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EMEEQUIS.– El título en Derecho recién salido del fiscal Ulises Lara, el presunto plagio en la tesis de Yasmín Esquivel y la especialización de la ministra Lenia Batres son sólo algunas de las noticias que han polemizado el ámbito de la abogacía en el país. Sin embargo, estos podrían ser solamente la punta del iceberg en la búsqueda de mejor justicia en México y están estrechamente vinculados con la enseñanza y la profesionalización de esta carrera, advierten especialistas.
En entrevista con EMEEQUIS, Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM especializado en temas relativos al ejercicio de la abogacía, la enseñanza del Derecho y la ética jurídica, explica las razones por las que habría que ir hasta el fondo, más allá de casos icónicos.
ULISES LARA, EL TÍTULO EXPRÉS Y LAS MILES DE ESCUELAS DE DERECHO
El 9 de enero -un día después- de que no fuera aprobada la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, la fiscal saliente anunció que quien la supliría sería Ulises Lara López, quien fungía como vocero de la dependencia capitalina.
Inmediatamente, las búsquedas periodísticas para conocer el perfil completo y trayectoria de Lara inició y una primera búsqueda arrojó que el nuevo titular de la Fiscalía no contaba con la licenciatura en Derecho. Sin embargo, para el 10 de enero el resultado era distinto y el Registro Nacional de Profesionistas mostraba la cédula número 13908423 expedida en 2024 que mostraba que Lara López estaba titulado como abogado.
De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México, uno de los requisitos para ser fiscal capitalino es contar con título profesional de la licenciatura en Derecho y tener una experiencia mínima de cinco años, por lo que a pesar de tener un título expedido, al ser de 2024, Ulises Lara López no cuenta con ningún año de experiencia.
Sin embargo, en su favor se argumenta que solamente es el “encargado de despacho”.
Además, los comentarios y la investigación para conocer la ruta de la titulación exprés en Derecho no se hicieron esperar puesto que la institución en la que obtuvo la licenciatura era poco conocida: Centro Universitario Cúspide, la cual de acuerdo con publicaciones periodísticas, estaría vinculada a personajes cercanos al nuevo fiscal.
Juan Jesús Garza Onofre explica a EMEEQUIS por qué el problema no es nuevo: según sus propias investigaciones, en México existen más de 2 mil escuelas de Derecho y cada semana se abren dos nuevas escuelas aproximadamente.
En su libro “No estudies Derecho” editado por Taurus en 2023, Garza Onofre presenta una serie de comparativos que dimensionan la magnitud de escuelas de Derecho que existen en México:
“Para hacernos una mejor idea de estos números, cabe revisar países como España y Argentina en donde hay menos escuelas de Derecho que en todo el Estado de México. O bien el caso de Puebla, que tiene más facultades que todo Canadá, o la Ciudad de México, donde es más fácil toparse con una de estas instituciones de enseñanza jurídica antes que en todo el territorio colombiano, el singular caso de Veracruz, en donde hay casi la misma cantidad de facultades de Derecho que en Alemania…”, describe.
UN PROBLEMA QUE EL ESTADO NO ATIENDE
“La proliferación de las escuelas de Derecho podría resumirse en una frase: hay mucho mercado pero poca profesión. De todos modos hay que tener ojo con los datos pues si bien hay más de 2 mil escuelas de derecho, la mayor parte de los egresados vienen de las universidades públicas.
“Yasmín Esquivel es de una universidad pública, y de la más grande en todo México y Latinoamérica, que es la UNAM. Entonces parecería que en las universidades públicas también existe una falta de eso de seriedad, de regulación, de saber quiénes son los egresados y cómo consiguen la cédula profesional con la que pueden ejercer la profesión, entonces estamos en el peor de los mundos, lo menciono en el libro la paradoja es esa, el Derecho es la profesión que aspira regular la vida social no está en absoluto regulada”, subraya.
¿Más abogados mejor justicia? El entrevistado no lo cree así. Foto: Cuartoscuro.com.
En ese tenor, Garza Onofre destaca que no existe un registro confiable de cuántas personas realmente ejercen la profesión en activo y la preocupación en el desconocimiento de los campos de especialización, por lo que esto sería una burbuja detrás de casos mediáticos.
“En efecto, ésto no es algo excepcional, ésto no es algo que solo compete a la UNAM o algo que solo es un problema de las mal llamadas universidades patito, en absoluto. Ésto es algo sistemático a todo el gremio jurídico y en ese sentido no se va a solucionar ni cerrando las escuelas privadas, tampoco se va a solucionar quitándole el título a los involucrados, en absoluto.
“Ésto es un problema sistemático donde parecería que nadie quiere hacerse cargo del mismo. En ese sentido, creo que se podrán dar avances, podrán haber sanciones pero habría que entrarle a la discusión de cómo egresan los abogados en México, quiénes son y cómo ejercen su trabajo. Hay propuestas como colegiación o certificación y se habla de modelos internacionales, no tengo una respuesta pero lo que sí me queda claro es que esto se va a seguir agravando al punto de no saber quién es abogado y quién no”, explica.
JUAN JESÚS GARZA ONOFRE
“MÁS ABOGADOS NO SIGNIFICAN MEJOR JUSTICIA”
Sin embargo, no existe una correlación de que un país con más abogados sea más justo o tenga una mayor cultura de legalidad, subraya el abogado investigador de la UNAM, puesto que, en la actualidad, muchas de las personas que se enfrentan a injusticias o arbitrariedades cuando violentan sus derechos humanos no pueden costear en muchas ocasiones representación legal.
“Al final del día, si lo que queremos es una mejor profesión, necesariamente tenemos que entender que en este país la justicia no funciona bajo el principio de igualdad ante la ley, sino que quien tenga los mejores abogados, pero no los mejores abogados en tema de conocimiento, habilidades, argumentaciones o de ética sino que tenemos una idea de que el mejor abogado es aquel que conoce a más personas y que tiene contactos y que tiene amiguismos y que tiene relaciones públicas, eso me produce profundamente dañino y tóxico para una persona que cuyos ingresos nunca van a poder pagarse uno de estos abogados.
“En ese sentido, si queremos realmente mejorar la justicia, si queremos tener mejores condiciones en la misma indispensablemente tenemos que hacer una reflexión por el tema de las Defensorías Públicas por el tema de quiénes son los abogados de oficio, quienes son los abogados que defienden propiamente a las personas que no tienen recursos, porque si no esto es lo que pasa: los pobres, van a seguir llenando las cárceles mientras los políticos sigan ampliando los catálogos de prisión preventivo oficiosa, que me parece un total despropósito. Al final del día aquellos políticos, empresarios, delincuentes de cuello blanco tienen la posibilidad de interponer defensas y dilatar juicios porque sus abogados conocen el sistema”, finaliza.
@FridaMendoza_
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