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Murillo Karam, la hoguera que sí ardió en Cocula

Todas las investigaciones sobre Ayotzinapa tienen un eje común respecto al hecho delictivo más relevante: policías municipales secuestraron a los normalistas, para entregarlos a sicarios de los Guerreros Unidos, quienes los ultimaron. Murillo Karam defiende su verdad histórica.

Por Emequis
8 / 25 / 22

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Jesús Murillo Karam se encuentra en una situación peculiar, extraña. Está donde no había estado ningún procurador general de la República: sujeto a proceso y en el banquillo de los acusados por desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. 

Por eso tiene sentido su insistencia en mantenerse firme sobre lo que averiguó de los sucesos en Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el umbral de pasar años en la cárcel, insiste en su verdad, la histórica.  

“Nadie ha podido desmentir la primera investigación de la PGR”, le dijo al juez y tiene razón. También recordó que fue él quien invitó a participar al Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes estuvieron en Cocula y el Río San Juan y que después de ello se dedicaron a sabotear las indagatorias.  

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Es más, hasta ahora hay cinco investigaciones al respecto de la noche de Iguala, las que realizó el propio Murillo Karam y respaldaron los dos siguientes titulares de la PGR, la que se empezó a trabajar de inmediato en la Fiscalía del Estado de Guerrero, la del GIEI, que en buena medida manifiesta dudas y líneas pendientes;  la de la CNDH, una de las más exhaustivas, realizada cuando el ombudsman era Luis Raúl González Pérez, y que derivó en la Recomendación  15 VG/ 2018, y la de la propia Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que se presentó la semana pasada en Palacio Nacional. 

Todas tienen un eje común respecto al hecho delictivo más relevante: policías municipales secuestraron a los normalistas, para entregarlos a sicarios de los Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y se deshicieron de los cuerpos.  

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Hasta el informe presentado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien no le da importancia a la participación del alcalde José Luis Abarca y del jefe de la policía municipal, los demás estudios sí los colocan como actores relevantes. 

Las diferencias radican en el desenlace, en si hubo una hoguera en el basurero de Cocula y en cuántas autoridades adicionales pueden estar implicadas.

Sobre Cocula hay que recordar que la PGR y el GIEI, como tenían visiones distintas, decidieron que lo mejor era pedir un peritaje de un tercero en discordia y por ello se auxiliaron del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego. En el reporte que entregaron en abril de 2016, y firmado por sus seis miembros, se concluyó que al menos 17 personas habían sido quemadas en el basurero, aunque sin poder precisar identidad alguna, por los obstáculos ya conocidos y entre ellos que los restos óseos encontrados estaban calcinados.  

Ricardo Damián Torres, uno de los especialistas, señaló: “se puede concluir que existe evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones”. 

A los del GIEI no hubo forma de moverlos de lo que ya tenían decidido y por eso las confusiones persistieron. Pero existió fuego y grande en Cocula, otra cosa es saber lo que ocurrió tras las llamas.  

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Las discrepancias, que aún se sostienen, son las que tienen que ver con la participación del Ejército por acción o por omisión y lo que esto implicó en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Para los uniformados, desde la perspectiva de la Comisión de la Verdad, no hay salida. Los intentarán castigar, como a los coheteros, porque truena o no truena la pólvora.  

EL DESASTRE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

Hay mucha gente en las cárceles. En junio de 2022 se reportó que, de los 226 mil 916 reclusos, 92 mil 595 se encontraban sin sentencia. Es el resultado del abuso de la prisión preventiva oficiosa y de las reformas a la Constitución en 2019. 

Sí, al arranque del gobierno, el presidente López Obrador quiso aumentar el catálogo de delitos que ameritan cárcel durante el proceso y ahí están los resultados.  

Pero no lo hizo solo, lo respaldó la oposición, con excepción de Movimiento Ciudadano.  

Un error que ahora intenta reparar el ministro Luis María Aguilar, aunque no será fácil que logre los ocho votos que requiere en el Pleno de la Suprema Corte, porque desde Palacio Nacional ya establecieron que matizar el uso de la prisión preventiva oficiosa es corrupto, aunque el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sostenga otra cosa. 

@jandradej

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Emequis



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