SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.- En recibos de pago generados a nombre de empleados que habían sido dados de baja, estaban en comisiones sin goce de sueldo o habían fallecido, así como en pago de adeudos de cuotas patronales de años pasados y gastos no justificados, 13 instituciones de educación superior tienen 1 mil 577 millones 227 mil 162.26 pesos sin comprobar, cuyo retorno demanda la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Los montos por aclarar provienen de recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales durante el ejercicio fiscal 2022, cuya cuenta pública fue observada, en su segundo informe, por el órgano fiscalizador. Cada requerimiento de comprobación proviene de auditorías individuales a las casas de estudios.
La mayor cantidad, 613 millones 255 mil 981.69 pesos, corresponde a Universidad Autónoma de Coahuila. Con base en el dictamen de la ASF, 16 millones 360 mil 391.13 pesos son reclamados por remunerar a 39 trabajadores que carecieron del título y de la cédula profesional, por lo que no cumplían con los perfiles de puestos o profesiograma por cada categoría o puesto laboral en el que se desempeñaban.
También, 3 millones 307 mil 847.19 pesos fueron observados por pagar a 22 trabajadores con licencias con goce de sueldo comisionados al sindicato, y 368 millones 893 mil 702.22 pesos por pagar recursos a dos mil 130 personas que ocuparon más de una categoría en la misma catorcena.
La institución igualmente careció de documentación justificativa y comprobatoria del gasto de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales por 162 millones 249 mil 409.77 pesos, y por 62 millones 444 mil 631.38 pesos en las Participaciones Federales (Coparticipación Estatal).
PAGOS MÉDICOS Y CONTRATOS ANÓMALOS
La Universidad Autónoma de Nayarit debe comprobar 431 millones 540 mil 256.96 pesos, de los cuales 1 millón 403 mil 641.16 pesos son por no presentar la documentación que acreditara que los pagos realizados se destinaron para prestación del servicio de atención médica del personal de la universidad.
Un millón 102 mil pesos más son por no presentar la documentación que acreditara el cumplimiento del objeto del contrato número CA-105-22, “Contratación de servicios para los procesos de las direcciones de la universidad”, pagado con los recursos de los Subsidios Federales, y 1 millón 249 mil 983.63 pesos con las que se cubrieron percepciones de 112 docentes, adscritos en dos centros de trabajo denominados “Instituto Mártires 20 de febrero S” y “Centro de Desarrollo Infantil”, los cuales están destinados para otorgar servicios de educación básica.
Asimismo, los auditores detectaron el destino de 22 millones 954 mil 124.37 pesos a recargos moratorios por el pago de las cuotas obrero patronales correspondientes al periodo de octubre y diciembre de 2017, así como para el concepto de cuotas obrero patronales de octubre de 2017, indebidamente usados con el fondo de 2022.
El requerimiento más alto es de 404 millones 830 mil 507.80 pesos al no acreditar, con documentación justificativa y comprobatoria, la aplicación de los recursos federales transferidos a 12 cuentas bancarias a nombre de la universidad.
PERSONAL SIN PERFIL, EN UANL
La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene requerimientos de comprobación por 199 millones 874 mil 892.15 pesos.
Porque, dice el dictamen individual, los auditores verificaron que no se remitió la documentación de la entrega de los medicamentos adquiridos mediante el contrato abierto número UANL-DGA-DA-022/08/2022, según los plazos y las condiciones contractuales suscritas, no acredita el uso de 85 millones 422 mil 560.60 pesos.
Por pagos a personal que no cumplió con los requisitos establecidos en el perfil de puestos, ya que dos docentes no acreditaron el grado académico requerido para el puesto, le demandan 879 mil 32.06 pesos, y 2 millones 669 mil 554.67 pesos por pagar a 83 trabajadores después de la fecha de baja por defunción con las Participaciones Federales (coparticipación estatal).
Otro millón 657 mil 992.77 pesos también corresponden a emisiones de pagos para 105 empleados después de la fecha de baja por defunción; 303 mil 135.56 pesos por pagos a cinco más después de la fecha de baja definitiva de la dependencia y a seis durante el periodo de licencia sin goce de sueldo. Aunado a esto, 589 mil 303.45 pesos fueron erogados en 13 trabajadores después de la fecha de baja definitiva de la dependencia, a 11 durante mientras tenían licencia sin goce de sueldo y a cinco cuando desempeñaban un cargo de elección popular.
