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Sobre los niños con armas: “Es responsabilidad del Estado”, advierte experto

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia señala como responsable directo al Estado por los niños armados de Ayahualtempa. “En el marco legal mexicano, ellos son los responsables de garantizar la seguridad de los habitantes de la región, sin embargo, esto no ha ocurrido”.

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EMEEQUIS.– Con un rifle en la mano, casi del tamaño de su cuerpo, y una playera verde militar que no corresponde a su complexión, 15 niños y 5 niñas menores de 18 años forman parte de la Policía Comunitaria de Ayahualtempa, Guerrero. Experto señala que la situación “es responsabilidad directa del Estado..

Entre los jóvenes que se cubren el rostro con paliacates, bufandas y gorras, también se encuentra Eutelio, quien tomó las armas y se unió a la policía comunitaria de su pueblo para buscar a su familia, en entrevista para Telemundo, el menor se dirige a la policía de su estado y menciona: “Que hagan su trabajo, de buscarlos porque hasta el momento no sabemos nada”.

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, en entrevista con EMEEQUIS señala como responsable directo al Estado. El experto explica que ni el gobierno de Guerrero ni el gobierno Federal, han sido capaces de proporcionar seguridad a sus ciudadanos:

“Es una responsabilidad directa del Estado. En el marco legal mexicano, ellos son los responsables de garantizar la seguridad de los habitantes de la región, sin embargo, esto no ha ocurrido”, y “La complicidad corrupta de funcionarios y la violencia armada generalizada perpetúan el reclutamiento forzado de niñas y niños en todo el país”. 

AYAHUALTEMPA, GUERRERO, 24ENERO2024.- Un grupo de 20 menores de edad, 15 niños y 5 niñas, fueron presentados en asamblea en la localidad de Ayahualtempa. FOTO. DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM

La infiltración de la violencia del crimen organizado no solo se refleja en Ayahualtempa, sino también en otras localidades donde los menores de edad son los más vulnerables.  Tan solo el pasado 29 de enero, se registró la quema de un taxi a plena luz del día. De acuerdo con medios locales, el conductor fue bajado del vehículo para ser golpeado y posteriormente incendiar la unidad.

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Un día antes, la Fiscalía General del Estado notificó que se inició  una investigación por el presunto ataque con proyectiles de fuego a 8 personas en la zona de Chilpancingo.

El mismo día, habitantes de la comunidad de Coacoyulillo, denunciaron la irrupción de hombres armados en su pueblo. Los lugareños expresaron que se incendiaron vehículos, casas y  golpearon a personas.  Ante esto, cuando solicitaron apoyo al ejército, este se las negó  argumentando que los habitantes no quieren al ejército en sus tierras.

Este es el marco de violencia que ha obligado a las comunidades a crear sus propias policías comunitarias, mismas que presentan por tercera vez la integración de menores a su cuerpo de seguridad. La primer presentación ocurrió el 22 de enero del 2020 cuando  supuestamente se integraron 19 menores, tras el asesinato de 10 intergrantes de la comunidad. Después en el 2021  se presentaron a  15 menores, debido a la falta de medicamentos y doctores   y ahora en 2024 se presentan 20 nuevos integrantes tras el secuestro de 4 integrantes de una familia.

LOS 20 NUEVOS INTEGRANTES

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores (CRAC) presentó a los nuevos integrantes el pasado miércoles 24 de enero, como un llamado de atención para que la policía de Guerrero extienda sus labores y localice a los integrantes de su comunidad, quienes se presume fueron secuestrados por el grupo delictivo “Los Ardillos”.

José Teodoro, Cecilia, así como sus hijos Roberto y Domingo fueron privados de la libertad en Zacatepec el pasado 19 de enero mientras cuidaban a su ganado.  

Tras la toma de protesta en la que los menores realizaron el pase de lista y se unieron oficialmente a la policía comunitaria con la idea de proteger a su pueblo, el secretario general del gobierno, Ludwing Marcial Reynoso, señaló que esa no era la forma correcta. El gobierno del estado no estaba de acuerdo y anunció que se presentarían las denuncias correspondientes contra quienes armaron a los menores de edad.

