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La propuesta es ir a un esquema de sustituciones paulatinas. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– El realismo político suele tener algo de resignación y derrota. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acudieron a San Lázaro para argumentar sobre la inconveniencia de la reforma que está en puerta y, si acaso, para tratar de atenuar, o posponer, sus efectos nocivos.
Ante la soberbia de los líderes parlamentarios de Morena, que en todo momento recordaban su estatus de fuerza dominante y pronto hegemónica, los integrantes del Pleno de la SCJN, en su mayoría, ofrecieron razones y explicaron hasta donde alcanzaban los pocos minutos que les concedieron.
Como el presidente López Obrador ya decidió que tiene que haber elección popular de ministros, magistrados y jueces, se optó por tratar de colocar el argumento de la gradualidad en el procedimiento. Es decir, no derrumbar los cimientos del Poder Judicial de un solo golpe, sino hacerlo pieza por pieza.
La propuesta es ir a un esquema de sustituciones paulatinas, para que con el tiempo la conformación en los tribunales ya provenga de quienes hayan obtenido el respaldo, primero de la fuerza política dominante, porque ellos y el presidente o presidenta de la República elaborarán los listados, y después por la votación popular.
Una especie de quimioterapia que ya sabemos en qué concluirá, pero que refleja una mínima esperanza para que se pueda rectificar en algún momento el error, más que evidente, que está por cometerse.
Hay quien dice que la Reforma Judicial reduciría facultades del Poder Ejecutivo, pero esto no se sostiene, porque las potenciaría, como nunca en la historia. Para empezar, intervendría en el Tribunal Electoral, al participar en el listado de los magistrados elegibles, algo que ahora le está vedado, pero, además, tendría la posibilidad de definir a cada uno de los jueces a lo largo del país.
Los jefes de las bancadas mayoritarias se auto celebraban por la realización de Foros que saben que no conducirán a cambio alguno a menos que desde Palacio Nacional den la instrucción.
Convendría que atendieran, quienes ahora cuentan con las llaves para reformar la Constitución, a lo que señaló, hace apenas unas semanas la senadora Beatriz Paredes, al recordar que el priismo, cuando tuvo números y fuerza similar, nunca acudió a esa argumentación, la de una mayoría aplastante, para negar el debate y, mucho menos, para no abrirse a posibilidades distintas y al cambio de opinión.
Curioso, porque fue esa voluntad reformista la que hizo posible que gobiernen los que ahora lo hacen, pero que pretenden cancelar esas veredas para perpetuarse en el poder.
Hay que destacar la entereza de los integrantes de la Corte, que encabezados por Norma Piña, siguen dando la batalla. Han sido ellos, en gran medida, los que lograron contener las pulsiones autoritarias a lo largo de los últimos años.
Convergieron con algunos de los postulados opositores, porque a estos les asistía la razón, y no por componendas como las que inventa el exministro Arturo Zaldívar, todo un ejemplo de rencores personales que activan venganzas colectivas.
Al escuchar a los ministros era imposible no advertir sentimientos encontrados, porque la gran mayoría de legisladores saben que tienen razón, pero al mismo tiempo no harán nada para revelarse ante una reforma que atenta contra los intereses del pueblo que pregonan defender.
Los jueces tienen la obligación de sujetarse a la defensa de la ley, inclusive cuando esto puede representar ir contra los deseos e intereses de las mayorías.
Como señaló Rubén Moreira, el líder del PRI en la Cámara de Diputados, “se trata de que los jueces sean los más preparados, no los más populares.”
Por eso la forma de designarlos, hasta ahora, privilegia el mérito, el esfuerzo personal en el estudio y en el trabajo, ganando concursos para acceder en un esquema que premia la constancia y el conocimiento.
Los ministros provienen muchas veces de una larga carrera judicial, pero todos, con la única excepción de Lenia Batres, de la legitimidad que les otorga el respaldo presidencial y el de una mayoría calificada en el Senado.
@jandradej