El mayor monto observado es 107 millones 446 mil 495.04 pesos por realizar pagos en los conceptos de apoyos a equipos deportivos profesionales o semiprofesionales, clasificados en el capítulo del gasto 3000 Servicios Generales en la partida 38205, Espectáculos eventos culturales, deportivos y sociales, y en el capítulo del gasto 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, respectivamente, los cuales no cumplieron con los objetivos de anexo de ejecución.
De igual forma, 906 mil 818 pesos son por no presentar los comprobantes fiscales de los pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
EXCEDEN SUELDOS EN UAS
De los 128 millones 382 mil 420.28 pesos que la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene por comprobar, 33 millones 104 mil 188.38 pesos se deben porque con la revisión de 54 expedientes de adquisiciones la ASF constató que no presentó evidencia que acreditara la entrega de bienes adquiridos por concepto de logos de aluminio, productos cárnicos, artículos de limpieza, equipo de cómputo, artículos de tlapalería, pintura, esmalte, sobres y etiquetas para titulación.
Dos millones 629 mil 610.24 pesos son por pagos improcedentes a 65 trabajadores durante comisiones sindicales y licencias sin goce de sueldo, así como por pagos efectuados a trabajadores después de la baja por defunción; otros 5 millones 52 mil 590.34 pesos también por remuneraciones que no debían proceder para el mismo número de personas, ya que estaban en comisiones sindicales y licencias sin goce de sueldo.
No fueron los únicos casos, porque el ente fiscalizador detectó pagos a 25 trabajadores que excedieron los sueldos autorizados por 296 mil 609.78 pesos, más 702 mil 514.90 pesos también por excedentes al mismo número de empleados, y 1 millón 141 mil 469.61 pesos por no reintegrar los recursos no ejercidos y los rendimientos financieros no comprometidos del Fondo de Aportaciones Múltiples.
La observación más alta fue de 67 millones 127 mil 118.44 pesos, igualmente por no reintegrar recursos y rendimientos financieros no comprometidos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, más 18 millones 118 mil 291.59 pesos por cubrir recargos y actualizaciones de seguridad social de ejercicios fiscales anteriores.
EN CHIAPAS, PAGOS A COMISIONADOS
En pagos que excedieron la plantilla de personal modificada en 350 trabajadores; personal que contó con licencia de comisión sindical sin la autorización correspondiente; pagos posteriores a la baja y pagos de licencias sin goce de sueldo, así como trabajadores eventuales que no contaron con el total de los contratos de prestación de servicios del total del periodo laborado, la Universidad Autónoma de Chiapas empleó 65 millones 930 mil 423.67 pesos.
Estos son parte de 102 millones 430 mil 710.18 pesos que debe justificar.
Las otras inconsistencias son 3 millones 499 mil 474.44 pesos por pagos a trabajadores que no contaron con los oficios de autorización de las licencias sindicales; por pagos posteriores a quienes habían causado baja definitiva y pagos a empleados que contaron con licencia sin goce de sueldo, más 33 mil 64.38 pesos pagados a un trabajador del que la escuela no presentó la documentación que acredite su permanencia y haber devengado los sueldos pagados.
De igual forma, 1 millón 321 mil 470.92 pesos son por remunerar a 18 personas que no contaron con el total de los contratos del periodo laborado, y 1 millón 841 mil 174.72 pesos por salarios para tres trabajadores que no acreditaron el perfil académico requerido.
Las irregularidades incluyen 390 mil 923.70 pesos por falta de evidencia que acredite el reintegro de recursos a la cuenta concentradora del programa presupuestario U006 2022, derivado de la cancelación de 54 pagos a los trabajadores.
Las demás observaciones giran en torno a remuneraciones a personal, por lo que la ASF también demanda 2 millones 847 mil 764.93 pesos por la falta de los comprobantes fiscales digitales por internet de remuneraciones para personal; 203 mil 266.56 pesos por falta de aplicación de penas convencionales tras el incumplimiento en la entrega de los bienes del contrato número UNACH/DS/DAS/080/2022, “adquisición de equipos, instrumentos científicos y de laboratorio”, otorgado a Químicos Mexicanos del Sureste, S.A De C.V, y 2 millones 220 mil 420.24 pesos por destinar recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales para el pago de actualizaciones e intereses derivado del pago extemporáneo de las cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
PAGOS SIN JUSTIFICAR, LA CONSTANTE
Las remuneraciones excedentes o sin acreditar son las observaciones más recurrentes en la revisión que hizo la auditoría al fondo.
Por ejemplo, los 26 millones 861 mil 93.63 pesos exigidos a la Universidad Autónoma de Chihuahua son por pagos improcedentes a 393 trabajadores de 35 categorías de plaza que no forman parte de la plantilla aprobada.
