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Esconde reforma administrativa de AMLO nubarrones para la inversión y economía: expertos

El paquete de reformas a 23 leyes administrativas concede amplios poderes al Estado para modificar e incluso cancelar contratos o concesiones, incluso sin indemnizaciones para las empresas involucradas, con el simple argumento de que son de “interés público”, según comentan especialistas consultados

Por Emequis
4 / 21 / 23

Por Maricarmen Gutiérrez Romero y Miguel Ángel Teposteco Rodríguez

EMEEQUIS. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un paquete de reformas a 23 leyes que modificarían las reglas del juego con las empresas, generando lagunas y hasta riesgos para los organismos autónomos que dependen del dinero público. 

Se consultó a expertos sobre estos posibles daños que ya avanzan por el Poder Legislativo, donde la Cuarta Transformación y sus aliados la esperan. 

Según la firma de abogados Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, S.C., el Ejecutivo busca “fortalecer la rectoría de la economía por el Estado y el margen de actuación de las dependencias de la Administración Pública Federal”.  

Esta intervención podría penetrar en los servicios públicos y las obras de infraestructura, “dotando al Gobierno Federal de facultades más amplias y con más discrecionalidad”, lo que también afectaría la certeza jurídica para futuras inversiones en México. 

La firma de abogados Holland & Knight explica que estas reformas se dividen en tres apartados: 

 “(a) reversión de actos de corrupción; (b) prevención de actos lesivos al interés público o que puedan causar daños al erario y (c) fortalecimiento de la Administración Pública Federal”. 

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Según la firma, esto otorgaría los siguientes poderes al Estado:

? Facilidad para anular actos administrativos, como registros y renovaciones, que se determinen ilegales o derivados de actos de corrupción

?Se podrán revocar concesiones, permisos, autorizaciones o licencias si la autoridad considera que hay hechos que afecten el “interés público, general o social” o que se cause un “desequilibrio económico, social, ambiental o de cualquier índole”

?La autoridad competente podrá establecer nuevas condiciones en las concesiones, permisos, autorizaciones o licencias “con motivo de hechos o actos supervenientes y, en caso de incumplimiento de dichas nuevas condiciones, revocar las concesiones, permisos, autorizaciones o licencias”

?Se incluirá la “cláusula exorbitante” en todos los contratos de adquisiciones y obras públicas para “estipular que dichos contratos podrán terminar anticipadamente por causa de interés público”

?Se limitará el monto de las indemnizaciones que el Estado “deba pagar como consecuencia de condenas en procedimientos jurisdiccionales o arbitrales” en México con el extranjero

? Se creará un régimen “de excepción de cumplimiento de leyes y reglamentos para proyectos de infraestructura prioritarios”

? Asimismo, se facultará al Ejecutivo federal para “asignar (incluyendo en materia de vías general de comunicación) — directamente y de manera indefinida — a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes de dominio público” por causas de utilidad e interés público, interés general, social “o de seguridad nacional”. 

Un ejemplo de los sectores más afectados por estas reformas será el de la industria de la ingeniería civil. Una fuente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) detalló para EMEEQUIS que la “cláusula exorbitante”, que de aprobarse deberá agregarse en los contratos con el Estado mexicano, será especialmente perjudicial porque facultará al gobierno para terminar unilateralmente y anticipadamente con contratos por causa de “interés público”. 

La fuente señala que esto contraviene la dinámica de mercado de la industria, donde los retrasos de obra y la elevación de precios de construcción pueden darse por factores ajenos a la empresa contratada por el Estado. 

Esto es particularmente grave ya que, según información de la página Statista, la industria de la construcción es elemento clave en la economía de México pues este sector atrae “una gran cantidad de inversión pública y privada”, lo que generó 464 mil 157 empleos en 2022 y contribuyó en 2021 con aproximadamente el 6.8% del producto interno bruto (PIB) mexicano. 

REFORMA PODRÍA DEJAR DAÑOS IRREPARABLES: EXPERTO

El científico organizacional y Profesor Asociado de Administración Pública del Colegio de México, Fernando Nieto, explica en entrevista para EMEEQUIS que “nada nos asegura de que esto vaya a ser o vaya a obrar en el mejor interés de todos, incluyendo al sector privado”. 

Considera que la propuesta tiene cosas positivas, como “renovar la rectoría del Estado en ese ámbito” y dotarlo de “herramientas y cancha de maniobra que le permitan gestionar contratos para asegurar que se cumplen objetivos sociales importantes”, pero “como la mandó el Ejecutivo, tiene una serie de puntos que tendrían que preocuparnos”. 

Para Nieto, en el contexto mexicano, es difícil mantener “confianza administrativa” en las decisiones que el Estado puede tomar. La reforma obliga a confiar en que las “instituciones públicas van a hacer su trabajo”. Lo cual permitiría echar a andar proyectos antes de que se liberaran los permisos, “eso me parece un riesgo enorme”.

