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EMEEQUIS.– Durante 2023, los casos de jóvenes o menores de edad víctimas de algún delito no cesaron y en muchos de estos casos la respuesta gubernamental ha incluido mensajes con sesgos revictimizantes tanto para la víctima como para sus familias, lo cual alertan especialistas, no es nuevo y más allá de un caso aislado se trata de una estrategia gubernamental.
En entrevista con EMEEQUIS, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, explica el por qué de esta estrategia de comunicación del gobierno.
“Claramente esta es una estrategia de comunicación del Estado Mexicano y esto alcanza, no solamente a presidencia sino a los gobiernos estatales y a todos los presidentes municipales, eso ya es una política de estado en las que hay tres expresiones puntuales”, explica.
Partiendo de este punto, el especialista señala tres expresiones específicas:
Responsabilizar a las víctimas de los hechos.
Filtrar información para generar esta sospecha.
Fortalecer la narrativa desde lo que en sociología se llama necropolítica, es decir, “la decisión del poder de quién vive y quién muere y al mismo tiempo, quién merece morir”.
Por ello, la filtración de información y expresión de opiniones desde altos rangos de poder, tal como ocurrió en el caso de María Ángela, menor que estuvo unos días desaparecida después de estar en el paradero de Indios Verdes en la Ciudad de México, o en casos de desaparición masiva u homicidios, como los jóvenes de Lagos de Moreno en Jalisco, o los de Celaya y Salvatierra en Guanajuato.
Sin embargo, Juan Martín Pérez destaca que no se trata de una estrategia nueva pues al menos durante los últimos tres sexenios las víctimas han sido constantemente juzgadas y sus crímenes justificados.
“Cuando Felipe Calderón emprende la guerra contra el crimen organizado, en el paquete incluido de la militarización se usa una estrategia de comunicación de guerra, claro, puesto que en las guerras se construye también una narrativa donde se habla de víctimas colaterales y que los adversarios ‘merecen morir’, y lo más grave de todo esto es que en la necropolítica, como se ve en México desde hace 16 o 17 años, el éxito se mide en el número de muertes y no cualquier muerte, es decir, hay más éxito si los muertos son presuntamente criminales y hay menos muertos inocentes.
“Lo vimos en la masacre de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, hubo un hecho muy impactante que fue que la mamá de uno de los jóvenes revictimizados confronta a Calderón y eso lo persiguió durante todo su gobierno, posteriormente Peña Nieto se encargó de mantenerlo; con Andrés Manuel se ha llevado a niveles insospechados, o sea, nadie podía imaginar el nivel tan cínico que hay ahora y por ello regreso a esta necesidad de que lo veamos como algo aislado”, subraya.
Hasta la fecha, Morena sigue reclamando que Felipe Calderón llamara “pandilleros” a lo jóvenes de Villas de Salvárcar, y ahora AMLO también revictimiza.
“SON ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR PRESIÓN PÚBLICA”
Otro ejemplo con el que se puede visibilizar la estrategia necropolítica del gobierno es la del nuevo censo de desaparecidos, explica Juan Martín, pues se han utilizado “categorías ofensivas” en las que las víctimas de desaparición son retiradas de los nuevos registros y por lo tanto, dice, se suma a la estrategia de reducir la presión pública y política ante la crisis.
“La narrativa es de negar la ley y modificar conceptos y usar otros que no son legales como “ausencia voluntaria” en el caso de menores, es quitar la humanidad a las víctimas y eximir al Estado obviamente. La ley prohíbe revictimizar y la ley también establece la obligación del Estado de evitar la impunidad, o sea, garantizar acceso a la verdad y la justicia”, subraya.
Virginia Garay, fundadora del colectivo de búsqueda Guerreras Nayarit y miembro honorífico del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, una de las firmantes de los más recientes comunicados que rechazan el Censo de personas desaparecidas que reduce a 12 mil 377 el número de personas desaparecidas registradas, señala que el nombramiento de la nueva comisionada de búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes fue uno de los parteaguas para la agudización de la crisis.
“Teresa Guadalupe Reyes, no conoce la ley de víctimas, no nos ha dado información, no sabe de búsqueda. Ha sido una imposición, esto. Y ya lo veíamos venir con la renuncia de Karla Quintana y lo confirmamos con la reducción de desaparecidos en el Censo; yo no sé en qué estados han censado porque por ejemplo en mi estado a ninguna de las víctimas que conozco nos han censado, no transparentan la metodología y solamente nos dicen que está bien”, explica.
¿CÓMO IMPACTA LA REVICTIMIZACIÓN EN LA OPINIÓN PÚBLICA?
Los discursos gubernamentales de todos los niveles son replicados constantemente y por tanto, inciden en la sociedad y en su percepción de los casos que ocurren a diario, explica Juan Martín pero abunda en un problema sistemático: la comprensión lectora y la lectura para diferenciar opinión de información o datos.
“De manera reciente la prueba PISA de 2022 nos alertó de que en el caso de México como en la región tenemos un alto grado en problemas de lectura y hago alusión a ello porque uno de los elementos básicos de este problema de lectura que la prueba documenta es que las personas no logran diferenciar información de opinión y esto es la base para poder construir pensamientos críticos. Si tú no puedes, sin importar tu nivel académico, diferenciar una información de la opinión de otras fuentes de información o fuentes de de texto no vas a poder distinguir y en consecuencia reaccionarás de la forma esperada.
“Esto es parte de una estrategia de comunicación, que reitero, lo hacen todos los partidos políticos y por ejemplo en redes sociales cuentan con granjas de bots que toman tendencias y desinforman o generan odio y opiniones desfavorables a los derechos humanos. Insistiría en que todas las personas cuando hablamos del derecho a la información, es un derecho humano que permite construir opinión propia y por eso el Estado mexicano está obligado a la rendición de cuentas y tener una comunicación institucional y oficial que no violente la ley y la Constitución”, finaliza.
@FridaMendoza_
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@emeequis
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