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Castigos selectivos: 94% de sanciones a funcionarios, de mandos medios para abajo

La barredora no empieza desde arriba. Los órganos de control de las dependencias dejan ir a los “peces gordos”. El 94.11% de las 713 sanciones impuestas entre enero de 2019 y junio de 2023 por los mecanismos internos del gobierno han sido aplicadas de mando medios hacia abajo. SEGUNDA DE DOS PARTES.

9 / 11 / 23

EMEEQUIS.– Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió “barrer la corrupción como las escaleras, de arriba para abajo”, lo cierto es que los órganos de control de las dependencias a cargo del Poder Ejecutivo se han concentrado en los peldaños más bajos.

De acuerdo con un análisis de datos de más de 5 mil reportes de los órganos de control interno de 95 dependencias del Poder Ejecutivo en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el 94.11% de las 713 sanciones impuestas entre enero de 2019 y junio de 2023 por los mecanismos internos del gobierno han sido aplicadas de mando medios hacia abajo. 

Sólo 42 (5.98%) casos corresponden a niveles superiores: directivos generales de organismos federales, miembros de staff ejecutivo en dependencias federales o empresas paraestatales, coordinadores de divisiones federales; gerentes, directivos, delegados federales en los estados.

En la mayoría de los casos se trata de personal operativo, directores y coordinadores de área, directivos de unidades administrativas, empleados de ventanilla, secretarias, docentes, médicos, ayudantes generales. 

El grueso de las sanciones han consistido en 436 inhabilitaciones y 81 suspensiones, pero la mayoría (29.97%) no alcanza el año. Este tipo de recursos disciplinarios van de 1 día a 20 años, que es el tope de sanciones temporales. Sólo 13 funcionarios han alcanzado la penalización máxima, 9 de ellos relacionados con casos como Odebrecht, el saqueo conocido como “la estafa maestra”; con otro sonado asunto de contratación de eventos de la Agencia Espacial Mexicana, ocurrido en 2016; y con uno más de saqueadores del Banco del Bienestar, pero cuando se llamaba Bansefi.

Es preciso aclarar que el 22.19% de los reportes de inhabilitaciones y suspensiones no precisan la temporalidad de los castigos. 

INHABILITADOS Y SUSPENDIDOS

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La mayoría de las sanciones han consistido en inhabilitaciones y suspensiones. En total,  se registraron 414 inhabilitaciones: 343 no se acompañaron de sanciones adicionales; en 45 casos incluyeron destituciones; y 22, además destitución merecieron sanciones económicas. En 12 de los expedientes de inhabilitación no hubo destitución, pero sí sanción económica. Y en dos casos más se acompañó de amonestación pública uno, y privada el otro.

En cuanto a las suspensiones, sumaron 81, y sólo en un caso mereció una amonestación adicional.

Inhabilitaciones y suspensiones suman 495 de las 713 sanciones a servidores públicos durante el actual sexenio y constituyen el 69.13% del total de las medidas disciplinarias aplicadas.

Del total de suspensiones e inhabilitaciones, 37 (7.47%) se establecieron entre 1 y 21 días; 149 (30.1%), de 1 a 10 meses; 67 (13.53%) de 1 a 5 años; 96 (19.39%), 10 años; 23 (4.64%), de 11 a 15 años; 13 (2.62%), 20 años; y 110 (22.22%) de los reportes no precisaron la temporalidad de la sanción. 

Pero además se registraron otro tipo de sanciones. Sin detallar las características, 52 expedientes refirieron correctivos “administrativos”; 47 aplicaron amonestaciones públicas; 42, amonestaciones privadas; hubo un caso que mereció reprimenda privada y pública; en 30 casos hubo rescisión contractual, cese o destitución directos, si otra sanción adicional. Además, 34 casos se acompañaron de sanciones económicas.

EXTREMOS

De los sancionados de mayor nivel está, desde luego, el exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin y su excolaboradores más próximos, pero estos ya a nivel de staff. 

Por ejemplo, el excoordinador de asesores de la dirección de Pemex Exploración y Producción (PEP), Javier Hinojosa Puebla, recibió una inhabilitación también de 10 años.

También José Israel Torres Gutierrez, exdirector general de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Desarrollo social (Sedeso), ahora Bienestar, fue castigado con 10 años de inhabilitación y 373 millones de pesos de sanción económica, por su implicación e n el escándalo conocido como “estafa maestra”.

En cuanto jerarquía, continúan después el exdirector de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), Francisco Javier Mendieta y, a su vez, sus principales excolaboradores.

Enseguida, el coordinador de la delegación en Puebla de la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez, David Edgardo Huerta Ruiz, por infracciones mucho menos candentes: le aplicaron tres meses de inhabilitación por no presentar su declaración patrimonial.

Luego, en 2020 el organismo interno de control (OIC) del ISSSTE concretó un pendiente de urgente resolución: el ajusticiamiento de un exdelegado de esa dependencia en Nayarit, Antonio Sandoval Pazos, que mereció inhabilitación, sin que se precisara la temporalidad, por “nepotismo”.

Ya sobre un caso de este sexenio, Marcos Daniel Trujano Thomé, exgerente estatal en Durango de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), fue disciplinado con destitución e inhabilitación  por 10 años por conflicto de interés.

También ya por asuntos de 2021, Alberto Javier Rhodes Hernández, director de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), fue inhabilitado por tres meses por negligencia administrativa.

Pero sobre todo la burocracia menuda ha sido castigada: residentes, enfermeras, secretarias, auxiliares, tropa..

José Manuel Martínez Ara, ayudante de albañil adscrito a Fonatur Infraestructura, fue sancionado en 2020 por “deficiencias en el ejercicio de sus funciones”. Fue ajusticiado con tres meses de inhabilitación para ocupar cargos o empleos en la administración pública.

Por un caso de “abusos de sus funciones” de 2017, el conserje de la Autoridad Educativa de la Ciudad de México, Delfín Villanueva Hernández, fue inhabilitado en 2022 por 10 años.

Daniel Galicia Cruz, chofer de servicios generales de Canal 11, en 2021 fue inhabilitado por tres meses por no presentar la modificación de su declaración patrimonial.

El capturista de Profeco, Bonifacinho Gabriel Ante Hernández, recibió castigo semejante por “negligencia administrativa”.

En el caso de la Guardia Nacional, reserva el nombre de los infractores. Pero consigan los hechos. Por ejemplo, a un miembro de tropa lo inhabilitaron 10 años porque, “al encontrarse comisionado en Tijuana,  Baja California, en compañía de su compañera, ingresó a un local comercial y se llevaron 7 máquinas tragamonedas sin justificación alguna lo que implicó abuso de sus funciones”.

@estedavid

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