“No se autorizaron por el máximo órgano de gobierno colegiado de la Universidad Autónoma de Chihuahua ni se establecieron en los contratos colectivos respectivos, con lo que se solventa parcialmente lo observado”, indicó la ASF.
Las plazas autorizadas van desde 98 secretarias, hasta 55 auxiliares administrativos, al igual que dos reporteros, un capturista, nueve cajeros, un pintor, dos jardineros, entre otros.
Igualmente, de los 29 millones 794 mil 795.09 pesos que el ente federal requiere a la Universidad Autónoma del Carmen, 443 mil 5.99 pesos son por no presentar evidencia de la adscripción, colaboración y asistencia durante el ejercicio fiscal 2022 de tres trabajadores. Por este mismo concepto, la ASF reclamó otros 736 mil 919.88 pesos.
Asimismo, un “trabajador” que no contó con contrato que ampare la relación laboral, recibió 532 mil 584.94 y 235 mil 16.20 pesos, que le fueron transferidos.
Además, 320 mil 166.12 pesos y 179 mil 833.80 pesos son por contar con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
Pero los montos más altos son 18,745,647.76 pesos por no reintegrar a la TESOFE recursos del Subsidio Federal, 4,824,925.32 pesos por realizar pagos no autorizados en el capítulo 7000, “inversiones financieras y otras provisiones”, y 3,776,695.08 pesos por no comprobar gastos de los capítulos 3000 “Servicios generales” y 2000 “Materiales y suministros”.
La Universidad de Sonora, de 23 millones 983 mil 646.79 pesos observados, 769 mil 170.04 pesos corresponden a remuneraciones para nueve personas registradas en la base de nómina que no fueron reportados como adscritos a ninguno de los centros de trabajo validados “y, por lo tanto, no se presentó la documentación que acredite su permanencia”, dice la ASF.
En el mismo sentido, a nombre de tres trabajadores reportados como fallecidos en el Registro Nacional de Población se emitieron pagos por 21 mil 920.18 pesos, y 814 mil 364.92 pesos fueron empleados en remuneraciones a dos trabajadores que no contaron con la documentación respecto al perfil académico bajo el cual fueron contratados.
El monto que, señala la auditoría, debe ser reintegrado a la Tesorería de la Federación de no ser aclarado, incluye 110 mil 51.46 pesos por penas convencionales no aplicadas con relación al contrato C003-LA-926011996-E7-2022 “Material de papelería y Suministro de Limpieza”, y nuevamente por casos relacionados con pagos: 7 millones 461 mil 476.03 pesos destinados para dos trabajadores después de que causaron baja definitiva y erogaciones para 286 trabajadores que tenían licencia sin goce de sueldo, más 14 millones 806 mil 664.16 pesos por realizar el pago de remuneraciones al personal que excedieron el tabulador autorizado.
El ente federal también auditó a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, que tiene 5 millones 443 mil 118 pesos pendientes por aclarar: 460 mil 222.67 pesos son por pagos a 15 trabajadores después de la fecha de baja definitiva por defunción.
La observación era por 19 empleados fallecidos; sin embargo, durante la auditoría la institución proporcionó el cálculo de los finiquitos, los cheques póliza de los pagos realizados, los recibos firmados y los convenios de pago de gastos de defunción, de cuatro beneficiarios, que implicaban transacciones por 112 mil 221.82 pesos. En los 15 restantes, indicó el ente federal, la observación subsiste.
Asimismo, reclamó 4 millones 325 mil 742.08 pesos por recursos no pagados al 31 de marzo de 2023 y por no reintegrar los rendimientos financieros no comprometidos a la Tesorería de la Federación.
A su vez, la Universidad Autónoma de Campeche dispuso de 571 mil 187.62 pesos para seis trabajadores que no cumplieron con el perfil académico necesario para ocupar el puesto, se trata de un director administrativo, dos jefes de departamento administrativo y tres subdirectores administrativos, cuyas cédulas profesionales no están identificadas en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, o no corresponden a los cargos que ocupan.
Las tres universidades restantes con observaciones son la Autónoma de Tlaxcala, con 4 millones 122 mil 543.16 pesos por no acreditar el destino y la aplicación en los objetivos del programa; la Autónoma de Yucatán, con 916 mil 989.12 pesos por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite el ejercicio de los recursos, y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con 10 millones 49 mil 527.59 pesos por pagos a trabajadores durante el periodo de su licencia sin goce de sueldo y por realizar 156 pagos a 27 trabajadores reportados por la Secretaría de Salud como defunciones.
@axelchl
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