Recalca que la reforma no fue acompañada de cambios que permitan la mejora de las instituciones y aseguren “que habrá condiciones de transparencia” o “toda un entramado institucional” que dé a conocer dónde va a quedar “hasta el último peso” de contratos públicos. 

Asimismo, las reformas generarán “un caldo de cultivo para atropellos, decisiones que no se justifican” ya que “se puede abrir la llave para eliminar organismos descentralizados que no le gustan a este gobierno, por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción”. 

Así se perdería aún más autonomía: “Hay un montón de organismos que están en la parte paraestatal de la administración pública federal que podrían eliminarse”. 

REFORMAS CAUSAN INCERTIDUMBRE EN INVERSIONISTAS 

 Claus von Wobeser, presidente de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje y del capítulo mexicano de la International Chamber of Commerce (ICC, Cámara Internacional de Comercio), tiene una perspectiva amplia y a nivel internacional de los peligros que presenta esta reforma:

“Obviamente afecta a los que ya invirtieron porque lo que se pretende es cambiar todo el régimen de derecho administrativo mexicano, prácticamente es darle una facultad bastante amplia al Ejecutivo Federal de dar por terminado permisos, concesiones, cualquier acto administrativo”, comenta en entrevista para EMEEQUIS

Explica que en caso de que se diera una concesión, un permiso, un contrato de obra, un contrato de adquisición de bienes “es amplísima la reforma: permitiría o pretende limitar la indemnización que podría cobrar la parte afectada en caso de ser un inversionista extranjero”.

Al limitarse el monto a pagar, “viola definitivamente los acuerdos de protección a la inversión y también los tratados de libre comercio que tiene celebrados México con la gran mayoría de los países del mundo y ciertamente de nuestros negocios comerciales más importantes”. 

También saldría afectado el T-MEC, generando no sólo una controversia entre las empresas de los tres países involucradas con el gobierno, “sino también la reforma en sí podría ser una disputa en el tratado en la medida en que se está cambiando todo el régimen regulatorio que estaba vigente cuando se cerró el acuerdo”. 

Incluso algunos socios de la Cámara Internacional de Comercio le han expresado su preocupación por estas acciones gubernamentales:

“Definitivamente, hemos estado en contacto con muchas de las empresas socias del comité nacional, de la sección mexicana, pero también estamos en contacto constante con otros comités nacionales de otros países, estamos en más de 130 países del mundo”. 

La sede de la ICC está en París y “coordina a todos los comités nacionales del mundo, también nos señala la preocupación porque claramente creemos que los temas de corrupción se pueden resolver con el marco normativo actual”. 

De aprobarse, las reformas afectarán la confianza de los inversionistas, debido al constante cambio de normativas jurídicas: “Esto claramente afecta la certeza jurídica que es una de las cosas que buscan todos los inversionistas (extranjeros): buscan un país estable, con un sistema jurídico estable, con un sistema democrático”. 

Señala que este sistema da facultades discrecionales que obtendría el Ejecutivo da “la posibilidad de cambiar atribuciones que tiene una secretaría o un organismo descentralizado”. 

Pone como ejemplo el Banco de México: “Que es importantísimo para la estabilidad económica de México y ha demostrado ser independiente actuando con mucha certeza y prudencia”. Técnicamente la iniciativa de reforma establecería que se puede cambiar una actividad de un organismo descentralizado a una secretaría, “la pueden llevar a la Secretaría de Hacienda, con lo cual perdería la autonomía”.

Sin embargo, el sector empresarial ha estado abierto al diálogo con el gobierno federal: “Lo manifestamos abiertamente y estamos siempre en contacto, dispuestos a dar nuestras opiniones y nuestro punto de vista para lograr un clima favorable para la inversión”.

AMBIGÜEDAD, SELLO DE LA PROPUESTA DE REFORMAS

Para Mariana Merino, licenciada en Ciencias Políticas y Administración por la UNAM y que ha trabajado en organismos autónomos como el INE, la iniciativa propuesta por el presidente pretende abordar dos puntos clave dentro de la actual administración: modificar la Ley Federal de Austeridad y darle mayor fuerza a la administración pública federal centralizada.

En este sentido, advierte la necesidad del Estado de ser concretos en las leyes: “Hay términos que resultan ambiguos dentro de las de las propias leyes, y ya cuando están en el momento de la aplicación, resulta que nadie sabe a lo que se refieren”.

Merino comenta que si bien “puede llegar a ser” que el sector privado salga afectado con las nuevas reformas, también se advierten “actos de mala fe” cometidos por las empresas. “El Estado puede terminar esa relación jurídica de manera anticipada y unilateral”. 

Aunque por encima de todo, está la ambigüedad de los deseos presidenciales: “El mayor problema que podría tener este decreto de reforma es definir qué es el interés público, qué es el interés general o cuál va a ser el interés social”. 

Un vacío que podría erosionar todavía más la ya de por sí gastada relación entre el Estado lopezobradorista y la inversión de la iniciativa privada, nacional y extranjera, fundamental para el desarrollo económico y democrático del país. 

 @emeequis

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