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Chapingo: 205 millones por aclarar en la cuenta pública de 2022. Fotos: Especial.
EMEEQUIS.– Tres universidades públicas tienen observaciones por 305 millones de pesos por irregularidades que van desde el pago a personal comisionado sindicalmente, dado de baja o con licencia sin goce de sueldo, hasta obras pagadas, pero no ejecutadas, de infraestructura educativa.
Lo anterior consta en tres inspecciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), parte del tercer informe de la cuenta pública 2022.
SIN RASTRO DE VIAJES Y ASESORÍAS FISCALES
Una auditoría a la Gestión Financiera de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) identificada con el número 388, arrojó irregularidades por 205 millones 515 mil 720.22 pesos.
Del monto total, 45 millones 262 mil 588.10 pesos son por no justificar los pagos a los beneficiarios de tres contratos, núms. UACh087/S/AD/2022, UACh-086/S/AD/2022 y UACh-139/S/LPN/2022. La ASF asegura que la casa de estudios no presentó la documentación que acreditara la prestación de los servicios.
Del primer contrato, la ASF refiere que la institución educativa no contó con la propuesta técnico-económica del proveedor, por lo que no existió ningún documento en el que se incluyera la descripción de los procedimientos administrativos para el arrendamiento de autobuses, ni acreditó la prestación del servicio por parte de Enlaces Terrestres Turmar, S. de R.L. de C.V.
“No comprobó la existencia de documentación que mostrara la relación de los viajes, los destinos, las fechas de realización y la determinación del costo de cada viaje realizado”, afirmó, además de indicar que la universidad tampoco acreditó contar con los formatos de “inspección de la unidad” y “seguimiento al servicio” que debió elaborar el Departamento de Vehículos Oficiales, previstos en la cláusula cuarta “lugar y forma para prestación del servicio”, por lo que el gasto por 5 millones 780 mil 700 pesos no se justificó.
El siguiente contrato, núm. UACh-086/S/AD/2022, consistía en la “actualización y alimentación a la base de datos para disposición fiscal vigente de nómina versión 4.0 (datos del personal académico, administrativo y mandos medios y superiores de la UACh) para la emisión de nómina y el timbrado respectivo, atendiendo a las nuevas disposiciones del SAT”.
En este caso, dice el dictamen del ente de fiscalización, la universidad no contó con la descripción pormenorizada de los servicios que recibiría, ni proporcionó la propuesta económica del proveedor; tampoco acreditó la prestación del servicio, que cargó al erario con un costo de un millón 632 mil 800 pesos.
En tanto, el contrato núm. UACh139/S/LPN/2022, por el cual dispuso de 37 millones 849 mil 100 pesos, la ASF no comprobó que el servicio proporcionado por Vale Total, S.A. de C.V., tres mil 78 monederos electrónicos para el personal administrativo, se haya realizado.
Otra observación por 13 millones 408 mil 586.75 pesos se debe al pago de 36 trabajadores de los que no se justificó el gasto, porque sus perfiles de puesto no fueron autorizados por las instancias competentes.
Asimismo, la Autónoma de Chapingo transfirió 8 millones 701 mil 534.45 pesos a empleados que ocuparon 30 plazas adicionales a las autorizadas en el Analítico de Plazas y Remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, y 2 millones 681 mil 600.54 pesos a 14 prestadores de servicios contratados por honorarios, con cargo a la partida 21101 “Honorarios”, no prevista en el presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además, no proporcionó los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de cuatro colaboradores.
Igualmente, 61 millones 923 mil 632.52 pesos son reclamados por pagos en exceso del Impuesto sobre la Renta y de las cuotas de seguridad social.
CONSTRUCCIONES IRREGULARES
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fue auditada por la “Habilitación y Equipamiento del Módulo ‘A’, y Construcción del Módulo ‘B’ y del Nuevo Edificio ‘S’, de la Unidad Iztapalapa”, obras en las que sumó 93 millones 837 mil 593.06 pesos por aclarar.
Por diferencias de volúmenes entre lo estimado y pagado contra lo realmente ejecutado, la ASF reclama 9 millones 224 mil 385.75 pesos, más 187 mil 650.01 pesos por no aplicar a la contratista penas convencionales por el incumplimiento de los programas de trabajo en el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado núm. I1-51-02-21-1-3, que compete a la «Habilitación y equipamiento del módulo “A” del edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad Iztapalapa (primera etapa)».
La mayor observación asciende a 83 millones 502 mil 328.60 pesos por la falta de amortización de los anticipos otorgados, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación o reintegro, debido a la rescisión de los contratos de obras núms. I1-73-01-20-1-3 e I1-66-01-20-1-3 en el Edificio “S” y el Módulo “B”.
En este caso, por la falta de amortización de anticipos de la «Construcción del nuevo edificio “S” en la Unidad Iztapalapa», y la «Habilitación y equipamiento del Módulo “B” del edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad Iztapalapa».
La UAM igualmente pagó trabajos de los que falta evidencia que no se ejecutaron, entre éstos “Suministro e instalación de complemento a filtro sanitario por contingencia…” y “Trabajos preventivos en el año 2022, de carga y descarga para retiro, traslado, y resguardo…”, que se facturaron en 923 mil 228.70 pesos.
PAGOS A TRABAJADORES CON LICENCIAS Y SIN PERFIL
En la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la auditoría detectó que se realizaron pagos a personal después de la fecha de su baja, y también durante el tiempo en que disfrutaron una licencia sin goce de sueldo.
También halló pagos durante el tiempo en que desempeñaron una comisión sindical, y para trabajadores que no cubrieron el perfil de puesto ni registró asistencia.
Además, la UPN remuneró por prestaciones fuera de nómina que no se establecieron en los acuerdos sindicales y entregó vales de despensa a cuatro trabajadores con nivel de mando, sin que debieran hacerlo.
Tampoco vigiló el cumplimiento de los términos previstos en los anexos técnicos de seis contratos; no justificó la excepción a la licitación pública de un procedimiento y no verificó la veracidad de las opiniones de cumplimiento de las obligaciones fiscales proporcionadas por tres proveedores.
Por todo lo anterior, demanda la comprobación de 5 millones 714 mil 591.04 pesos.
@axelchl
