: INEGI, Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (2021).
¿QUÉ DICEN LOS POLICÍAS?
Guadalupe, quien pertenece a un cuerpo especial de la policía y que opera en Zacatecas, explica que actualmente existen muchos mecanismos que respaldan a los detenidos: “Los derechos humanos, las cámaras de vigilancia, el C4, C5”.
Detalla que en algunas ocasiones “sabemos que la detención no va a proceder” por “falta de pruebas o que sabemos que el detenido está bien parado y si se procede con el muy conocido ‘calentamiento’ (golpes), al final de cuentas (los) derechos humanos protegen más a los detenidos que a nosotros”.
Aclara que como policías “solo podemos hacer presencia o disuadir, en pocas palabras, hasta que ellos te golpeen o te disparen, entonces la presión de la sociedad o de las redes sociales con todos los videos hace que al menos intentemos que el ratero o el procesado se lleve escarmiento, porque al final el MP los va a soltar, ¿me explico?”
Este tipo de acciones extrajudiciales también ocurren en la capital del país. Un comandante de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México confirmó en entrevista que él y sus compañeros, durante algunas detenciones, suelen usar la fuerza (golpes) contra los detenidos, cuando los creen culpables de algún delito.
Un extrabajador de la antes Procuraduría General de Justicia capitalina igualmente llegó a ver cómo policías le pegaban a detenidos y “hasta a reporteros”. “Lo más cabrón es la intimidación con amenazas por parte de las MP”.
Aldair, que fue policía judicial, recuerda que este tipo de prácticas existen desde hace años. “Compañeros que eran expolicías judiciales, llegaban a amedrentar, a dar zapes en la cabeza” a los detenidos. Aunque aclara que cuando estaba en servicio, en los años 90 y por diferentes partes de la República, “los corrían, los turnaban a asuntos internos” en caso de darse este tipo de prácticas.
¿QUÉ PUEDE HACER LA CIUDADANÍA?
Juan Carlos Harris, abogado, comenta que ante este tipo de detenciones, la ciudadanía tiene varias opciones: “Lo primero que hay que hacer es ir a levantar una denuncia ante la agencia del Ministerio Público especializada en delitos (cometidos) por servidores públicos”.
De manera paralela, hay que levantar “una queja en la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, así, al mismo tiempo”.
Advierte que a veces las corporaciones intentan “espantar a la persona” para que termine diciendo “es que no quiero problemas y ya no denuncian. Pero si se denuncia y la persona le da seguimiento, sobre todo si levanta una queja en la CDH-CDMX, es poco probable que no termine procediendo”.
Daira Arana Aguilar, como especialista en empleo de la fuerza pública bajo estándares internacionales, recomienda que se debe conocer el marco legal que rige a la función policial: “Qué nos dice el marco mediante el cual los policías pueden usar cierto tipo o niveles de fuerza ante ciertas circunstancias”.
Afirma que la ciudadanía debería conocer “los supuestos en los cuales un policía pudiera detener a una persona”, sin embargo, “no se trata de que todo ciudadano sea un abogado penal, pero sí de que conozcamos la dimensión jurídica de la actuación policial”.
Esto para entender qué se puede y qué no se puede hacer frente a la policía, evitando abusos de autoridad y salvaguardando “el derecho humano al debido proceso” y a no ser detenidos arbitrariamente mientras se lleva a cabo una detención en apego a “la dignidad” y “a la integridad personal” de cada ciudadana y ciudadano.
Se cuestionó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana si tenían conocimiento de estas prácticas por parte de sus corporaciones, pero al cierre de este reportaje, no se recibió respuesta.
@emeequis
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