SOBRE EL AUTOR
El viernes pasado se publicó en el Diario de la Federación la norma que impone a las compañías de alimentos en conserva el nuevo etiquetado de refrescos y alimentos chatarra. Días antes, en una carta abierta dirigida a López Obrador, la Canacintra había solicitado que no se publicara la NOM-051, “ante la emergencia actual, de impacto económico y social aún desconocido”. Como las organizaciones empresariales no se dan por vencidas en esta batalla, por la gran envergadura de los intereses en juego, seguramente seguirán ejerciendo el chantaje, de modo que la salud pública todavía no puede cantar victoria. Desde que el COVID-19 acaparó la atención de los medios, la suspensión del nuevo etiquetado quedó excluida del debate político. Pero hay un estrecho vínculo entre ambos problemas, porque la obesidad es una de las principales causas de diabetes, una enfermedad que pone en peligro de muerte a los infectados por el nuevo virus. Lejos de ser un motivo válido para cancelar el nuevo etiquetado, la “situación de emergencia” invocada por la Canacintra exige aplicarlo de inmediato.
La industria de la comida chatarra es muy poderosa y en anteriores administraciones logró impedir, mediante el soborno de autoridades o el tráfico de influencias, que las etiquetas de refrescos y golosinas indicaran claramente su nociva cantidad de azúcares, grasas saturadas, ácidos grasos, y otros venenos lentos que ceban sin misericordia a la niñez mexicana. Quienes hemos criticado la megalomanía y la prédica religiosa de López Obrador, debemos reconocer que, en este caso, la conducta de su gobierno ha sido impecable, tan impecable que le valió el reconocimiento de la UNICEF y la FAO. He aquí un ejemplo claro en el que la honestidad del presidente y sus colaboradores marca una diferencia importante con respecto a los gobiernos de Calderón y Peña.
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Las camionetas y tráileres que transportan grandes cargamentos de fritangas y pastelillos suelen llevar en la parte trasera una leyenda con las iniciales E.S.R.: “Empresa Socialmente Responsable”. Las nuevas etiquetas no son un golpe artero a la iniciativa privada: son una medida necesaria para obligarla a cumplir lo que pregona. Cualquier gobierno socialdemócrata les daría el mismo trato en otras partes del mundo, de modo que en este caso no se vale invocar las fobias populistas de la 4T.
¿Cuantos enfermos de coronavirus morirán en los hospitales por culpa de la diabetes que contrajeron atiborrándose de Doritos, Twinky Wonders y Churrumais? Durante décadas, sus productores tuvieron una patente de corso para enriquecerse a costa de la obesidad endémica. Si ahora deben invertir una millonada para ponerle a una pringosa bolsa de papas la leyenda: “Exceso de grasas saturadas”, nadie se conmoverá con sus lloriqueos. Es el costo que deben pagar por exceso de cinismo tan prolongado.
Pero en su torneo de esgrima con el poder económico, el gobierno de López Obrador pegó un hit y cometió un error fatal en la misma semana. En medio de una recesión aguda que puede bastar por si sola para quitarle la mayoría en las cámaras el año próximo, la cancelación de la planta cervecera Constellation Brands, precedida por una consulta popular que según la constitución no tiene carácter vinculante ni representa la voluntad del pueblo de Mexicali (sólo votó el 3% de la población), agrava un clima de confrontación y desconfianza mutua que ahuyentará por completo las inversiones.
Nadie pone en duda que los dueños de la cervecera hayan obtenido los permisos para construir su planta mediante contubernios con el los gobierno federal y estatal en tiempos de Peña Nieto y Kiko Vega. Pero las sanciones de este tipo no se pueden aplicar discrecionalmente. Durante largo tiempo, cualquier empresa nacional o extranjera que aspirara a sentar sus reales en México debía entrar en componendas con la autoridad. Si el gobierno se pusiera a investigar cómo obtuvieron licencias y usos de suelo infinidad de compañías importantes, tendría que cerrar el noventa por ciento de la planta productiva.
Salinas Pliego, por ejemplo, obtuvo la concesión de su televisora en el sexenio de Salinas. En señal de gratitud, o en cumplimiento de un convenio previamente pactado, obsequió al hermano del presidente 25 millones de dólares que luego aparecieron en su cuenta bancaria de Suiza. El dueño de T.V Azteca y Elektra tiene garantizada la impunidad, pues ahora es uno de los empresarios consentidos de López Obrador. Si el gobierno, por un justificado pragmatismo, se abstiene de castigar a todos los empresarios sospechosos de complicidades turbias con anteriores gobiernos, tampoco debería cancelar la cervecera de Mexicali, que ya llevaba invertidos 900 millones de dólares. Por incongruencias y veleidades como ésta, el naufragio de la economía mexicana puede convertir en involución la transformación que pregona la propaganda oficial.
