SOBRE EL AUTOR
Juan Ortiz / Lupa Legislativa
EMEEQUIS .- A menos de un año de terminar su sexenio, la administración de López Obrador perfila un legado preocupante para el futuro de México: la erosión del estado de derecho mediante la concentración del poder, la intervención directa en procesos electorales y la fragmentación institucional bajo el pretexto de lealtad y austeridad.
Hablar de la erosión del estado de derecho y el gobierno de López Obrador es hablar de sinónimos. No ha sido una sorpresa, pues desde que fue Jefe de Gobierno, ha buscado saltarse las reglas para imponer su voluntad.
Una muestra clara es su guerra contra las instituciones. Como Presidente Electo en 2018, empezó esta cruzada con la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, colocando a titulares alineados a la agenda presidencial.
Basta recordar la comparecencia de Rosario Piedra, quien renunció a su responsabilidad, y en su lugar, se ha sumado a la propuesta para desaparecer a la CNDH y sustituirla con un órgano sumiso a la Presidencia.
Aquellas instituciones que no pudo controlar, como el Poder Judicial, ha intentado asfixiarlas. Bajo el liderazgo de Arturo Zaldívar, la Suprema Corte no fue blanco de ataques ni de críticas, pero con la Ministra Presidenta Norma Piña y decisiones contrarias a sus intereses, como la invalidación del Plan B o la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército, el Presidente acusó a la Corte de conservadora y pidió una reforma profunda.
El Instituto Nacional de Transparencia también ha sido objetivo. Gracias al INAI, se han descubierto casos de corrupción en este gobierno y anteriores: La Casa Blanca, Pemexgate, Segalmex o las irregularidades en contratos de megaproyectos.
Precisamente por este último caso, el Presidente clasificó todas las obras públicas como de seguridad nacional, limitando su transparencia. Sin embargo, la combinación de esfuerzos del INAI y la Corte logró revocar esta medida, demostrando la importancia de los contrapesos. Lamentablemente esto ha motivado el bloqueo de todo intento de nombrar a los tres comisionados faltantes del INAI
A esto se suma la fragmentación de las instituciones, que es otro daño significativo de este gobierno. La lealtad ciega ha prevalecido sobre la competencia técnica, y la falsa austeridad ha llevado a recortes severos en dependencias públicas, afectando proyectos importantes y aumentando la deuda pública. En 2024, enfrentaremos el mayor endeudamiento en tres décadas, dejando a México con instituciones debilitadas y recursos insuficientes.
Finalmente, en el ámbito electoral, el Presidente ha intentado influir reiteradamente desde el uso electoral de los programas sociales y mediante sus conferencias matutinas. Intervino en el proceso de revocación de mandato, en las elecciones intermedias y ahora en las presidenciales. Incluso fue sancionado por el tribunal electoral por esa razón. No siendo suficiente, planteó reformas electorales para intervenir bajo el pretexto de la libertad de expresión.
También nos enfrentamos a un arranque de campañas anticipadas, que en el caso de Morena, iniciaron después de las elecciones de 2021, con figuras clave del oficialismo en el Gobierno y Congreso enfocándose en asegurar un lugar en la boleta presidencial, descuidando sus responsabilidades actuales.
Lamentablemente el PAN, PRI y PRD se sumaron a esta tendencia, y las autoridades electorales no fueron capaces de ponerle fin a las campañas anticipadas. Esto marcará la política en los próximos años, pues quedó en evidencia la flexibilidad de las reglas electorales sin mayores consecuencias.
Este patrón, si no se controla, no solo debilita las instituciones democráticas fundamentales de México, sino que también compromete la integridad y la equidad de los procesos electorales, pilares esenciales de cualquier democracia saludable.
La manipulación de instituciones clave, la intervención en procesos electorales y la priorización de la lealtad por encima de la competencia técnica no son solo estrategias de gobierno; representan un ataque directo a la transición democrática y el estado de derecho.
Estas acciones, lejos de fortalecer a nuestro país, la dejan vulnerable a decisiones unilaterales y a la pérdida de la confianza ciudadana tanto en el gobierno como en sus instituciones.
La responsabilidad de salvaguardar nuestro estado de derecho no recae únicamente en los líderes electos o las instituciones, sino también en la sociedad.
La apatía y el desinterés son lujos que no podemos permitirnos. Es crucial que nos mantengamos informados, cuestionemos críticamente las acciones de nuestros representantes y participemos activamente en los procesos electorales y de gobernanza.
La educación y la conciencia sobre nuestros derechos y responsabilidades como ciudadanos son fundamentales para contrarrestar las tendencias autoritarias y garantizar que nuestras instituciones no solo sobrevivan, sino que también prosperen.
El llamado a la acción es claro: debemos comprometernos activamente en el proceso democrático. Esto incluye votar con conocimiento de causa, participar en debates públicos, exigir transparencia y rendición de cuentas, y no menos importante, informar a otros sobre la importancia de un estado de derecho funcional en México.
@Juan_OrtizMX
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