EMEEQUIS.– Roger Alberto Ramón Sánchez, Ricardo Sánchez Montejo y Eugenio Córdova Ramírez son tres empleados que participaron en las manifestaciones de obreros de la Refinería Dos Bocas en octubre pasado y a quienes les imputaron –de manera infundada– delitos que los mantienen privados de su libertad.
Se les acusa de portación de arma de fuego y resistencia de particulares a los dos primeros, y a Córdova Ramírez solamente por el último delito. Están detenidos desde entonces sin visos de solución.
El 8 de enero de 2019 el presidente de la República afirmó que “no podemos permitir que la protesta social sea condenada, que se fabriquen delitos, ni que se utilice ninguna institución del Estado para acusar a opositores, dirigentes sociales, ambientalistas, indígenas y mujeres”.
Sin embargo, en palabras de la diputada morenista Susana Prieto Terrazas, los tres trabajadores de Dos Bocas que fueron detenidos en los disturbios del año pasado “deben ser considerados presos políticos”, ya que fueron encarcelados con la intención de disuadir a los demás obreros de protestar por mejores condiciones de trabajo ante la empresa ICA Fluor.
El tema de presos políticos es recurrente en el discurso de López Obrador. El 23 de agosto de 2021 afirmó que en su gobierno “podrán haber políticos presos, pero no presos políticos”.
La también abogada laboralista Prieto Terrazas cuenta a EMEEQUIS que tuvo una plática con el secretario de Gobernación, Adán López Hernández, en la que le expuso que estas tres personas deben considerarse como “presos políticos”, ya que fueron encarcelados sin motivo real “para mantener sosegados al resto de trabajadores de Dos Bocas, para que no vuelvan a ejercitar ninguna acción para exigir el pago de su tiempo extraordinario, las prestaciones como son y el pago de los salarios justos”.
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Susana Prieto es conocida por brindar asesoría legal a obreros de la industria maquiladora, realizar demandas colectivas y acompañar a trabajadores para manifestarse contra la violación a sus derechos laborales. Adquirió fama internacional en 2015 con la defensa de empleados de Lexmark, empresa ubicada Ciudad Juárez. Ella misma fue considerada “presa política” de los gobiernos de Tamaulipas y Chihuahua, pero recuperó su libertad en julio de 2020.
LAS PROTESTAS
Ese 13 de octubre de 2021, cientos de trabajadores llevaron a cabo manifestaciones para exigir que se cumplieran las condiciones de trabajo para llevar a cabo las operaciones en Dos Bocas: pago completo de sus salarios, tiempos extra, equipo de seguridad y acceso al comedor, entre otras. No era la primera vez que se manifestaban por las mismas razones, desde el mes de febrero de 2021 ya se había dejado constancia de las inconformidades que existían en cuanto a los trabajos que se estaban realizado en la obra.
La negativa de los trabajadores para realizar sus labores provocó que interviniera la policía estatal y municipal, aunque se reportó que también la Marina y la Guardia Nacional habían intervenido, esto fue negado por estas instituciones.
El 15 de octubre, después de las protestas, la secretaria Rocío Nahle realizó un recorrido por la Refinería Dos Bocas acompañada por elementos de Guardia Nacional y de la Marina. Foto: Carlos Canabal / Cuartoscuro.com.
ROCÍO NAHLE… ¿AL RESCATE?
El enfrentamiento de los trabajadores con la policía, incluyó gases lacrimógenos y golpes, incluso hubo lesionados por parte de los obreros. Pocos días después, el 15 de octubre la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, llegó a las instalaciones de la refinería escoltada por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina, con el objeto de supervisar los trabajos y establecer comunicación con Pemex y la empresa ICA Fluor al respecto de lo sucedido en la refriega de los días anteriores.
“La intervención tan agresiva de la secretaria de Energía, de llegar montada arriba de un jeep de la Guardia Nacional, ingresando a las instalaciones de Dos Bocas, sirvió sólo para aplacar esto (las quejas contra las condiciones de trabajo)”, comenta la diputada Susana Prieto
Rocío Nahle aseguró que las personas que habían participado en los disturbios no eran trabajadores de la empresa ICA Fluor que se encarga de los trabajos en la refinería, sin embargo, los detenidos “sí eran trabajadores de la empresa y fueron acusados de delitos que la autoridad no ha podido comprobar, en el caso de la posesión de arma de fuego aún no encuentran el arma”, explica la diputada Prieto, quien el 26 de octubre del año pasado propuso un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que se libere a estas tres personas. Sin resultado hasta el momento.
El punto de acuerdo presentado por la diputada Prieto refiere que a los trabajadores se les obliga a pertenecer al sindicato de Ricardo Hernández Daza (dirigente de la CTM en Tabasco), “ lo que es violatorio de sus derechos, además de las violaciones de diversas disposiciones laborales que son consideradas por los trabajadores como explotación laboral”, consigna la legisladora. El exhorto contenido en el punto de acuerdo para que los trabajadores detenidos sean liberados y sus trabajos les sean devueltos, aún no se cumple.
En su mañanera del 14 de octubre, el presidente de la República minimizó el conflicto, argumentando que la situación era un pleito entre los sindicatos de la CTM y la CATEM, que luchaban por el contrato colectivo de trabajo, aunque la confederación de Pedro Haces se apuró a desmentir a López Obrador el mismo día, asegurando que: “Nosotros no estamos metidos en la construcción de Dos Bocas, ni estaremos”, según expresó el líder sindical.
La refinería que se construye en Dos Bocas, que llevará el nombre de Olmeca, es una de las obras prioritarias del presidente. Su utilidad ha sido discutida desde el inicio de los trabajos. Su costo, de acuerdo con las proyecciones de los especialistas de Bloomberg, será de 12 mil quinientos millones de dólares y no de los 8 mil millones estimados por el presidente al inicio de su edificación.
@salamillab