FGR INVESTIGARÁ A QUIENES ARMARON A LOS JÓVENES

Sin embargo, no todo es violencia, en Chilpancingo, el mismo día que las autodefensas fueron presentadas la alcaldesas de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, festejó su cumpleaños con una “fiesta sorpresa” en la que se ordenó la suspensión de labores de varios servidores públicos. El festejo estuvo acompañado de mariachis, flores y pastel en honor a la morenista.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) anunció el inicio de una investigación penal por el delito de corrupción de menores, luego de recibir información sobre lo ocurrido en la comunidad de Ayahualtempa.

“La Fiscalía General del estado de Guerrero inició una carpeta de  investigación por el delito de corrupción de personas menores de edad, ante el conocimiento de la comunidad de Ayahualtempa ”.

El comunicado también agrega: “con el fin de velar por el interés superior de la niñez, establecido en el artículo cuarto, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Fiscalía inició las investigaciones correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables, a fin de garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los menores, como tambien lo establece la Declaración de los Derechos del Niño”.

Juan Martín Pérez Garcia.

Por su parte, Juan Martín Pérez expresa que si bien la CRAC fue quien presentó a los menores, el gobierno guerrerense tiene mayor responsabilidad en lo ocurrido “en vez de combatir el crimen terminan aliados con él”.

“Es muy grave que un alto funcionario del Estado de Guerrero anuncie denuncias penales contra las comunidades indígenas, porque pretenden evadir su responsabilidad legal de garantizar la seguridad de la población, además de distraer la exigencia para responder sobre los incumplimientos ante las comunidades indígenas y especialmente para evitar que se investiguen las denuncias de los vínculos entre funcionarias y funcionarios públicos locales con los grupos criminales”.

ES MÁS CERCANO A UN PERFORMANCE

El experto explica que de acuerdo con los registros que ellos mantienen, esta acción es muy similar a un “performance”, que tiene la intención de atraer a los medios de comunicación y a las autoridades correspondientes, con la intención de que los habitantes secuestrados sean localizados. Aunque agrega: “Aun comprendiendo la desesperación de los pueblos indígenas, no se puede justificar el uso de niñez la reclutada”

Juan Martín también señala que los pueblos indígenas “cuidan mucho a sus niños”,  y que estos pequeños no confrontarán a grupos delictivos, sin embargo, si corren algunos riesgos al ser expuestos de esta manera. En primer lugar, señala que los menores se encuentran sometidos a “altos niveles de estrés”.

Además, pese a estar cubiertos con paliacates y gorras “podrían ser identificados por grupos criminales, quienes los convertirían en un punto de ataque” para atemorizar a la comunidad y mantener el control.

Añade que ya hay antecedentes de organismos internacionales que le han solicitado a México mayor atención y protección para sus infancias. En el caso específico de Guerrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2020 mantuvo comunicación con México y en ese momento Alejandro Encinas, quien encabezaba la delegación como subsecretario de Derechos Humanos, se comprometió a tipificar el delito de reclutamiento forzado y a crear una estrategia nacional contra la violencia armada que vive la niñez mexicana, especialmente en Guerrero.

Siendo 2024, ninguna de estas acciones se ha cumplido, relata Juan Martin Pérez, quien ha creado una petición en la plataforma Chage.org para promover la tipificación del reclutamiento forzado: https://www.change.org/ninezlibredeguerra

DE 30 MIL A 40 MIL JÓVENES RECLUTADOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO

Para Juan Martín, es motivo de preocupación la presencia de menores de edad en las policías comunitarias. No obstante, destaca que en México existe un problema aún más grave: el reclutamiento de jóvenes y adolescentes por parte del crimen organizado. Añade que, según cifras conservadoras, se estima que entre 30 mil y 40 mil menores terminan sirviendo para cárteles.

@marrome259

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